Un nuevo informe de Amnistía Internacional revela cómo las autoridades de Bielorrusia han utilizado el sistema judicial de instrumento para castigar a las víctimas de tortura en lugar de a quienes la perpetran, como parte de una represión generalizada y brutal de la disidencia tras las protestas posteriores a las elecciones.
La organización ha descrito la búsqueda de justicia en el país como “imposible”, y ha instado a la comunidad internacional a tomar medidas activas para brindar justicia a las víctimas y exigir responsabilidades a los perpetradores.
A pesar de que las autoridades bielorrusas han admitido haber recibido más de 900 denuncias por abusos cometidos por la policía desde el principio de las protestas en agosto de 2020, no se ha iniciado ni una sola investigación penal contra los agentes encargados de hacer cumplir la ley.
En cambio, se han abierto cientos de investigaciones penales contra personas que se manifestaban de forma pacífica, muchas de ellas víctimas de tortura y malos tratos.
“Desde que empezaron las protestas posteriores a las elecciones en Bielorrusia, los grupos de derechos humanos han recopilado evidencias de la tortura de cientos de personas que se manifestaban pacíficamente, y han documentado la muerte de al menos cuatro de ellas. Hemos pedido reiteradamente investigaciones eficaces para llevar a las personas responsables ante la justicia, pero no se puede esperar mucho de un sistema que no sólo protege a la policía con el anonimato, sino que además fomenta la intimidación y la violencia contra víctimas y testigos”, ha afirmado Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.
