El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha sido objeto de investigaciones desde sus primeros días al frente del gobierno, y el número de casos se ha multiplicado desde su fallido intento de reelección en 2022.

Las autoridades han estado indagando diversas acusaciones. Algunas podrían resultar en cargos penales en tribunales menores, los cuales le darían la posibilidad a apelar cualquier eventual condena. El Supremo Tribunal Federal tendrá la última decisión en lo referente a cinco investigaciones a fondo que podrían poner al exmandatario tras las rejas, en arresto domiciliario o dejarlo fuera de cualquier actividad política.

Bolsonaro ha negado haber cometido irregularidad alguna en todos los casos, y sus aliados han acusado que se trata de una persecusión política, aunque reconocen la gravedad de los riesgos políticos en múltiples frentes.

Fraude de vacunación

Bolsonaro ha sido acusado formalmente por girar instrucciones a un funcionario para manipular una base de datos de salud pública para que reflejara que él y su hija de 12 años de edad habían recibido la vacuna contra el COVID-19 a fin de cumplir con los requerimientos de ingreso a Estados Unidos. Durante la pandemia, Bolsonaro arremetió contra la vacuna, calificó el hecho de inocularse como una cuestión de libertad personal y declaró en varias ocasiones que nunca se vacunó.

La Policía Federal acusó a Bolsonaro de asociación delictuosa y de ingresar datos falsos en registros públicos, delitos que conllevan penas de 4 y 12 años en prisión, respectivamente. Fue su primera acusación formal desde que dejó la presidencia y la única hasta la fecha.

STATUS: El Supremo Tribunal Federal envió el acta de acusación al fiscal general, quien sopesa la posibilidad de presentar cargos. La prensa local informó que buscaba consultar con las autoridades estadounidenses sobre si Bolsonaro usó el documento falsificado para entrar al país, y si hacerlo podría resultar en un proceso jurídico en Estados Unidos.

Joyas saudíes

La Policía Federal ha investigado si Bolsonaro giró instrucciones a funcionarios para contrabandear joyas de lujo con valor de varios millones de dólares desde Arabia Saudí y Bahréin hacia Brasil, y posteriormente tomar medidas para evitar que fueran incluidas en la colección presidencial y mantener posesión de ellas.

Los investigadores llamaron a declarar a Bolsonaro en abril y agosto de 2023. Devolvió las joyas en cuestión.

STATUS: La Policía Federal acusó formalmente a Bolsonaro por lavado de dinero y asociación delictuosa, según una fuente con conocimiento directo del caso. Una segunda fuente confirmó la acusación, aunque no especificó los delitos. Ambos hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados a hacer declaraciones públicas.

Levantamiento en la capital

La policía federal investiga el papel de Bolsonaro en una conspiración para mantenerlo en el poder después de perder en su campaña de reelección ante Luiz Inácio Lula da Silva, incluida la posibilidad de que haya incitado la revuelta del 8 de enero de 2022 en la que un grupo de simpatizantes irrumpió en el Supremo Tribunal Federal y en el Palacio Presidencial de la capital, Brasilia. El máximo tribunal desprecintó el 18 de marzo los testimonios de los jefes del ejército y la fuerza aérea durante el gobierno de Bolsonaro, y ambos declararon que él participó activamente en el plan.

STATUS: La investigación continúa en marcha, y varios simpatizantes y aliados de Bolsonaro ya fueron condenados y encarcelados.

Irregularidades electorales

La máximo corte electoral de Brasil determinó en junio pasado que Bolsonaro utilizó canales de comunicación del gobierno durante una reunión con diplomáticos para promover su campaña de reelección y sembrar desconfianza en el proceso electoral. El caso se centró en una reunión celebrada el año anterior, durante la cual Bolsonaro utilizó a personal gubernamental, al canal de televisión estatal y al palacio presidencial en Brasilia para declarar ante embajadores extranjeros que el sistema de votación electrónica del país estaba amañado. El fallo lo inhabilitó de cualquier cargo público hasta 2030.

La corte también determinó que Bolsonaro abusó de su poder durante los festejos por el Día de la Independencia de Brasil, un mes antes de los comicios. El fallo no le sumó años a la inhabilitación de Bolsonaro, pero complicó sus posibilidades en una apelación. Hay un tercer caso que continúa abierto en la corte.

STATUS: La apelación de Bolsonaro al fallo inicial fue rechazada.

