Cuba
DOCUMENTO: Informe de Human Rights Watch sobre detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos en Cuba
La organización Human Rights Watch presentó este martes, en Miami, el informe “Cuba: detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos” que a continuación reproducimos.
El gobierno cubano ha llevado a cabo, de forma sistemática, detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas abrumadoramente pacíficas de julio de 2021, señaló hoy Human Rights Watch. Los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta.
El 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles en todo el país para participar en manifestaciones históricas en protesta por las violaciones de derechos humanos que sufren hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19.
Las autoridades cubanas arrestaron a cientos de manifestantes y transeúntes, incluyendo críticos conocidos y ciudadanos de a pie. Muchos de los detenidos fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, incluyendo casos de violencia de género, y decenas fueron procesados mediante juicios que violaron las garantías más básicas del debido proceso. Al menos un manifestante falleció. Cientos siguen encarcelados o bajo reclusión domiciliaria, incluidos algunos menores de 18 años.
“Cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio, el gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso”, señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch.
“Manifestantes pacíficos y otros críticos han sido sistemáticamente detenidos, incomunicados, sometidos a abusos en condiciones carcelarias nefastas, y juzgados en procesos que son una verdadera farsa. Los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales”, agregó.
Human Rights Watch ha documentado en detalle violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos, contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas, así como en la Isla de la Juventud, que se considera un “municipio especial”.
Entre julio y octubre, Human Rights Watch entrevistó a más de 150 personas, entre ellas, activistas, víctimas, familiares, periodistas, y abogados con conocimiento directo de los casos; consultó documentos judiciales, multas impuestas a manifestantes, artículos de prensa y publicaciones de organizaciones de derechos humanos cubanas; y corroboró numerosos videos y fotos.
Los funcionaros implicados en abusos incluyen a miembros de los servicios de inteligencia, que en Cuba se conocen como “Seguridad del Estado”, las fuerzas militares, la policía nacional y la brigada especial del Ministerio del Interior conocida como “boinas negras”. Las “brigadas de respuesta rápida”, nombre por el que se conoce a grupos de civiles organizados por el gobierno, estuvieron implicados en varias golpizas. Jueces y fiscales, que en Cuba no tienen ninguna independencia respecto del gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos.
El 11 de julio, cuando empezaron las manifestaciones, el presidente Miguel Díaz-Canel instó a sus partidarios y fuerzas de seguridad a responder a las protestas con violencia. “Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución”, manifestó. “La orden de combate está dada”. Varias organizaciones indicaron que ese día hubo interrupciones del servicio de internet en todo el país, seguidas por conectividad intermitente, incluidas restricciones a las redes sociales. El gobierno cubano ha recurrido en reiteradas ocasiones a las restricciones de internet para limitar la posibilidad de los críticos de movilizarse.
Human Rights Watch determinó que los agentes detuvieron reiteradamente a manifestantes pacíficos y transeúntes e impidieron que muchas personas protestaran, arrestando a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones. Más de 1.000 personas fueron detenidas, según la organización cubana de derechos humanos Cubalex; de las cuales, más de 500 siguen encarceladas y muchas otras se encuentran bajo reclusión domiciliaria.
Diubis Laurencio Tejeda, un cantante de 36 años, murió el 12 de julio durante una manifestación en La Güinera, un barrio de bajos recursos en las afueras de La Habana. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una organización no gubernamental, señaló que un policía le disparó por la espalda. Nadie ha sido juzgado por su muerte.
La investigación de Human Rights Watch indica que las manifestaciones de julio fueron abrumadoramente pacíficas. Muchos manifestantes gritaron “¡Libertad!” o “Patria y Vida”, en referencia a una canción que desafía el eslogan del régimen, “Patria o Muerte”, y critica la represión en el país.
