Cuba
- Rolando Cartaya
- Iván López
Amnistía Internacional: Díaz-Canel continúa represión en Cuba
La nueva constitución cubana termina limitando los derechos que pretende proteger, señaló en entrevista EXCLUSIVA para Radio Televisión Martí la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
El nombre de Erika Guevara Rosas es familiar y esperanzador para quienes en el continente americano intentan defender sus derechos y libertades frente a los abusos de Estados avasalladores y sus agentes.
Los medios suelen buscar el comentario de Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, cada vez que en esta mitad del mundo se suscitan noticias que hunden sus raíces en la situación de los derechos humanos en la región.
Y aunque los abusos en el área se extienden mucho más allá, y tienen orígenes más profundos que los hechos noticiosos y las crisis, la abogada mexicana accedió a hablar con Radio y Televisión Martí sobre varios puntos críticos del mapa hemisférico de los derechos humanos que han estado encendiendo las alarmas.
Cuba
Ustedes han reportado recientemente que entre las formas que tiene el gobierno cubano para silenciar a sus críticos está crearles causas comunes y acusarlos por ellas. ¿Qué evidencias han tenido a través de los años para llegar a esta conclusión?
Sin duda alguna el sistema represivo del gobierno cubano se ha tenido que ir transformando y modificando al paso de los años, por un lado, por el nivel de presión internacional que existe sobre Cuba a través de los mecanismos internacionales y regionales que le exigen al gobierno una rendición de cuentas ante sus obligaciones en materia de derechos humanos; pero por otro lado, y yo diría que es lo más importante, ya se ha generado una presión interna de personas que valientemente se constituyen como defensoras de los derechos humanos, periodistas críticos y alternativos que dan visibilidad a lo que ocurre en Cuba. Y eso ha forzado a las autoridades a ir transformando su red de represión de diferentes formas.
Y lo que nosotros hemos venido documentando en los últimos años es precisamente un cambio en las formas de criminalización contra los activistas defensores de los derechos humanos, pero también contra la población en general; y una son estas detenciones arbitrarias cortas que tienen la intencionalidad de persuadir a aquellas personas que de alguna forma están manifestando oposición a las políticas de Estado o simplemente están demandando el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Pero lo que hemos visto es que aquellas personas que ocupan un liderazgo particular, o inclusive espontáneo, en la defensa de derechos humanos se convierten en enemigos del Estado, y así son tratados por esta red de represión del gobierno, ahora liderado por el presidente Díaz-Canel. Y en muchos casos hemos podido documentar situaciones de criminalización, es decir, del uso indebido de la justicia para acusar a personas, además, de delitos que constituyen todavía parte de la ley cubana, como los de peligrosidad, cuestiones tan arcaicas y tan reflectivas de esta red de represión, que inclusive afectan a las personas en su habilidad de ejercer su derecho al trabajo, la educación etcétera, porque son estigmatizadas por esta criminalización, y en muchos casos terminan pasando un período importante de tiempo en prisión.
Ustedes han dado un gran apoyo a los artistas que están protestando por el Decreto-Ley 349, que prácticamente criminaliza la actividad artística libre. El señor Díaz-Canel es el responsable porque este decreto-ley se emite ya bajo su administración. Al mismo tiempo, se están tratando de introducir en un proyecto de nueva constitución algunos principios básicos de derechos humanos. Considerando que hay un cuerpo de leyes que criminalizan derechos como la libre expresión, ¿cómo ve laperspectiva de que Cuba se transforme en ese sentido?
Primero, hablar del decreto, que yo creo que es una señal en este mismo proceso de reforma constitucional.
Este Decreto 349, que ha sido publicado en la Gaceta Oficial de Cuba y entra en vigor en diciembre del 2018, efectivamente es uno de los primeros decretos firmados por Díaz-Canel en su rol de presidente de Cuba, y en virtud de él todas las personas con actividades artísticas ─colectivos artísticos, quienes se dedican a la música─ tienen que solicitar una probación del Ministerio de Cultura previa a cualquier actividad o acción relacionada con su actividad artística.
