Cuba
Jueza cubana que pidió asilo en Tampa se encuentra detenida; sus víctimas reclaman justicia (VIDEO)
La jueza villaclareña Melody González Pedraza se encuentra detenida en el Broward Transitional Center, donde fue trasladada tras pedir asilo político en el aeropuerto de Tampa, como informó primero Martí Noticias.
González Pedraza espera allí una audiencia de asilo político mientras las personas que fueron afectadas por sus decisiones como funcionaria del Ministerio de Justicia de Cuba exigen retribución.
“Ella ha hecho mucho daño al municipio de Encrucijada, en Villa Clara. Soy una de las víctimas de ella. En mis manos tengo la carta de libertad tras haber estado preso por salir el 11 de julio a manifestarme pacíficamente. Ella me sentenció a prisión por dos años de prisión”, dijo a Martí Noticias Uziel García.
“Cuando le pregunté por qué me condenaba a dos años de cárcel cuando el delito de desacato era sancionado con menos severidad, ella me respondió que hacía lo que quería, porque para eso era la jueza”, añadió.
Melody González Pedraza llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida, en la mañana del jueves, 30 de mayo, tras obtener un permiso de viaje gracias al Parole Humanitario.
En la terminal aérea recibió una negativa de entrada al país debido a su historial en Cuba, pero la jurista pidió asilo político y actualmente se encuentra detenida a la espera de una sentencia judicial, dijo su patrocinador, Roberto Castellón, en una llamada telefónica a Martí Noticias.
“Esa mujer lo que viene es a este país para hacer daño. No tiene corazón. Es una comunista, una castrista muy indeseable. Quisiera que la deportaran”, dijo Uziel García, quien hoy reside en Estados Unidos.
“Ella es una con toda la policía de Encrucijada. Desearía, con la bendición de Dios, que sea deportada para Cuba, y que pague todo el daño que ha hecho”, añadió.
González Pedraza también firmó una sentencia judicial de tres y cuatro años de prisión contra cuatro jóvenes, a los que acusaron de lanzar cócteles molotov contra un jeep y viviendas de los jefes de la Policía y la Seguridad del Estado en el municipio villaclareño de Encrucijada, el 18 de noviembre del año 2022. Ninguno de los cuatro condenados superan los 30 años de edad.
Las otras dos magistradas del Tribunal, consignadas en la sentencia expedida el 8 de mayo de 2024, fueron Marlenis Toriza Rivero y Ana Ivis Rodríguez Rodríguez.
Las pruebas en el juicio se sustentaron en la retractación de la confesión de uno de los acusados y los dichos de la Seguridad del Estado. Cuba es un Estado donde no existen las garantías necesarias para el debido proceso, como han denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones.
Desde Cuba, Ana Iris Pedraza Balero, madre de Luis Ernesto Medina Pedraza, uno de los condenados, manifestó sus deseos de que Estados Unidos no le permita a esta funcionaria beneficiarse de los beneficios migratorios que otorga ese país.
“Pienso que no se le debe conceder [el asilo político] porque ella utilizó su cargo para cometer las injusticias más grandes y más atroces del mundo. Aquí está el caso de estos cuatro muchachos: abusó de su cargo, abusó de su poder y ahora quiere vivir libremente y a plenitud, sin pagar por nada de lo que hizo”, dijo la señora.
“Eso es muy injusto. Por lo tanto creo que si en el mundo debe haber justicia, se le debe aplicar a ella bien aplicada y no dejarla entrar a ese país”, argumentó.
El proceso legal que debe seguir la jueza
El Parole Humanitario es un programa implementado por la administración del presidente Joe Biden que requiere que un patrocinador se haga cargo de las personas que pide en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Una vez aprobado el solicitante, su patrocinado realiza un proceso de verificación y obtiene un permiso de vuelo para llegar a Estados Unidos. En el puerto de entrada es entrevistado por un funcionario que puede negarle el parole, como en este caso, o aprobarlo.