En los 130 casos documentados en detalle por Human Rights Watch, las autoridades cubanas acusaron solo a un puñado de detenidos de participar en actos violentos, la mayoría de las veces por arrojar piedras durante las protestas. En la mayoría de estos casos, los detenidos o sus familiares negaron que estos hayan incurrido en actos de violencia, y en todos ellos los procesos penales se vieron marcados por graves violaciones al debido proceso y las condenas solicitadas o impuestas por las autoridades cubanas contra los detenidos parecen infundadas y excesivas.
En la mayoría de los casos que documentó Human Rights Watch, los detenidos estuvieron incomunicados varios días o incluso semanas, fueron arrestados con violencia y en algunos casos recibieron maltratos durante la detención. Algunas víctimas fueron obligadas a hacer sentadillas desnudas, privadas del sueño, golpeadas brutalmente o encerradas en celdas sin luz natural donde señalaron que perdieron noción del tiempo. A otras se las amenazó con represalias contra ellas o sus familiares por protestar.
La mayoría de los detenidos fueron sometidos a interrogatorios abusivos y reiterados, a veces en medio de la noche, en los cuales a menudo se les preguntó por la “organización” y el “financiamiento” de las manifestaciones y se los amenazó con largas penas de prisión.
Gabriela Zequeira Hernández, una estudiante de 17 años, contó que fue detenida en San Miguel de Padrón, provincia de La Habana, cuando pasó caminando por un lugar donde había una manifestación el 11 de julio. Dijo que, una vez detenida, dos agentes mujeres la obligaron a hacer cinco sentadillas desnuda mientras tosía y se presionaba a sí misma el estómago. Una agente le ordenó que se inspeccionara su propia vagina con un dedo. Unos días después, un agente varón la amenazó con llevarla junto con dos hombres a la zona que se conoce como “pabellón”, donde los detenidos reciben visitas conyugales. Varias veces, los agentes la despertaron durante la noche para interrogarla, contó Zequeira, y le preguntaron por qué había protestado y quien la “financiaba”.
El 22 de julio, Zequeira Hernández fue condenada a ocho meses de cárcel por “desorden público”. Solamente se le permitió ver a su abogado particular pocos minutos antes de la audiencia. Un tribunal superior le permitió cumplir la pena bajo reclusión domiciliaria. Zequeira y su familia indicaron que no pudieron obtener copias de las sentencias.
Muchos detenidos fueron sometidos a celdas oscuras, hacinadas e insalubres con escaso acceso a agua limpia o mascarillas para evitar la propagación del coronavirus. Los casos positivos confirmados de Covid-19 alcanzaron algunos de los niveles más elevados en Cuba en julio y agosto. Varios manifestantes parecen haber contraído el virus en detención.
Muchos manifestantes pacíficos han sido condenados en procesos penales “sumarios” en los que no se respetaron garantías básicas del debido proceso. Los manifestantes fueron juzgados de forma grupal, con frecuencia de a más de 10 personas, en audiencias celebradas mayormente a puerta cerrada, en las cuales los fiscales a menudo los acusaron de delitos vagos e imprecisos, como “desorden público”, basándose únicamente en testimonios de agentes de las fuerzas de seguridad.
Las autoridades violaron sistemáticamente el derecho de los detenidos a un juicio justo. Los agentes habitualmente tardaron varios días en comunicar a los detenidos cuáles eran los motivos del arresto. Los familiares y abogados de los detenidos rara vez tuvieron acceso a los expedientes penales o a copias de las sentencias, lo cual hace prácticamente imposible que ejerzan una defensa legal. En los pocos casos en los cuales los detenidos contaron con representación legal, los abogados solo pudieron hablar con ellos unos pocos minutos antes del juicio.