Entonces eso es un indicador de cómo sigue habiendo una esfera de represión que va desde las prácticas, porque nosotros hemos documentado en numerosas ocasiones el hostigamiento, las detenciones arbitrarias de artistas independientes en Cuba, y como esas prácticas hoy día se están formalizando en leyes, y en este caso a través del Decreto 349, que en nuestra opinión es una ley que criminaliza, censura, limita la libertad de expresión y que además intenta controlar la expresión artística para que siempre esté destinada a promover o a generar una propaganda de las propias políticas del gobierno.
Yo creo que es importante poner en contexto que este decreto constituye una forma de acoso y de persecución en contra de la expresión artística que, finalmente, constituye parte de las libertades de expresión en cualquier país.
Entonces, en este contexto no podemos dejar de ponerlo en relieve frente a este proceso de reforma constitucional que, en nuestras lecturas preliminares de las reformas propuestas, a primera vista pareciera que busca fortalecer protecciones en materia de derechos humanos. Pero que cuando uno ya empieza a mirar de manera más detallada y empieza a ver el lenguaje que se utiliza en términos de lo que se promueve proteger, encontramos que termina por un lado buscando la protección de derechos, pero por otro lado también limitarlos.
Y le voy a poner un ejemplo muy específico: por un lado la nueva constitución propone que los convenios internacionales ratificados por Cuba serán integrados en las leyes nacionales; y mientras Cuba todavía no ha ratificado una serie de convenciones importantísimas ─es cierto que sí ha ratificado convenciones como aquellas relacionadas con la violencia contra la mujer e inclusive otras para prevenir y responder a la tortura─ cuando uno lee bien el texto, y su naturaleza y espíritu, dice claramente, en la misma oración, cuando afirma que van a integrarlos a la ley local, que la constitución revisará que estas provisiones de las convenciones internacionales estén “domesticadas”, esto quiere decir, que estén en acuerdo a las provisiones de la ley nacional.
Quiere decir que tomarán en cuenta las convenciones pero tendrán que ser “tropicalizadas” en un contexto en que estén en línea con las propias leyes nacionales de Cuba. Y eso ya de por sí contraviene las obligaciones internacionales de Cuba, de que una vez que se ha ratificado un convenio, este tiene que ser parte integral de la legislación y en muchos casos es una legislación “supra”, lo que quiere decir que está por encima de las leyes locales.
Y así lo vamos leyendo en el texto: por un lado habla de protección de derechos, pero por otro lado, en la misma oración, termina limitando esos derechos y mantiene serias limitaciones a la libertad de expresión, uno de los derechos fundamentales que, además abre un proceso para la exigencia y el ejercicio de otros derechos fundamentales.
Recientemente, en la conclusión del Examen Periódico Universal de Cuba en Ginebra, su representante, Marianne Lilljenberg, reiteró el llamado a las autoridades cubanas a que permitan a Amnistía Internacional entrar en Cuba; y el Embajador de Cuba finalmente respondió: no le van a permitir hacerlo. ¿De qué manera cree que afecta la percepción internacional sobre Cuba esta negativa constante a permitir entrar a organizaciones internacionales e incluso a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas?
Primero, decir, que la respuesta del gobierno cubano ante las recomendaciones durante la Evaluación Periódica Universal es un indicador de la continuidad de esta nueva administración frente a todos los actos y políticas anteriores. Lamentablemente, no fue sorpresa escuchar en las palabras del embajador ante Naciones Unidas que Amnistía no es bienvenida en Cuba, siendo el único país en las Américas donde no tenemos acceso. Hemos pedido reiteradamente el acceso de la organización al país, para poder monitorear el pleno respeto de las obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos del gobierno, y nunca nos habían contestado. Así que finalmente hemos tenido una respuesta.
Pero, más importante que el acceso de Amnistía Internacional, nosotros hemos recomendado al gobierno en múltiples ocasiones, a través de las revisiones periódicas universales u otros mecanismos de Naciones Unidas o regionales, que se permita el ingreso de los monitores internacionales, es decir, de los expertos independientes, de los diferentes entes y procedimientos que existen a nivel internacional y a nivel regional precisamente para el monitoreo y la protección de derechos fundamentales. Y lamentablemente, el embajador ha dado asimismo respuesta y ha dicho que no aceptará esa recomendación. Yo creo que efectivamente esto constituye no sólo seguir marcando el aislamiento del país ante la comunidad internacional sino que también aísla a la población de la posibilidad de acceder a otros mecanismos regionales e internacionales para exigir del Estado la rendición de cuentas y, sobre todo, el pleno respeto a los derechos humanos. La imagen que deja Cuba es la imagen que siempre ha dejado ante estos mecanismos y estos espacios y foros internacionales, una imagen de cierre total, de hermetismo, y una imagen que inclusive uno podría calificar de encubrimiento de las violaciones de derechos humanos que puedan estar ocurriendo en el país.