De acuerdo con la abogada de inmigración Rosaly Chaviano, la jueza González Pedraza tendrá que demostrar ante un juez que corre peligro si es deportada a Cuba.
“En cualquiera de los casos, la solicitante de asilo tendrá que comparecer ante un juez y probar que tiene motivos legítimos de persecución en Cuba. El juez puede creerle y otorgarle el asilo o puede ordenar su deportación expedita a Cuba”, explicó.
Martí Noticias constató que González Pedraza eliminó una cuenta en redes sociales donde compartía regularmente propaganda a favor del régimen cubano.
“Su proceso es mucho más difícil que si le hubiesen otorgado un parole humanitario en el aeropuerto, porque entonces podría ajustarse bajo la Ley de Ajuste Cubano y obtener su residencia”, añadió.
Su primo, el patrocinador, no está de acuerdo
El patrocinador de González Pedraza explicó la semana pasada a Martí Noticias cómo procedió con esta reclamación.
“Hoy he hablado cuatro veces con inmigración. Le han hecho un daño irreparable al incluirla en la base de datos de represores cubanos. Ella es una mujer cristiana que solo cumplía con su trabajo”, dijo Castellón vía telefónica.
El entrevistado se refiere al listado de la Foundation for Human Rights in Cuba (FHRC, Fundación para los Derechos Humanos en Cuba), que recoge denuncias de residentes en Estados Unidos que desean denunciar a presuntos represores en la isla.
FHRC señala en su sitio web que la confección del listado busca "detener, reducir y erradicar la violencia y la arbitrariedad por razones políticas, económicas, sociales, culturales, de credo, raza u orientación sexual y así contribuir a facilitar la convivencia en la Cuba futura".
El patrocinador aseguró que el hermano de la jueza llegó la semana pasada vía parole humanitario y que piensa demandar a quienes la han tildado de “represora”.
Según Castellón, su prima había condenado “solamente” a cuatro años a los jóvenes en vez de ocho, como pedían las autoridades.
“Esos policías pasan la misma hambre que todo el mundo en el pueblo”, dijo, justificando las condenas.
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Abogado de inmigración: “El negocio de abandonar Cuba es uno de los más crueles”
Más de tres millones de cubanos viven actualmente en el exterior. El abogado Willy Allen explica los riesgos que enfrentan los migrantes de la isla que entran de manera ilegal a Estados Unidos.
“El negocio de cómo abandonar Cuba es uno de los más crueles”, aseguró este miércoles el abogado Willy Allen en entrevista con la revista informativa Martí Noticias AM.
"Las personas siguen vendiendo sus pertenencias" para lograr salir del país, comentó Allen, quien atiende a cientos de migrantes cada año en su oficina en Miami. El experto puso como ejemplo a los que utilizan la vía marítima desembolsando grandes cantidades de dinero para llegar a Estados Unidos.
Lo hacen "solo para ser interceptados y devueltos a la isla. Los que toquen tierra y sean llevados a custodia en territorio norteamericano se les entrega una orden expedita de deportación con la agravante de que la posibilidad de legalizarse sea nula”.
“Quizás no los deporten inmediatamente, pero se verán envueltos en un proceso en el que lograr un permiso de trabajo o una licencia de conducir es muy engorroso”, añadió.
Allen recordó que “las líneas aéreas cobran altas sumas de dinero y no se responsabilizan en caso de la suspensión de viajes, lo que conduce al caos".
Recientemente la aerolínea de bajo costo Wingo anunció que a partir del 8 de julio solicitaría un visado para los cubanos que volaran a Bogotá, una ruta de gran demanda para quienes tienen a Nicaragua como destino para iniciar la ruta hacia Estados Unidos.
El abogado mencionó el acuerdo de esta semana entre Estados Unidos y Panamá para deportar a los migrantes irregulares en ese país, una medida que afectaría también a los cubanos.
