A punto de cumplirse un mes desde su regreso a Cuba, Denis Picos Rodríguez, de 14 años, lucha contra el insomnio; le han salido úlceras y apenas puede pronunciar palabras. En su mente, perduran las imágenes de sus amigos de la escuela, su hogar y el vecindario donde vivió durante dos años y medio en Charlotte, Carolina del Norte.
Se mueve de un lado a otro en un pequeño apartamento en La Habana, en el municipio Playa, sin saber qué hacer. Junto a sus padres, Guillermo Picos y Belkis Rodríguez, fue deportado el pasado 28 de marzo en un caso inusual: migrantes cubanos en libertad, pero con orden de deportación, fueron devueltos a su país de origen después de residir por más de dos años en los Estados Unidos y sin antecedentes penales.
El chico ha compartido varios vídeos en las redes sociales en inglés y español, pidiendo ayuda al presidente estadounidense Joe Biden. "Por favor, presidente Biden, ayúdenos a regresar para poder graduarme con mis amigos y realizar mis sueños como estudiante. Por favor, presidente".
Tenía 11 años cuando su familia ingresó a los Estados Unidos el 23 de noviembre de 2021 por la frontera de México con Arizona. Recibieron la notificación correspondiente de que debían presentar su caso familiar ante los tribunales de inmigración. Sin embargo, su solicitud de asilo fue denegada.
"Por favor, devuélvanos, por favor", repite una y otra vez Belkis, la madre. "Mi hijo no duerme, sigue despertándose por las noches, quiere estar con sus amigos, con sus maestros. Pido encarecidamente que nos devuelvan para que mi hijo pueda volver a la escuela".
El 16 de febrero de 2023 la familia tuvo que comparecer ante una audiencia en el Tribunal de Inmigración de Charlotte, ciudad donde residía. Sin embargo, el mismo día también fueron citados a la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
"Optaron por acudir primero a la cita con ICE, por lo que llegaron al tribunal aproximadamente 90 minutos después de que concluyera la audiencia. El juez Jeffrey Nance había dictaminado la deportación de la familia en ausencia", dijo la abogada Grisel Ybarra.
Con la ayuda de un buen samaritano, Guillermo, Belkis y Denis presentaron una moción explicando lo sucedido, para que el juez reabriera el caso. Sin embargo, el magistrado la denegó.
El 27 de marzo pasado, las autoridades de inmigración los citaron a los tres y quedaron detenidos, de inmediato fueron enviados a Miami y, menos de 24 horas más tarde, ya estaban en La Habana.
"Después de 2 años y medio en los Estados Unidos, pensamos que era para alguna noticia sobre 'parole' o residencia. Jamás imaginamos que era deportación", dijo Belkis.
La abogada hizo todo lo posible, pero era tarde. "Cuando me enteré, presenté una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Esta no frena la deportación, pero si los extranjeros están detenidos, ese órgano puede otorgar una suspensión de emergencia, que en este caso fue denegada, ya que cuando me informaron de la deportación, los tres ya esperaban un vuelo operado por ICE en Miami", comentó la abogada Ybarra.
Ellos afirman que ICE ocupó sus teléfonos celulares y no les permitió hacer llamadas telefónicas, ni siquiera a su abogada.
Según el Proyecto de Inmigración de la Cámara de Compensación de Acceso a Registros Transaccionales de Inmigración, de la Universidad de Syracuse, entre 2013 y 2018, los jueces de inmigración de Charlotte, Carolina del Norte, denegaron el 88% de los casos de asilo, lo que coloca a esa ciudad en el puesto 12 de las 54 ciudades estadounidenses con tribunales que más casos de asilo rechazan.
Ya deportados, la abogada Ybarra conoció y mostró a la prensa una citación de ICE para el 18 de abril recibida en la vivienda que habitaba la familia en Charlotte, para que comparecieran en sus oficinas, aclarando incluso que no se trataba de un trámite de deportación y que el menor no tenía que estar presente.
"El niño no deja de pensar en su graduación, nosotros al ver su estado no dormimos tampoco. Seguiremos adelante para ver si se revierte esta injusticia", dijo Guillermo desde La Habana. "Ningún funcionario cubano nos ha visitado. Nadie nos ha molestado", agregó.
En busca de una solución, la abogada Ybarra ha apelado a los políticos cubanoamericanos. La legisladora republicana María Elvira Salazar está al tanto del asunto.
"La oficina de la congresista ha establecido contacto con el despacho del Secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) Alejandro Mayorkas, para este caso. Aún estamos pendientes de una respuesta", dijo un portavoz de la legisladora a Martí Noticias.
En lo que va de año, La Habana ha recibido 476 personas en 32 operaciones de retorno desde diferentes países de la región, incluido Estados Unidos.
La Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) tiene previsto los procesos de deportación no sólo para aquellos que "presentan una amenaza" para la seguridad nacional y pública en Estados Unidos, sino también para quienes "socavan la integridad del sistema migratorio" de ese país.
En enero de este año, el abogado de inmigración Willy Allen señaló a Martí Noticias que se estima que entre 5.000 y 10.000 cubanos en todo Estados Unidos poseen la orden de deportación I-220-B y, aunque gozan de libertad, están obligadas a presentarse regularmente en una oficina de control migratorio.
Si un inmigrante o su representante consideran que su caso no cae bajo las prioridades de cumplimiento, detención o deportación de ICE, deben contactar a la oficina local de ERO para iniciar el proceso de revisión de su caso.
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