México
El relator de la ONU dijo que había tortura generalizada en el país. ¿Ese sigue siendo el caso en México? ¿Se ha hecho algo para tratar de bajar esos niveles?
Efectivamente, sobre la tortura, que es una práctica generalizada en todo el país, con múltiples denuncias a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también de las comisiones estatales, denuncias que en muy pocos casos son investigadas por las autoridades, nosotros en Amnistía Internacional hemos hecho investigación en los últimos años.
El último informe que sacamos fue sobre la tortura sexual. Entrevistamos a cien mujeres que se encuentran encarceladas, y pudimos documentar casos de tortura en el momento de la detención. Estas mujeres están presas con la única evidencia de su testimonio, de su confesión, que fue sacada bajo tortura: tortura sexual, violencia sexual de muchos tipos, pero sobre todo violaciones que muchas veces son multitudinarias, hechas por agentes del Ejército o de la Policía Federal o estatal.
El propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recientemente ha publicado un informe donde se documentan casos de tortura a las personas que se encuentran acusadas y detenidas, donde se señala que esa tendencia a obtener testimonios y confesiones a través de la tortura se ha convertido en una práctica normalizada por las autoridades precisamente porque hay una total impunidad, no se investigan las denuncias, pero cuando se investigan, son nulos los casos en los que se ha traído a los perpetradores ente la Justicia.
Venezuela
Por último, sobre Venezuela: recientemente en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, cinco gobiernos latinoamericanos y Canadá pidieron al Tribunal Penal Internacional que inicie una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad del gobierno de Nicolás Maduro ¿Qué significado tiene esto y qué perspectivas le ve a que progrese esa petición?
Sin duda alguna Venezuela está enfrentando una gravísima crisis en materia de derechos humanos, las personas allí están enfrentando un contexto de masivas violaciones de derechos humanos en todo sentido: se violan desde los derechos políticos y civiles, con una serie de detenciones arbitrarias por motivos políticos, ya sean líderes de oposición, o también personas que se ven enfrentadas a la criminalización por simplemente oponerse a políticas de manera pública a través de redes sociales.
Pero también se están violentando los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población. Hay una crisis humanitaria, una crisis dramática de violaciones a estos derechos, por información inclusive oficial, de los últimos años, en donde se expone información con respecto a la salud que del 2015 al 2016 se habla de un aumento en la mortalidad materna del 65 %, y de la mortalidad infantil, de más de un 30 %. Estos ya son indicadores gravísimos de la situación.
Hemos visto las imágenes dramáticas del flujo masivo de personas saliendo de Venezuela en busca de protección internacional hacia países vecinos. Solo en Colombia ya se calcula que hay 1,2 millones de personas, desde Venezuela, en necesidad de protección internacional; y todos los demás países suramericanos donde están buscando esa protección, que hoy día llega según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados a 2,3 millones de personas en los últimos cuatro años, pero hay referencias de organizaciones locales de derechos humanos que hablan de más de cuatro millones de personas en los últimos cinco años. Estamos hablando de una de las mayores y más graves crisis de refugiados, y de graves y masivas violaciones de los derechos humanos.
Y por supuesto que la Corte Penal Internacional es un espacio que de alguna manera ofrece a la población, sobre todo la venezolana, la esperanza de que pueda haber investigaciones serias sobre estas violaciones a los derechos humanos y que se puedan encontrar responsabilidades penales individuales de los líderes, incluido el presidente Maduro, frente a estas graves atrocidades cometidas en contra de la población.