“Aunque es un proceso lento el programa de reunificación familiar y el parole humanitario están vigentes, unido a otras opciones legales para salir de Cuba y arribar a territorio estadounidense”, concluyó.
Cuba vive la peor crisis migratorias de sus últimas décadas. Este miércoles el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, reveló que unos tres millones de cubanos viven en el exterior, la mayoría en Estados Unidos.
"Una menor cantidad de nacionales de la isla emigraron a España, México e Italia –en ese orden—, al tiempo que hay presencia en Chile y Rusia. En los últimos cinco años los cubanos mostraron tener ciudadanía de unos 140 países del mundo", señaló el funcionario en declaraciones a la agencia AP.
Migrantes hacen pausa en Brasil tras nuevas normas de asilo de EEUU
Migrantes, policías, funcionarios y analistas sostienen que las nuevas normas de asilo del presidente Joe Biden han generado una actitud de espera entre los migrantes que están en Brasil, al menos por ahora.
Docenas de migrantes duermen en un refugio de madera de seis habitaciones infestado de mosquitos en la Amazonía brasileña, con sus sueños de una vida mejor en Estados Unidos en suspenso debido a las nuevas normas de asilo del presidente Joe Biden.
Johany “Flaca” Rodríguez, de 48 años, estaba dispuesta a dejar atrás las dificultades de la vida en Venezuela. Ha estado esperando en el albergue que cobija a 45 personas en Assis Brasil, una ciudad de 7.000 habitantes en la frontera con Perú, porque otros le han contado lo complicado que se ha vuelto ahora el viaje a Estados Unidos.
Migrantes, policías, funcionarios y analistas sostienen que las acciones de Biden han generado una actitud de espera entre los migrantes que están en la mayor economía de Latinoamérica, al menos por ahora. Como en cualquier lugar a lo largo de las rutas que emprenden hacia sus esperadas nuevas vidas, las comunidades locales se topan con dificultades para satisfacer las necesidades de las nuevas poblaciones.
Tras dormir en colchones sucios y en hamacas medio rotas, y de comer arroz, frijoles y carne picada, Rodríguez decidió este mes que ella y su perro Kiko pasarían unas semanas con unos amigos en el estado sureño de Río Grande do Sul.
Con una cinta en la cabeza, leggings y una pequeña mochila, Rodríguez se levantó temprano para recorrer a pie, en dos días, más de 100 kilómetros (62 millas) hasta una ciudad cercana de 27.000 habitantes. Allí espera poder ganar algo de dinero y tomar un bus al sur del país, para llegar a Estados Unidos algún día.
“Tengo que quedarme aquí hasta que sea más seguro irme”, apuntó Rodríguez. “No estoy muy contenta de quedarme (en Brasil) pero es lo que puedo hacer”.
Brasil ha visto pasar oleadas de migrantes hacia Norteamérica en la primera parte del año. Había indios, bengalíes, senegaleses y nigerianos, entre otras nacionalidades, dijo Rêmullo Diniz, coordinador de Gefron, la unidad policial del estado de Acre para operaciones fronterizas.
Cuando Biden anunció las nuevas medidas, muchos en esos grupos comenzaron a quedarse en sus países en lugar de viajar a Latinoamérica, de acuerdo con funcionarios del gobierno de Brasil y analistas independientes. Para los ciudadanos de la región, es más fácil: Brasil permite a los residentes de 10 países vecinos quedarse hasta dos años sin necesidad de visa.
El gobierno estadounidense dijo la semana pasada que las detenciones por entradas ilegales desde México cayeron más del 40% desde que se susupendió temporalmente la tramitación del asilo en la frontera el 5 de junio. Los arrestos cayeron a menos de 2.400 diarios por primera vez en la presidencia de Biden.