Sabotaje durante la pandemia

La Policía Federal de Brasil investiga a Bolsonaro por incitar crímenes contra la salud pública durante la pandemia de COVID-19, entre los que se incluye alentar a la población a no usar mascarillas y causar alarma sobre un peligro inexistente de vacunas que aceleraban el desarrollo de sida. Una comisión investigadora del Senado también pasó meses indagando sus actos y decisiones durante la pandemia, y recomendó que se le presentaran nueve cargos penales.

El exfiscal general de Brasil, Augusto Aras, quien era percibido como aliado de Bolsonaro, no presentó ningún cargo basado en los hallazgos de los legisladores, quienes han instado al sucesor de Aras a que reabra el caso.

STATUS: Investigación en curso.

Noticias falsas y milicia electoral

El Supremo Tribunal Federal ordenó en 2020 una investigación en torno a una red que supuestamente difundía noticias falsas difamatorias y amenazas contra los jueces del máximo tribunal. La pesquisa ha dado como resultado el encarcelamiento de legisladores del círculo de allegados del expresidente y allanamientos en residencias de simpatizantes. Bolsonaro fue incluido como sospechoso en 2021.

Como consecuencia de esta pesquisa, la Policía Federal también indaga si un grupo que operaba desde el interior del palacio presidencial durante el gobierno de Bolsonaro produjo contenido de redes sociales con el fin de socavar el estado de derecho. Al grupo, supuestamente conformado por colaboradores y el yerno de Bolsonaro, se le ha llegado a conocer como una milicia digital y “el gabinete del odio”.

STATUS: Ambas investigaciones continúan abiertas.

Dos buques de guerra rusos atracaron el martes en el puerto venezolano de La Guaira después de ejercicios en el Océano Atlántico que, según Moscú, eran para “mostrar la bandera” en regiones remotas e importantes, y una escala inicial en Cuba.

La fragata Almirante Gorshkov y el petrolero Akademik Pashin forman parte de la Flota del Norte de Rusia, que desde el 17 de mayo lleva a cabo tareas que incluyen "garantizar la presencia naval rusa" en "zonas remotas de los océanos", informó la agencia de noticias rusa Tass citando al Ministerio de Defensa.

La escala duraría varios días y pondría de relieve los estrechos vínculos entre Moscú y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Al igual que su predecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, Maduro ha forjado una relación estrecha con Rusia. La visita se produce antes de que Maduro busque la reelección en las elecciones del 28 de julio.

Las autoridades venezolanas no han informado del arribo de las embarcaciones rusas, que apenas podían verse desde lejos atracadas en La Guaira, pero periodistas de The Associated Press vieron a sus tripulantes en el centro histórico de la ciudad.

A mediados de junio, el Almirante Gosrhkov y el buque petrolero se encontraban entre los buques rusos que atracaron en La Habana, Cuba.

Los otros buques presentes en esa parada incluían un submarino de propulsión nuclear, y permanecieron atracados allí durante cinco días tras realizar ejercicios en el Océano Atlántico. Algunos vieron el ejercicio como una demostración de fuerza por parte de Moscú en el contexto de tensiones mientras Estados Unidos y otras naciones occidentales apoyan a Kiev en la guerra de Rusia contra Ucrania.

Estados Unidos se hará cargo del costo de los vuelos para repatriar a migrantes irregulares en Panamá, según un acuerdo firmado el lunes por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante su visita a ese país para acudir a la investidura del nuevo mandatario, José Raúl Mulino.

“La migración irregular es un desafío regional que requiere una respuesta regional”, dijo Mayorkas mientras el presidente de la nación centroamericana prometió cerrar el Tapón del Darién por donde transitan la mayoría de los migrantes en su ruta hacia Estados Unidos.

"El nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Panamá promueve la colaboración en la gestión de la migración, incluido el apoyo a operaciones de repatriación seguras y efectivas de panameños que incluyen la evaluación de protección. El programa de vuelos de expulsión es parte del enfoque regional integral para abordar la migración irregular", recoge el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

Asimismo, indica que "Estados Unidos está trabajando con 21 socios en toda la región para tomar medidas coordinadas para promover la estabilidad, ampliar las vías legales y brindar a las personas opciones para quedarse donde están, y gestionar humanamente las fronteras en todo el continente americano".

A finales de junio Mulino había anunciado que estaban a la espera de la firma de un convenio con Estados Unidos para facilitar la repatriación de los migrantes que cruzan el peligroso Tapón del Darién.

El nuevo presidente panameño, que tomó posesión del cargo este lunes 1 de julio, había prometido durante su campaña que buscaría cerrar la selva por donde cruzaron el año pasado más de medio millón de migrantes.