Ya la fiscalía de la Corte Penal Internacional había abierto una examinación preliminar, antes de la presentación de la denuncia por estos países, y esperamos que la Corte pueda determinar, de manera urgente y lo más pronto posible, si tiene competencia para la investigación, y conocer de estas graves violaciones de derechos humanos y de los crímenes bajo el derecho internacional que se están cometiendo en Venezuela.
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Se dispara la exportación de autos de EEUU a Cuba, podría llegar a 50 millones de dólares en 2024
Las exportaciones de vehículos de EEUU a Cuba podrían superar los 50 millones de dólares este año, cinco veces más que en 2023.
En los primeros seis meses de 2024, las exportaciones de vehículos desde Estados Unidos a Cuba alcanzaron más de 36 millones de dólares, según el más reciente informe del Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba.
Las exportaciones de autos usados representaron la mayor parte, con un valor de 34.587.077 dólares entre enero y julio de 2024, informó John S. Kavulich, presidente de dicha organización no gubernamental creada en 1994.
“Las ventas de vehículos a Cuba son parte de la gran historia de este año”, acotó el experto, quien tachó el acontecimiento como el cambio más significativo en comparación con el año pasado.
Según su proyección, el negocio de la venta de autos a Cuba pudiera rondar los 50 millones de dólares en los próximos meses.
Tan sólo en el mes de julio, las exportaciones de vehículos usados sumaron 3.705.643 dólares.
“El incremento es notable, si tomamos en cuenta las dificultades económicas que enfrenta Cuba, como la escasez de electricidad y combustible, y los altos precios de este último”, dijo Kavulich.
En 2023, las exportaciones de autos a Cuba totalizaron 9.824.627 dólares, mientras que en febrero de 2024 casi se alcanzó la mitad de esa cifra.
Para adquirir un vehículo en Cuba, es necesario cumplir con las licencias emitidas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, las cuales permiten la compra a residentes naturales o personas jurídicas cubanas y extranjeras.
Recientemente, el gobierno cubano anunció una actualización en la política para la comercialización de vehículos, cuyas normas jurídicas se publicarán antes de octubre de 2024.
Según Kavulich, la mayoría de los compradores de vehículos procedentes de EEUU son empresarios del sector privado cubano, a pesar de que el gobierno sigue dificultando el crecimiento de este sector en la isla.
Aun así, opinó el experto, La Habana reconoce que el sector privado es fundamental para la economía, a pesar de sus reticencias.
Caen los alimentos
En contraste con el aumento de las exportaciones de autos, las de alimentos disminuyeron un 2.6% en julio de 2024, con registro de 31.457.528 dólares, en comparación con 32.313.837 dólares del mismo mes en 2023.
El gobierno de Díaz-Canel mantiene que "el bloqueo es el principal escollo para avanzar en la búsqueda de la prosperidad y bienestar de la población cubana”, y asegura que los daños ocasionados en más de seis décadas de la aplicación de esta política ascienden a más de 147.853 millones de dólares.
En el informe del Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba, la isla aparece mencionada como ocupante del puesto 50 entre los 222 mercados de exportación de productos agrícolas y alimenticios de EEUU.
Hostales, paladares y negocios en remate por la violencia en las calles y la crisis sanitaria en Cuba
Oropouche y Dengue se extienden por toda Cuba
Ya hay Dengue en 12 provincias, y Oropouche en 15, dijo este miércoles el Dr. Francisco Durán, jefe de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba.
Casos sospechosos de dengue han sido detectados en los últimos días en 12 provincias de Cuba, mientras el Oropouche se extiende a casi todo el país, con pacientes diagnosticados en las 15 provincias, dijo a periodistas el director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP), Dr. Francisco Durán.
El verano, que ha sido largo y con récords de calor, más los continuos apagones, la falta de agua potable y la insalubridad han empeorado el panorama epidemiológico de la isla, con la proliferación de los agentes transmisores de ambas enfermedades, el mosquito aedes aeypti, del Dengue, y el jején (culex y culicidae), de la fiebre del Oropouche.
Un total de 41 municipios y 48 áreas de salud del país han reportado casos de Dengue, mientras que en 99 localidades y 174 zonas se han detectado contagios por Oropouche, precisó el Dr. Durán en una conferencia de prensa que citan varios medios estatales.