El estado de Acre ofrece una instantánea de la actitud de muchos migrantes, y plantea la posibilidad de que la región y otros puntos de descanso se conviertan en opciones a largo plazo.
Assis Brasil tiene poco que ofrecer a los migrantes salvo el refugio de madera donde se alojaba Rodríguez y un gimnasio escolar donde pueden dormir 15 hombres. Hay dos pequeños hoteles y una parada de autobús que utilizan las camionetas que cruzan a Perú. Cuenta con cinco restaurantes repartidos por su carretera principal, dos tiendas de comestibles y una heladería que ofrece sabores amazónicos como los elaborados con las frutas cupuaçu y taperebá. Los migrantes suelen pedir dinero en la única plaza de la ciudad.
Hay tres vuelos diarios a la capital estatal, Rio Branco, a donde Jay, de 21 años, llegó desde India con la intención de viajar a Estados Unidos para estudiar ingeniería.
Con una gorra blanca que decía “RÍO DE JANEIRO”, Jay, que no quiso revelar su apellido ni su ciudad natal, apuntó que “tardaría demasiado tiempo si me quedara sentado esperando” en India.
“Es un viaje largo, muy arriesgado. Pero es mi sueño estudiar allí y lo conseguiré”, afirmó.
El estado más occidental de Brasil es un enclave remoto en el medio de la selva, utilizado por turistas como parte de una ruta alternativa para visitar Cuzco, la capital del antiguo imperio inca en Perú.
Uno de los principales atractivos de Assis para los lugareños en sentarse en los bancos de su plaza, Senador Guiomard, a ver fútbol en televisión y comer asado. Los fundadores de esta pequeña ciudad llegaron a la Amazonía en 1908 para poner en marcha una plantación de caucho que, 50 años después, se convirtió en ciudad. No ha cambiado mucho desde entonces, a pesar de la carretera BR-317 que pasa por la zona, la única conexión terrestre entre Brasil y Perú. Cuando los residentes se aburren, algo que ocurre a menudo, van a la vecina ciudad peruana de Iñapari para tomar un trago, normalmente un pisco sour.
El venezolano Alexander Guedes Martinez, de 27 años, dijo que se quedará todo el tiempo que haga falta para conseguir más dinero y, quizás en un año, ir a Houston, donde tiene familia. Llegó con su pareja de 17 años y su bebé de cinco meses.
En el albergue de Assis Brasil donde se alojaban el mes pasado, apuntó que espera “regresar a Venezuela y conseguir documentos clave para intentar cruzar de mejor forma".
“Quiero ser más prudente por mi hija", contó. “Estar aquí ayuda”.
La patrulla estatal de Acre cuenta con unos 40 agentes para inspeccionar 2.600 kilómetros (1.615 millas) de frontera con Perú y Bolivia. Una carretera principal conecta los tres países, pero la policía local dice que muchos migrantes se mueven también a través de la selva, algunos de ellos portando drogas.
Miguel Hidalgo, un cubano de 52 años, trató de entrar en Estados Unidos hace años. Salió de la isla hacia Surinam y más tarde recaló en Brasil, de donde no piensa irse pronto.
“Me gusta Brasil. Llevo poco tiempo aquí, pero la gente no tiene prejuicios contra mi, la gente es encantadora", dijo. “Quiero vivir como un ser humano. No estoy pidiendo riquezas. Quiero vivir con tranquilidad, ayudar a mi familia en Cuba".
El gobernador de Acre, Gladson Camelli, dijo en un comunicado a The Associated Press que está preocupado por la posible llegada de más migrantes sudamericanos en breve.
“Nuestro gobierno ha intentado hacer su parte en el apoyo humanitario", apuntó.
El alcalde de Assis Brasil, Jerry Correia, también se alista para una mayor demanda. Su gobierno alimenta a unos 60 migrantes cada día y los votantes están descontentos en un año de elecciones municipales.
