Hacinamiento, falta de ventilación, escasa higiene, unidos a la precaria asistencia médica, son las fallas que, según Natalia Prilutskaya, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre Rusia, ponen en peligro de contraer COVID-19 al más de medio millón de prisioneros en las cárceles de Rusia.
La organización con fines humanitarios ha hecho un llamado de atención al gobierno de Vladimir Putin, donde le exige que tome medidas con los más de 519.000 reclusos que sobreviven en condiciones infrahumanas en las penitenciarías del país, y subruya que, de esta cifra, al menos 9.000 sobrepasan los 60 años o padecen enfermedades.
“El estado actual del sistema penitenciario ruso, con problemas de hacinamiento, falta de ventilación, saneamiento inadecuado y asistencia médica insuficiente, expone a la población reclusa a un mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas. Si las autoridades no adoptan urgentes medidas de protección, la pandemia de COVID-19 podría hacer estragos en las cárceles rusas, y las consecuencias serían terribles”, advirtió la investigadora de AI a las autoridades.
“Muchas de estas personas reclusas ya tienen problemas de salud y están en colonias penitenciarias situadas a cientos de kilómetros de sus casas y lejos de los hospitales civiles. Es preciso actuar con urgencia para evitar una posible catástrofe”.
Esta preocupación de AI respecto a la gravedad de la amenaza que representa el coronavirus para los prisioneros rusos, tiene más que sobrados fundamentos ya que, de entrada, el modo de transportación de los reclusos es anticuado y evoca antiguas y muy malas memorias.
Los presos son trasladados en el interior de vagones de ferrocarril sin luz, agua corriente e instalaciones sanitarias, amontonados en grupos compactos y, dado que las distancias a recorrer suelen ser muy largas, los viajes pueden durar hasta varias semanas.
Como paliativo a la situación, Prilutskaya propone al gobierno de Putin la opción de liberar a quienes aún se hayan en prisión preventiva, o sea, aproximadamente 97.000 personas (el 18% de la población penal), y también a aquellas que se pertenecen a los grupos de mayor riesgo de contagio: los enfermos y de edad más avanzada.
“Debe hacerse una revisión urgente y genuina de todas las decisiones de recluir a personas sospechosas en espera de juicio”, subrayó Prilutskaya y añadió:
“Así mismo reiteramos nuestro llamamiento a favor de la libertad de todas las personas presas de conciencia, que están en prisión sólo por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Nunca debieron ser encarceladas”.