"He visto crisis en el Darién de otra dimensión, pero esta se saltó la barda; me quebró el alma ver a niños de la edad de mis nietos pidiéndome una botella de agua... madres y otras embarazadas. Creo que no hay ninguna razón y nadie nos puede pedir a Panamá que toleremos esto", afirmó en mayo.

Según cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá, entre enero y junio de este año unas 174.513 personas transitaron por esa vía. De ellos, 113.244 eran venezolanos, 12.300 ecuatorianos, 11.219 colombianos, 10.348 chinos, 9980 haitianos, 1771 de India, 402 cubanos y el resto de otras nacionalidades.

Mulino, de 65 años, fue ministro de Seguridad en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

José Raúl Mulino tomó posesión el lunes como presidente de Panamá y en su primer discurso se comprometió a recuperar la bonanza económica del país, encarar la abultada deuda pública y frenar la migración irregular.

A principios de mayo, el diplomático y empresario de 65 años ganó las elecciones generales impulsado en la popularidad de su otrora compañero de fórmula, el expresidente Ricardo Martinelli, quien, a pesar de haber sido condenado por corrupción, hizo campaña por Mulino desde su asilo en la embajada de Nicaragua en la capital panameña.

Mulino, quien gobernará hasta mediados de 2029, se ha declarado afín a la libre empresa y las inversiones extranjeras y, en un guiño al sector empresarial, nombró en mayo a casi todo su gabinete, entre los que destacan el economista Javier Martínez-Acha en la cartera de Exteriores y el ejecutivo de negocios y banquero Felipe Chapman en Economía y Finanzas.

"Tenemos el desafío de dejar un Panamá en crecimiento para que quienes nos sucedan puedan hacer un trabajo mejor que el nuestro y darle más oportunidades y más prosperidad a las generaciones venideras", dijo el mandatario, quien minutos antes, al recibir la banda presidencial, se emocionó hasta las lágrimas.

Sin embargo, advirtió que el camino por recorrer no será sencillo.

"Tendremos que enfrentar duros retos para sacar a Panamá del atolladero en el que lo dejaron. El estado de las finanzas públicas es preocupante, en cinco años duplicaron la deuda (pero) con mi equipo de gobierno daremos vuelta a la economía y echaremos a andar el progreso", prometió.

Desafíos

Ministro de Gobierno y Justicia y de Seguridad Pública durante el mandato de Martinelli (2009-2014) y canciller en la década de 1990, Mulino se comprometió a recuperar el robusto crecimiento de Panamá, una de las economías más dinámicas de la región, y regresar a los altos niveles de creación de empleo durante el gobierno de Martinelli.

Además, de la mano de una fuerte inversión pública, buscará rehabilitar carreteras, construir un tren hasta la frontera con Costa Rica y duplicar el salario mínimo para colocarlo como el más alto de Latinoamérica.

Pero para desarrollar su ambicioso plan deberá enfrentar una serie de desafíos, desde la corrupción -el tema que más preocupa a los panameños, según encuestas- y el elevado déficit fiscal -que trepó al 7,4 % del PIB el año pasado- hasta seducir a los mercados para evitar que más calificadoras retiren el grado de inversión a la nación como lo hizo Fitch Ratings.

Mulino también prometió atajar la migración que atraviesa por el Darién, la peligrosa jungla que separa Panamá de Colombia y que el año pasado vio pasar a un récord de 520,000 migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos.

"Apelaré a la solidaridad internacional y buscaré soluciones con los países involucrados, sobre todo, con Estados Unidos que es el destino final de tales migrantes", dijo Mulino. "No permitiré que Panamá sea un camino abierto para personas que ingresan ilegalmente a nuestro país", agregó.

El nuevo gobierno también heredará los problemas que enfrenta el Canal de Panamá, cuyos ingresos cayeron después de que se vio obligado a cortar los cruces de barcos debido a una prolongada sequía.

Mulino ha adelantado que pedirá al Congreso una ley que le permita a la vía interoceánica construir nuevos embalses para paliar la escasez de agua.

Frustrados por los límites de la lenta Corte Penal Internacional y determinados a que los oficiales de seguridad que presuntamente mataron a sus seres queridos no gocen de impunidad, los venezolanos han llevado su caso de crímenes de lesa humanidad a un tribunal federal en Argentina, a más de 4.000 kilómetros de su hogar.

Por primera vez para Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, un tribunal federal en Buenos Aires concluyó dos días de testimonios de víctimas venezolanas el viernes, como parte de una investigación sobre posibles abusos de derechos humanos que afirman fueron cometidos por fuerzas de seguridad en 2014, el año después de que Maduro asumiera el poder.

