Artículo 19 alertó esta semana sobre la intensificación de la violencia que el Estado cubano ejerce contra periodistas, activistas y otras voces disidentes de la isla en un comunicado que abarca el pasado mes de septiembre.
La organización denunció, además, que el gobierno de Miguel Díaz-Canel no ha atendido a las protestas pacíficas de la población por necesidades específicas como agua, luz, alimento y tampoco da respuesta ante demandas de servicios básicos, muchas de las cuales son enfrentadas, por parte de las fuerzas del orden “de forma represiva”.
“Desde Artículo 19, observamos que la represión en Cuba en contra del descontento, o en contra del disenso, ya no sólo se focaliza en los espacios públicos y en los espacios digitales, sino que éstas se van recrudeciendo en los centros penitenciarios, en donde se encuentran periodistas independientes, activistas, artistas que formaron parte de las manifestaciones de 2021 o, incluso, en otros momentos, como las manifestaciones de Caimanera el año pasado, y vemos como una nueva tendencia el enfoque de la represión en el ámbito privado”, indicó a Martí Noticias Cintia Alva, Coordinadora del Programa de Centroamérica y el Caribe de la entidad.
Artículo 19 se fundó en Londres, Reino Unido, en 1987, y toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que proclama el derecho a la libertad de opinión y de expresión, que incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia, así como, a acceder y difundir ideas “por cualquier medio y sin consideración de fronteras”.
“Hemos registrado en septiembre un total de 44 agresiones en contra de periodistas y activistas, entre los que destaca la sentencia dictada de 2 años de cárcel en contra del periodista Yeris Curbelo Aguilera por el supuesto delito de lesiones leves. Vemos esta adjudicación de un delito común como una represalia por su activismo y cobertura de las manifestaciones en Caimanera”, apuntó la directiva de la Oficina de México y Centroamérica de Artículo 19.
La nota de prensa, publicada el lunes, enfatiza varios incidentes de represión como el ocurrido contra el reportero Adelth Bonne, que fue acosado en su propia casa por dos mujeres quienes declararon que actuaban en nombre del Gobierno cubano; la desaparición forzada de corta duración de la líder de las Damas de Blanco Bertha Soler; las amenazas de muerte contra activistas como Yamilka Lafita y el enjuiciamiento a José Manuel Barreiro Rouco, sentenciado a dos años de cárcel por los delitos de Desacato y tenencia ilegal en dólares, por la publicación en un chat familiar privado de unos memes sobre las figuras de Díaz Canel y Fidel Castro.
Del mismo modo, subraya las acciones represivas “contra de académicos e intelectuales que comienzan a mostrarse más críticos con el régimen ante la oleada represiva y la violación sistemática de Derechos Humanos y cita a Jenny Pantoja, Alina Barbara López Hernández, Jorge Fernández Era y Alexander Hall.
“En medio de este panorama contra la libertad de expresión y de prensa, y en un contexto de mayor empobrecimiento de la población, de falta de infraestructura y de asistencia a necesidades básicas, es que exigimos al Gobierno de Cuba que cese el acoso e intimidación en contra de periodistas independientes, activistas y cualquier voz crítica. Creemos que esto puede ir aumentando conforme el deterioro político, vaya escalando”, señaló Alva.
La organización recomienda, además, “reformar las disposiciones del Código Penal que inhiben el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, asociación y manifestación en espacios físicos y digitales, así como la Ley de Comunicación Social que además de prohibir el periodismo independiente, limita el acceso a la información pública y prohíbe la difusión de contenidos”.
Igualmente, aconseja ratificar inmediatamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e implementar una institución nacional independiente que vele por el respeto a los derechos humanos.
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