Aunque, según las autoridades, la mayoría de los enfermos pasan el virus en sus viviendas, en ingreso domiciliario, al no presentar un cuadro clínico crítico, la situación ha destapado las alarmas de países como Estados Unidos y Canadá, que advierten a sus ciudadanos sobre el posible contagio si viajan a la isla caribeña.
El Dr. Durán aseguró que, hasta la fecha, no se reportan en Cuba casos graves ni fallecidos a causa de estos arbovirus, pero como sucedió durante la pandemia de Covid-19, estos reportes oficiales son difíciles de corroborar de forma independiente.
Los casos de Oropouche han aumentado en la última semana en las provincias de La Habana, Pinar del Río, Artemisa, Santi Spíritus y el municipio especial Isla de la Juventud, apuntó el director de Higiene y Epidemiología del MINSAP.
El funcionario recomendó a la población "acudir de inmediato al médico" ante síntomas como dolores de cabeza, articulares, vómitos, diarreas y fiebre, para hacer "un diagnóstico adecuado" de la enfermedad, ya que ambos virus causan sintomatologías similares.
Los cubanos se quejan de la falta de recursos en los centros de salud, incluidos los reactivos para la realización de análisis de sangre, requeridos en estos casos, y de medicamentos básicos en las farmacias, como analgésicos, para combatir los síntomas.
En medio de la compleja situación epidemiológica, el Dr. Durán dijo, además, que Cuba mantiene una "estricta vigilancia" por la presencia en América Latina y el Caribe de Chikungunya, Zika y la Fiebre Mayaro, pero aclaró que en la isla no se ha reportado ningún caso de estos otros arbovirus.
El martes pasado, activistas cubanos en el exilio denunciaron que el aumento de casos de Oropouche en Cuba constituye una "alarma de salud pública regional".
La opositora Asamblea de la Resistencia Cubana recordó en conferencia de prensa que en Florida se han registrado al menos 20 pacientes con el virus cuyo contagio se relaciona con un viaje a la isla. Los activistas han pedido a las autoridades estadounidenses suspender los viajes entre los dos países para evitar la propagación de estas enfermedades en EEUU.
Un caso similar de Oropouche importado de Cuba fue detectado en Nueva York, para un total de 21, informaron la semana pasada los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. A principios de agosto, los CDC emitieron una alerta sanitaria para notificar a los médicos y a las autoridades de salud pública el aumento de la enfermedad en las Américas.
Preso político en estado grave por una isquemia cerebral
Carlos Manuel Pupo Rodríguez, encarcelado por manifestarse del 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, tuvo que ser internado de emergencia en el hospital de Artemisa, donde tiene vigilancia permanente de oficiales del Ministerio del Interior.
El preso político Carlos Manuel Pupo Rodríguez, de 70 años, está ingresado en el Hospital General Comandante Ciro Redondo, de Artemisa, tras sufrir, el pasado sábado, una isquemia cerebral, confirmó a Martí Noticias, su esposa Janet Bulnes.
“Una isquemia en desarrollo. Le están administrando medicamentos para su mejoría y que no le repita. El médico que pasó visita me dijo que le hicieron un TAC (Tomografía Axial Computarizada) y arrojó eso, una isquemia. Me dijo que hay lesiones en el cerebro”, declaró Bulnes, a quien le permitieron cuidar del enfermo, reportado en estado grave.
“Fue por una subida de presión. Yo no hacía ni cinco días que le había llevado medicamentos para la presión y para la diabetes”, explicó la mujer.
Pupo Rodríguez, manifestante del 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, padece diabetes e hipertensión arterial. Días antes había sufrido una caída en el correccional con internamiento Ceiba 5 donde estaba recluido, luego de que las autoridades de ejecución le aprobaran el tránsito a un régimen de menor severidad.
La esposa relató que Pupo tiene el lado derecho del cuerpo afectado, con parálisis en el brazo y la pierna “y el lenguaje no se le entiende, no está articulado”.
Aunque el preso político no está internado en una sala penal porque el hospital artemiseño carece de este tipo de instalación, tiene vigilancia permanente de oficiales del Ministerio del Interior (MININT).
“Ahora, hay un teniente coronel del MININT que está aquí constantemente, sentado al lado de nosotros”, indicó Bulnes.