El 19 de agosto, las autoridades cubanas informaron que 67 personas habían sido condenadas en relación con las protestas. En la mayoría de los casos, los manifestantes pacíficos fueron condenados a entre 10 meses y un año de cárcel, aunque algunos fueron enviados a reclusión domiciliaria tras apelación o fueron liberados después de pagar una multa, según comprobó Human Rights Watch.Descripciones de los casos de manifestantes detenidos por el gobierno cubano, julio de 2021
Descripciones de los casos de manifestantes detenidos por el gobierno cubano, julio de 2021 |
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Todos los casos se basan en relatos directos de la víctima, sus familiares o su abogado. Cuando fue posible, Human Rights Watch consultó documentos judiciales y multas impuestas a los manifestantes, y verificó fotos y videos que corroboran los testimonios. Los casos documentados por Human Rights Watch representan apenas una fracción de la cantidad total de violaciones de derechos humanos que cometió el gobierno cubano durante las manifestaciones de julio. Las investigaciones de Human Rights Watch indican que las manifestaciones de julio se desarrollaron de forma abrumadoramente pacífica. De los 130 casos que documentó Human Rights Watch, las autoridades cubanas acusaron solamente a unas pocas de las personas detenidas de participar en actos de violencia (en general, de arrojar piedras durante las protestas). En la mayoría de estos casos, las personas detenidas o sus familias negaron haber participado en actos de violencia, y en todos los casos los procesos penales se vieron afectados por graves violaciones a las garantías del debido proceso y las penas solicitadas o impuestas por las autoridades cubanas contra los detenidos parecen ser excesivas. |
| Las descripciones de los casos se actualizaron por última vez el 30 de septiembre de 2021. |
| Lista completa de los casos que documentó Human Rights Watch en: https://www.hrw.org/es/video-photos/interactive/2021/10/18/descripciones-de-los-casos-de-manifestantes-detenidos-por-el |
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Autoridades permiten visita en prisión de Arzobispo de Santiago de Cuba a José Daniel Ferrer
La asistencia religiosa tuvo lugar el pasado 7 de septiembre y duró alrededor de dos horas. Mons. García Ibáñez estuvo acompañado por el padre Camilo de la Paz, a cargo de la Pastoral Penitenciaria, confirmó la esposa de Ferrer.
“Un aliento de que alguien, persona de Dios, haya podido verlo... después de tanto tiempo”, dijo Nelva Ortega Tamayo tras la visita a su esposo, el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer, del Arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Dionisio García Ibáñez.
La esposa de Ferrer supo por el religioso que el prisionero político "emocionalmente, está fortalecido, siempre con Dios, y que físicamente le vio estable, compensado con respecto a otras veces, pero, exactamente, la parte de la salud no está bien", señaló este lunes en conversación con Martí Noticias.
Entre los problemas de salud que mencionó Ferrer al religioso, según Ortega, el preso de conciencia está padeciendo de acidez, dolor estomacal y un brazo "prácticamente tumbado".
Ortega confirmó que la asistencia religiosa tuvo lugar el pasado 7 de septiembre, y que duró alrededor de dos horas. Mons. García Ibáñez estuvo acompañado por el padre Camilo de la Paz, a cargo de la Pastoral Penitenciaria.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las protestas populares que ocurrieron ese día en Santiago de Cuba. Desde el 14 de agosto de 2021, permanece recluido en una celda en solitario, dijo su esposa.
"Él sí es firme. Se han mantenido el acoso, la represión y las amenazas de que se recuerde que puede pasar toda su vida en prisión si no decide salir del país, y él ha dejado bien claro que prefiere morir dentro antes que salir" al destierro, afirmó Ortega en referencia al ofrecimiento de las autoridades de exilio forzoso al opositor a cambio de su liberación.
Según refiere su esposa, el preso político sigue exigiendo sus derechos a las llamadas telefónicas y las visitas familiares, suspendidas desde hace más de un año y medio, con excepciones de visitas breves como la de marzo pasado, en las que sus carceleros accedieron permitir a su hija, Fátima Victoria Ferrer Cantillo, visitarlo brevemente y así constatar que no estaba muerto, como se rumoraba en las redes sociales.