“Todo esto recae sobre nuestras espaldas. Esta es una política que tiene que ser gestionada por el gobierno federal", indicó Correia. “La gente no sabe lo que ocurre en nuestra frontera. Necesitamos que se nos vea".
CIDH otorga medidas cautelares a favor del manifestante del 11J, Julián Manuel Mazola Beltrán
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del preso político cubano Julián Manuel Mazola Beltrán tras contemplar que ha sufrido actos de violencia y agresión física, y que se encuentra desprotegido por parte de las autoridades penitenciarias.
La entidad continental considera que Mazola Beltrán está en una situación de gravedad y “sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Cuba”.
“Es muy importante que [la CIDH] haya tomado el caso, que le hayan prestado atención. Estas medidas cautelares de la CIDH dan visibilidad a mi hermano y lo ayudan a soportar el dolor de estar encarcelado injustamente, ya que él no cometió ningún crimen, solo manifestarse y pedir cambios, que, en ese momento, le hacían tanta falta al pueblo”, indicó a Martí Noticias, Yismely Morales Beltrán, la hermana del prisionero político.
El joven de 24 años fue apresado en las protestas del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, y sentenciado a cinco años de privación de libertad por atentado, desacato y desórdenes públicos.
“Yo pienso que debería hacerse con todos los presos encarcelados por esta misma causa, que la gran parte de los que están presos políticos hoy en día por el 11 son manifestantes que salieron a la calle para pedir cambios, medicinas y comida, ya que Cuba estaba en una situación bastante crítica y hoy seguimos igual y lo único que han hecho es tomar represalias con ellos”, dijo Morales Beltrán.
La Comisión, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos aceptó como verdaderas las alegaciones de que durante su detención fue sometido a una golpiza "brutal" y sujeto a la tortura conocida como "la bicicleta".
El 22 de marzo de 2024, se reportó el intento de violación de un recluso común contra el prisionero político que está recluido “con personas de alta peligrosidad”, lo que califica como una "forma de castigo" o "negligencia", de acuerdo a la organización.
Las autoridades cubanas sometieron a un nuevo proceso penal al agresor de Mazola, “pero no han comunicado cuando se va a hacer el juicio”, relató Morales Beltrán.
“Intentó violar a mi hermano, lo agredió con un hacha y lo mordió en varias partes del cuerpo y está preso por violación”, agregó.
Yismely Morales Beltrán fue advertida por agentes de la Seguridad del Estado que cese sus denuncias en redes sociales sobre la situación de su hermano, bajo la amenaza de que tales acciones podrían agravar sus condiciones en prisión.
En consecuencia, con las informaciones recibidas, la CIDH solicitó al gobierno cubano que investigue los presuntos hechos relatados en la resolución, que “implemente las medidas necesarias para que las condiciones de detención” de Mazola Beltrán se ajusten a los estándares internacionales y que se asegure que el preso político “no sea objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o actos de violencia”.
Asimismo, pidió que comunique las acciones que tomen en el sentido de proteger la integridad física de Mazola Beltrán. Sin embargo, el Estado cubano no ha respondido a las preguntas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿Dan marcha atrás a los precios topados en Cuba? La medida podría empeorar la economía, según expertos
Tras anunciar nuevos precios topados al sector privado en Cuba, las autoridades dieron marcha atrás. Expertos consultados dicen que el gobierno ha cedido la responsabilidad a los territorios para controlar los precios, que la medida es ineficaz y podría ser contraproducente para la economía.
Después de publicar un listado con los nuevos precios topados a seis productos de primera necesidad comercializados por el sector privado en Cuba, varios gobiernos locales dieron marcha atrás sin ofrecer explicaciones.
Las nuevas tarifas debían entrar en vigor el lunes 1 de julio pero el martes la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz, explicó que la medida no se implementaría porque era necesario "continuar los intercambios con los actores económicos, sobre las realidades que enfrentan en sus procesos de importación, transportación y comercialización".