“Yo estuve hablando con el militar que estaba [de guardia] por la mañana y me dice que ellos van a procesar una licencia extrapenal para presentarla al tribunal y el tribunal es el que decide. Después le pregunté al teniente coronel qué cree en este caso de la presentación de una extrapenal y me contestó que se la van a conceder, porque ‘en el estado que está ¿dónde lo van a tener?’. Él no puede caminar, no puede comer, hay que darle la comida”, señaló.
La legislación cubana otorga a los tribunales la facultad para otorgar la licencia extrapenal durante el tiempo “que se considere necesario” y en casos de enfermedad o padecimientos que incapaciten al reo de forma temporal o definitivamente.
El centro de asesoramiento legal Cubalex ha emitido varias alertas acerca del estado de salud de Pupo Rodríguez, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI).
La organización ha destacado que, debido a sus enfermedades y a su edad, Pupo es uno de los presos políticos más vulnerables, cuestión que se agrava con la falta del acceso necesario a cuidados médicos especializados y a la administración puntual de los medicamentos que requiere.
Investigadores alertan sobre crimen organizado y trata de personas en Cuba con la implicación del Estado
La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional define que es “un grupo de tipo mafioso”, aquel que tiene “un nombre conocido, un liderazgo definido, el control territorial y la afiliación identificable”.
Dos investigadores cubanos alertaron el miércoles sobre la participación del régimen de La Habana en el crimen organizado y la trata de personas, tras analizar los hallazgos del más reciente informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).
En el caso de Cuba, el reporte de 2023 expone la existencia de explotación laboral, tráfico sexual y trata de personas. Aunque se refiere a la presencia del crimen organizado en Cuba, lo circunscribe al turismo sexual y asegura que “la mayoría de estas actividades delictivas son llevadas a cabo por individuos, y no por estructuras articuladas”.
En este sentido, la entidad con sede en Ginebra, Suiza, acepta la participación de grupos del crimen organizado, nacionales y extranjeros, pero deja fuera a los “actores integrados en el Estado”. Además, define que “un grupo de tipo mafioso” es aquel que tiene “un nombre conocido, un liderazgo definido, el control territorial y la afiliación identificable”.
“Este análisis está construido metodológicamente para analizar países donde haya mafias, pero no para poder penetrar los fenómenos que ocurren en las mafias que tienen a países, como es el caso de Cuba: El principal grupo criminal organizado en Cuba es, sin lugar a duda, GAESA y la oligarquía que lo controla está fuera de toda jurisprudencia estatal cubana, no pueden controlarlo ni con los mecanismos del Partido (Comunista de Cuba) ni de la Asamblea (Nacional del Poder Popular)”, dijo a Martí Noticias el historiador y ex diplomático cubano Juan Antonio Blanco Gil.
El Grupo de Administración Empresarial, SA (GAESA), que pertenece a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), maneja los sectores claves y más lucrativos de la economía del país. Tiene ramificaciones en el sector hotelero, las tiendas de ventas de productos en divisas, la aduanas y los puertos, instituciones financieras, y de importación y exportación, entre otras.
“Ellos [la cúpula militar] han creado un sistema y lo han legalizado para robarle el dinero al Estado cubano que obliga a todas las instituciones y ministerios a depositar sus divisas en el Banco Financiero Internacional, que le pertenece a GAESA y después no la pueden sacar de ahí, o solo según disponga GAESA, o sea, si el Ministerio de la Agricultura hizo 50 mil dólares en exportaciones, después no puede ir a reclamarlo para, por ejemplo, ir a comprar tractores”, explicó Blanco Gil, copresidente del laboratorio de ideas Cuba Siglo 21, con sede principal en Madrid.
"Estamos ante un Estado entero que es controlado por una cúpula mafiosa, que es la que a su vez controla GAESA y que tiene todas las propiedades, las principales registradas en Panamá como sociedad anónima”, subrayó el experto en negociación y manejo de conflictos.
Varias investigaciones, entre ellas la del proyecto Martí Verifica, han detrminado que GAESA se amplía por el mundo en compañías offshore que, supuestamente, sirven para evadir las sanciones financieras de Estados Unidos, pero también para mover recursos sin ninguna fiscalización.