A principios de año, fiscales argentinos revivieron una denuncia penal presentada en 2023 por la Fundación Clooney para la Justicia en nombre de sobrevivientes y familiares de las víctimas de lo que los abogados llamaron un "plan sistemático" del Estado para "aplastar la disidencia".

Los fiscales declararon que los crímenes cometidos alegadamente por altos miembros de la Guardia Nacional Venezolana eran de "extrema gravedad" y requerían una investigación inmediata.

Varias personas volaron desde Venezuela para la primera audiencia preliminar, que comenzó el jueves en Argentina, un país que ha lidiado con su propio legado de crímenes de guerra y se ha comprometido a perseguir a criminales de guerra más allá de sus fronteras.

"Los que testifican son personas que han buscado justicia en Venezuela durante mucho tiempo, y han llegado al final de lo que pueden hacer", dijo Yasmine Chubin, directora de defensa legal en la Fundación Clooney, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo legal gratuito a víctimas de abusos de derechos humanos.

Según se alega, fuerzas de seguridad utilizaron tácticas duras para reprimir las protestas masivas contra el gobierno que sacudieron a Venezuela en 2014, arrestando, torturando y matando a quienes sospechaban de disidencia. Al menos 43 personas, incluidos oficiales de seguridad y manifestantes, murieron en esos actos.

Los venezolanos han luchado para desafiar a Maduro en su propio país, donde los expertos legales dicen que los casos contra el gobierno a menudo castigan a oficiales de bajo rango mientras protegen a los poderosos.

La Corte Penal Internacional abrió en 2018 una investigación inicial sobre los abusos en Venezuela, tras una remisión sin precedentes de cinco países latinoamericanos y Canadá, pero años después, la investigación sigue en sus primeras etapas.

En marzo, el tribunal con sede en La Haya rechazó la apelación de Venezuela, manteniendo su decisión de investigar las supuestas atrocidades cometidas en el país. El gobierno de Maduro niega las acusaciones de crímenes a gran escala y dice que ya está revisando algunas denuncias de abusos internamente.

Abogados de derechos humanos de todo el mundo han buscado cada vez más casos en tribunales nacionales bajo lo que se llama el principio de jurisdicción universal, diciendo que la CPI a menudo se mueve demasiado lentamente para tener un efecto en tiempo real sobre los eventos actuales.

"La capacidad de la CPI es limitada ya que solo puede manejar unos pocos casos", dijo Chubin. "La escala de atrocidades en Venezuela, que abarca miles de muertes y numerosas otras violaciones como persecución, detención arbitraria, tortura y violencia sexual, requiere un enfoque más amplio".

Entre los pocos países que han adoptado el principio en sus sistemas legales, Argentina se destaca en la región por su historial inusualmente favorable de aplicar el concepto legal para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España, Nicaragua y Myanmar.

La fundación dijo que eligió presentar su caso completo con 15,000 páginas de documentación, en Argentina debido a la proximidad del país con Venezuela, su gran comunidad de inmigrantes venezolanos y su amplia interpretación de la jurisdicción universal, producto de su transición a la democracia en 1983 desde una brutal dictadura militar.

Bajo el principio legal, ni los acusados ni los demandantes necesitan ser residentes del país donde se celebra el juicio. La fundación se negó a proporcionar detalles sobre los venezolanos que testificaron el viernes, citando los peligros continuos que enfrentan en su hogar.

No se sabe cuánto tiempo podría llevar el proceso, pero los abogados dicen que están alentados por la rapidez con la que Argentina decidió iniciar su investigación, solo un mes después de que la fundación presentó su denuncia. Aunque es poco probable que el caso produzca arrestos antes de las elecciones en Venezuela el 28 de julio, cualquier riesgo de una disputa desordenada en los tribunales argentinos podría eclipsar la votación.

"Dependiendo de la situación con la jurisdicción universal, podrías estar buscando resultados simbólicos. Ese no es nuestro caso", dijo Ignacio Jovtis, gerente senior de programas en la Fundación Clooney para la Justicia. "Estamos muy decididos a ver las cosas hasta el final y lograr resultados concretos".

En otras palabras, dijo Jovtis, los demandantes esperan ver a altos funcionarios de seguridad venezolanos extraditados y en juicio en Buenos Aires. La fundación se ha negado a nombrar públicamente a los acusados, por temor a darles un aviso anticipado del caso en su contra.

El fiscal federal argentino que tomó el caso, Carlos Stornelli, no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.

Las largas audiencias del jueves y viernes agotaron a los demandantes, muchos de los cuales se derrumbaron al relatar los horrores que sufrieron, dijo Chubin. Pero en el tribunal de Buenos Aires el viernes, dijeron que sintieron algo parecido a la esperanza.