Esposa de José Daniel Ferrer agradece el apoyo del Parlamento Europeo
“Quieren silenciarle a toda costa, enterrándolo en vida y matándolo lentamente”, denunció Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, en un video en el que agradece a los europarlamentarios por su compromiso con la liberación del líder opositor y otros presos políticos cubanos.
La esposa del preso político cubano José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), expresó en un video su profundo agradecimiento por la intervención del diputado Gabriel Matos durante una sesión del Parlamento Europeo la semana pasada, y por el apoyo de todos los eurodiputados y grupos políticos para lograr la libertad de Ferrer.
La doctora Nelva Ismaray Ortega enfatizó en el video la importancia del apoyo recibido por parte del Parlamento Europeo para abogar por una resolución de emergencia y respaldar la nominación de Ferrer al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que otorga el ente legislativo. Ortega afirmó que esta iniciativa es crucial para visibilizar la "grave situación" que enfrenta su esposo en prisión.
"La firmeza con la que defienden los valores democráticos y de libertad que compartimos refuerza nuestra lucha por su liberación. Es importante este apoyo para que el régimen sepa que el mundo está al tanto del caso de los abusos contra mi esposo", dijo la esposa de Ferrer.
El líder de UNPACU ha soportado el aislamiento en prisión durante más de un año y medio, tiempo en el que ha sido privado de beneficios penales como las llamadas telefónicas y las visitas de sus familiares.
La esposa del prisionero político destacó las condiciones "inhumanas, crueles y degradantes" que este enfrenta, incluyendo tortura física y psicológica, sin una alimentación adecuada y falta de acceso a la atención médica y dental.
El 3 de septiembre pasado, las autoridades volvieron a negarle el derecho a la visita familiar a Ferrer, según denunció su esposa tras acudir en la fecha programada a la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba, junto a dos de los hijos del opositor.
“Quieren silenciarle a toda costa, enterrándolo en vida y matándolo lentamente”, denunció Ortega en el mensaje publicado este domingo.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las protestas populares que ocurrieron ese día en Santiago de Cuba. Desde el 14 de agosto de 2021, permanece recluido en una celda en solitario.
Ortega subrayó que, “de haber cometido algún delito, que no es el caso", Ferrer debió haber sido liberado el pasado 1 de abril. En esa fecha, expiró una condena de 4 años de prisión impuesta al opositor santiaguero por supuestamente haber violado los requisitos de limitación de libertad que recaían en su contra desde el año 2020.
Sin embargo, el régimen cubano, "de forma abierta y desafiante, lo mantiene en prisión incomunicado", luego de haber cumplido una "injusta y arbitraria" sentencia, replicó.
La esposa del opositor pidió que la comunidad internacional adopte serias medidas para que el régimen de la isla libere a Ferrer y a todos los presos políticos en condiciones similares, especialmente a las prisioneras de conciencia que "son madres de familia y ni siqquiera pueden ver a sus hijos", apuntó.
La esposa de Ferrer reiteró el agradecimiento a los europarlamentarios, "por su firme compromiso con los derechos humanos y la libertad".
"Confiamos en que su liderazgo será determinante para lograr una resolución para presionar al régimen cubano y lograr la liberación de mi esposo, José Daniel Ferrer García, y de todos los presos políticos que siguen en condiciones inhumanas", concluyó Ortega.
Ferrer fue condenado a 25 años de prisión durante laPrimavera Negra de Cuba de 2003, y excarcelado bajo licencia extrapenal tras un acuerdo entre Raúl Castro, la Iglesia Católica y el Gobierno de España. El líder opositor se negó entonces al destierro y permaneció en el país, donde continuó su activismo. Ha sido declarado “prisionero de conciencia” en tres ocasiones por la organización Amnistía Internacional.
"Nos matan a nuestros hijos", alerta madre de presos del 11J Jorge y Nadir Martín Perdomo
Martha Perdomo alertó a los familiares de presos políticos en Cuba a seguir de cerca las condiciones de sus presos en las cárceles del régimen, donde sus vidas corren peligro.
La madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo denunció este sábado las críticas condiciones de vida que enfrentan sus dos hijos en los campamentos de trabajo forzado de Bainoa y Quivicán, en Mayabeque, donde ambos sufren problemas de salud, y alertó a otros familiares de presos políticos a mantenerse activos por su liberación.
La mujer supo el miércoles que Jorge ha estado enfermo, con fiebre, en el campamento Ho Chi Minh, de Bainoa, en Jaruco, pero no fue hasta verlo este sábado, durante la visita reglamentaria, que corroboró su real estado. Entre lágrimas, Martha contó en una transmisión en vivo en redes sociales que el joven ha bajado más de 10 libras de peso en menos de dos semanas.
El preso político sufre de fiebre, inapetencia y náuseas. Según el diagnóstico de médicos que lo vieron en prisión el viernes, tendría "bronquitis aguda", lo que, señaló la madre, requiere tratamiento con antibióticos, alimentación adecuada, higiene y reposo.
La mujer denunció las condiciones en las que su hijo permanece en prisión. Al negarse a trabajar en protesta por su injusto encarcelamiento, Jorge Martín Perdomo pasa horas encerrado junto a otros reos en el anfiteatro de la prisión, un lugar con filtración de aguas albañales y en medio del sofocante calor del verano, describió Martha.
En el lugar, añadió, hay un baño sin puerta con la suciedad acumulada de días, que no se limpia, y los reos no pueden ni sentarse en el piso, mojado del agua contaminada.
Por otro lado, su hijo Nadir, preso en un campamento de trabajo forzado en Quivicán, Mayabeque, padece de una enfermedad que requiere cuidados especiales, incompatibles con el régimen carcelario, denunció. Desde hace un tiempo, Nadir, al igual que Jorge, "está con arqueadas (náuseas), y ¡que a mí no se me metan cosas en la cabeza!", dijo Martha.
Una endoscopia reciente arrojó que Nadir tiene el hígado inflamado, detalló la madre.
"Por eso les digo a los familiares de los presos políticos: manténgase activos con sus presos en cárceles, porque nos matan a nuestros hijos.
Los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron condenados a 8 y 6 años de prisión, respectivamente, por participar en las históricas protestas de descontento popular que tuvieron lugar en Cuba en julio de 2021, en su caso, en el pueblo de San José de las Lajas, en Mayabeque.
Marta ha denunciado en varias ocasiones que sus hijos han sido torturados en prisión. "Mi familia cambió por completo con el encarcelamiento de mis hijos, es demasiado fuerte, es muy desgastante, pero mientras me quede sangre en mis venas, seguiré luchando por ellos”, aseguró el año pasado en una entrevista con Martí Noticias.
Entre el 1ro de marzo de 2023 y el 31 de mayo de 2024, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró 739 violaciones a reclusos relacionadas con problemas de salud y falta de atención médica.
Según la organización, son frecuentes en las prisiones cubanas los brotes de tuberculosis, dengue, sarna, diarreas, enfermedades respiratorias y de la piel, así como plagas de roedores, chinches y otros insectos, "que por lo general no son debidamente tratadas por las autoridades penitenciarias".
Ni guaguas ni trenes, Pinar del Río frena todo el transporte público
La estatal Dirección Provincial de Transporte y el Grupo Empresarial de Transporte de la más occidental de las provincias cubanas anunciaron la paralización de los viajes en ómnibus y trenes en Pinar del Río.
Los pinareños enfrentarán desde este sábado mayores dificultades para transitar de un punto a otro de la provincia, luego de que fuera decretada desde este sábado la paralización de todo el transporte público.
En redes sociales, donde fue divulgada la información, el usuario Jorge Andrés Naranjo Gámez llamó la atención de que esta media congelará todo tipo de eventos escolares y laborales.