“Al final, ¿quién controla el dinero? Lo controla GAESA, que es una entidad privada registrada incluso fuera del país y a la que la Controlaría de la República, ha declarado públicamente, que no puede auditar", recordó Blanco.
Por otra parte, el informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional señala que la trata de personas en Cuba se manifiesta especialmente en “forma de tráfico sexual y explotación laboral y aclara que “hay denuncias de que las autoridades en la Isla obligan o coaccionan a los profesionales para que participen y permanezcan en los programas de exportación de mano de obra”.
“La trata tiene que ver con la captación y muchas veces con el transporte y la explotación de individuos a través de algunas técnicas o estrategias como el engaño, la coacción o tal vez el abuso de las vulnerabilidades que pudieran tener las personas; con el fin de explotarlas. Las misiones médicas internacionalistas son el ejemplo más relevante”, explicó a Martí Noticias Loraine Morales, responsable de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana de Tijuana, México.
Cuba Siglo 21 y Havana Consulting Group denunciaron hace unos meses a GAESA por "apropiarse arbitrariamente" de casi 70 mil millones de dólares en poco más de una década, provenientes de los salarios de los médicos en las brigadas internacionalistas.
Para Morales, especializada en Migración, “el tráfico de personas tiene que ver más con el cruce de fronteras, en este caso internacionales, de una persona que lo que busca es entrar de manera irregular a otro país donde no tiene ningún permiso o autorización para estar o permanecer y que, muchas veces, esta persona ofrece su consentimiento y es voluntario, aunque no sea consciente a veces, de todos los riesgos que puedes enfrentar durante esta travesía. Lo vemos mucho en los flujos migratorios de cubanos que vuelan a Nicaragua y llegan a Estados Unidos, que utilizan esta red de tráfico de personas”.
“Cuba no asume ningún tipo de responsabilidad, porque los cubanos cumplen con los requisitos de viaje, no hay incumplimiento de la normativa o de lo que está establecido”, añadió la también periodista de El Toque.
El acuerdo de libre visado entre Managua y La Habana, en noviembre de 2021, propició el mayor éxodo migratorio de cubanos a los Estados Unidos. La llamada Ruta de los volcanes ha facilitado la migración de más de medio millón de cubanos, de acuerdo con cifras del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos.
Morales analizó que el hecho de que Cuba y Nicaragua no cierren esta vía que está poniendo en riesgo a tantas personas, sugiere que hay una complicidad entre estos dos regímenes autoritarios y lo que “se busca es ejercer una presión y poner el foco en el migrante y en el destino”.
El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, aseguró recientemente en entrevista con Voz de América, que “la ruta migratoria establecida desde Cuba a Nicaragua por vía aérea está destinada al contrabando de migrantes; estos son vuelos chárteres que van a Nicaragua llenos a capacidad y regresan vacíos a Cuba”.
Morales se refrió, además, a la mención en el Índice Mundial del tráfico sexual y la explotación laboral en Cuba: “Se habla del traslado de personas con fines de explotación sexual, pero hay otros casos como el reclutamiento de jóvenes para ingresar a las filas de Rusia. A los jóvenes se les engaña, les hacen promesas para que ellos se apunten al Ejército ruso y ya vemos que ha habido denuncias de que no se les cumplen. Igual ocurre con las misiones médicas. El gobierno hace un convenio, aprovechándose de las condiciones laborales que existen en el país y da esta ‘oportunidad’ económica, de viajar a otro país para poder trabajar y ganar un poco más y, muchas veces, los médicos laboran en condiciones muy precarias, con una remuneración para nada equivalente a los riesgos que corren”.
La investigadora de la Universidad de Tijuana mencionó otras prácticas del gobierno cubano, como la retención de pasaportes y de documentación, que son ilegales según la normativa internacional y que funcionarios cubanos practican con deportistas y artistas enviados a misiones en el exterior.
“Hay que resaltar el rol del Gobierno cubano dentro de lo que es el tráfico de personas y sobre todo la trata porque en este caso sí estarían de la mano los dos”, precisó Morales.
Martí Noticias solicitó una entrevista a la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, pero hasta el momento no la han concedido.
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