Según dijo, necesitaban también atender "los estados de opinión de la población” y para ello las autoridades habían realizado unos 3400 encuentros con trabajadores privados.
El día anterior la Dirección de Inspección de Pinar del Río había anunciado en una nota publicada en redes sociales que las nuevas tarifas no se pondrían en marcha.
"Los municipios que publicaron los nuevos precios a partir de los análisis realizados con dichos actores, quedan sin efecto para su aplicación. La decisión está sujeta a estudios y aprobación para su adecuada puesta en vigor", precisaron.
Los topes de precios habían sido discutidos en una reciente reunión del Consejo de Ministros donde las autoridades dijeron que aplicarían una "política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos".
"Se implementarán regulaciones para acotar la ganancia en las compras de productos y pagos de servicios e insumos que realiza el sector estatal al no estatal; habrá que fomentar el encadenamiento y no ceder capacidades productivas", publicó el diario oficial Granma.
Un reporte del diario 14ymedio de este lunes indica que, al menos en una de las Micro, Pequeñas y Medias Empresas (Mipymes) que visitaron en La Habana, ni siquiera tenían conocimiento de la medida y los precios se mantenían igual que antes.
El asesor de emprendimiento privado Ángel Marcelo Rodríguez Pita explicó a Martí Noticias que "hasta la fecha el gobierno no ha interrumpido sus deseos de limitar y controlar los precios y ha cedido esa responsabilidad a los gobiernos locales (provinciales y municipales) para que desde allí se establezca una política de control de precios atendiendo a la necesidad de los territorios".
Las nuevas medidas, anunciadas por el Ministerio de Finanzas y Precios el pasado 27 de junio en una resolución publicada en la Gaceta Oficial, dejaban claro que “las entidades estatales, en el proceso de contratación económica con las formas de gestión no estatal para la adquisición de bienes y servicios acordarían precios y tarifas cuya tasa de utilidad máxima no exceda del treinta por ciento (30%) sobre el total de los costos y gastos”.
Rodríguez Pita dijo que "el gobierno considera que a través de eso interrumpirá el proceso inflacionario, algo que no va a lograr porque un control de precio en medio de un proceso inflacionario, manteniendo una tasa bancaria inferior a la tasa del mercado informal de divisas, lo que provoca es una contracción de la economía" .
Para el experto, esto podría llevar a la salida de los inversores y afectar la formación de empleos por parte del sector privado.
"Se cumple un ciclo que evidentemente provocará un mayor deterioro de las condiciones económicas del país y afectará a la administración pública, elevándose todavía más no solo la inflación, sino todo lo que tiene que ver con la conformación de precios", agregó el sociólogo.
El economista Omar Everleny comentó a Martí Noticias que "los precios no van a bajar por esa vía, lo harán cuando el Estado incentive la producción, que es lo fundamental. La economía no puede seguir bajo indicaciones coyunturales".
"Cuba tiene deformaciones estructurales y el gobierno tiene que darse cuenta", agregó.
El también economista cubano Pedro Monreal apuntó en la red social X que "las causas principales, aunque no las únicas, del desenfreno de precios en Cuba a partir del ordenamiento son dos: la baja capacidad de respuesta de oferta de la economía y un enorme déficit fiscal. En ambas causas el ministerio de finanzas y precios ha sido un actor clave".
"La contención de precios que se logra en documentos oficiales se convierte en inflación 'reprimida' que coexiste con desabastecimiento y con precios de mercado negro", agregó.
Este lunes, en un análisis sobre lo publicado por el diario Granma a partir de la reunión del Consejo de Ministros, Monreal aclaró que "si el equipo económico ministerial de veras considera que la inflación desatada desde el ordenamiento se debe a la especulación y no a las transformaciones estructurales que provocó el ordenamiento, entonces la van a tener muy difícil para resolver los entuertos actuales".
(Con reporte de Alejandro Marcano para Martí Noticias)
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