"Y todas las personas que trabajan en hospitales, policlínicos, escuelas y centros de importancia qué van a hacer", se preguntó.
La estatal Dirección Provincial de Transporte y el Grupo Empresarial de Transporte de la más occidental de las provincias cubanas anunciaron que la medida obedece a "dificultades que presenta el suministro de combustible en el país".
Sin embargo, la semana pasada trascendió que Cuba se mantiene como un destino clave de las exportaciones petroleras de Venezuela. Un total de 51 embarques cargados de crudo venezolano, combustibles, subproductos petroleros y productos petroquímicos partieron de las aguas del país el mes pasado con Asia nuevamente como principal destino, seguido de Estados Unidos, Europa y Cuba.
El periódico provincial de Pinar del Río explicó que "las rutas que transportan pasajeros desde la cabecera provincial hasta el resto de los municipios sólo saldría en la tarde del viernes con retorno este mismo día hasta que las condiciones permitan el restablecimiento de este servicio".
De igual forma informan que el tren con salida Pinar de Río -La Habana queda suspendido.
También anunciaron que el tren con salida Pinar Río-Guane, que transporta a estudiantes hacia el municipio Guane permanecerá en ese destino hasta el día 16 "para retomar su salida habitual ese día".
El Ministerio de Transporte anunció recientemente que una flotilla de 20 triciclos eléctricos estaría dando servicio a la capital provincial, transportando a un promedio de 3400 pasajeros diarios.
"Fuerza paramilitar al servicio de dictadores", así calificó a la UNEAC un escritor cubano en su carta de renuncia
El escritor y humorista cubano Jorge Fernández Era denunció a la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba como un instrumento represivo del régimen comunista y fue respaldado por reconocidas figuras de la cultura cubana.
Como una "fuerza paramilitar al servicio de dictadores" calificó a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba el intelectual cubano Jorge Fernández Era, en una carta pública en la que anunció su renuncia a esa institución.
Indignado por la reciente expulsión de la UNEAC de la profesora y académica matancera Alina Bárbara López Hernández, el humorista hostigado por las autoridades cubanas denunció que con esta acción la organización de escritores y artistas "se suma a capítulos tan repugnantes como las UMAP, la Parametración, la Primavera Negra, el manotazo del ministro..., que no representan otra cosa que la consecución al pie de la letra de la excluyente máxima “Con la Revolución todo, contra la Revolución nada”.
En su carta dirigida a la Presidencia de la UNEAC, que actualmente ocupa la musicóloga Marta Bonet de la Cruz, el escritor les increpa: "La “Revolución” que honran ustedes con semejante sanción es la misma que defienden el Partido que nos malgobierna y los esbirros que pretenden acallar voces incómodas como las de Alina. Ellos violan con descarada impunidad derechos que nos otorga la Constitución y normas legales dictadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Con su complicidad, la Uneac se devela como la fuerza paramilitar que es, al servicio de los dictadores de turno".
Fernández Era recuerda que la UNEAC se ha plegado "de la manera más servil" a las acusaciones que le hacen tanto a él como a Alina Bárbara "quienes temen al debate y a la polémica y acuñan el término “contrarrevolución” a cuanto amenaza la estabilidad de la complacencia y la mentira".
La carta de renuncia del humorista recibió en redes sociales el respaldo de otros miembros del gremio intelectual y artístico. Como las académicas Ines Casal, Jenny Pantoja, Carmen Lezcano; los humoristas Omar Franco y Rigoberto Ferrera; los cineastas Ricardo Figueredo Oliva y Manuel Alejandro Rodríguez, el crítico de arte Antonio Enrique González Rojas, el escritor Jorge Angel Pérez y la investigadora Miryorly García.
En agosto de 2020, la UNEAC expulsó al escritor e investigador camagüeyano Pedro Armando Junco López, luego de que publicara una exhortación al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y llamara a Cuba un sistema autocrático.
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