La crisis de derechos humanos en Nicaragua continuó durante todo 2020, al igual que la estrategia de las autoridades de reprimir la disidencia, según el informe anual de Amnistía Internacional.
El texto destaca una multitud de atropellos a los derechos humanos en Nicaragua, entre ellos:
La respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19 no tenía en cuenta las recomendaciones sanitarias de las organizaciones internacionales.
Continuó la detención y reclusión arbitraria de personas que hacían activismo político, y se adoptaron nuevas leyes amenazadoras contra la disidencia, recalca el reporte de la organización defensora de los derechos humanos.
Cientos de trabajadores y trabajadoras migrantes y solicitantes de asilo nicaragüenses que trataban de regresar al país en el contexto de la pandemia se enfrentaron a los obstáculos impuestos por el gobierno.
Persistía la impunidad de las personas sospechosas de ser penalmente responsables de la violencia cometida contra los pueblos indígenas.
A pesar de las recomendaciones formuladas por las organizaciones internacionales en el contexto de la pandemia de COVID-19, las autoridades nicaragüenses promovieron encuentros masivos en los que no era posible mantener el distanciamiento físico.
