El 2 de mayo del 2019, después de haber permanecido en suspenso durante más de 20 años, Washington activó el Título III de la Ley Helms-Burton.
La medida permitió que los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, pudieran demandar ante cortes del país a las compañías cubanas y extranjeras con inversiones en la isla por traficar con propiedades que fueron confiscadas sin compensación para sus dueños, tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959.
Días antes, el 17 de abril, durante una conferencia de prensa, el secretario de Estado, Mike Pompeo, había dicho que era una oportunidad de hacer justicia.
"A partir del 2 de mayo, en virtud del Título III de la ley LIBERTAD, los ciudadanos de Estados Unidos podrán presentar demandas contra las personas que comercian con propiedades confiscadas por el régimen cubano. Después de más de 22 años de retrasos, los norteamericanos finalmente tendrán una oportunidad de justicia", anunció en su perfil oficial de Twitter el secretario de Estado.
Además señaló que una de las principales razones para imponer el Título III era que el régimen cubano había exportado durante años su opresión a Venezuela, y que los servicios de inteligencia cubanos mantenían al gobernante venezolano Nicolás Maduro en el poder.
Añadió que el comportamiento de Cuba "socava la estabilidad de los países del hemisferio occidental y representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos".
Sin embargo, en ocasión de cumplirse el primer aniversario de la activación del Título III, algunos expertos han dicho que la medida no ha logrado los objetivos de la administración.
John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba, una entidad privada que monitorea las relaciones económicas bilaterales, afirmó en entrevista con Radio Televisión Martí que probablemente la administración del presidente Donald Trump esperaba que, como consecuencia de la activación del Título III, hubiese un número sustancial de demandas, cosa que no ha ocurrido.
Mientras tanto, se ha visto algo que no se esperaba: que los objetivos de las demandas han sido primordialmente las compañías estadounidenses. De un total de 76 compañías nombradas como demandadas en los litigios del Título III durante el último año, casi 50 han sido compañías estadounidenses, incluidas American Airlines, Visa, Mastercard, Amazon, Travelocity y Expedia.
“La razón primordial por la que más empresas estadounidenses han sido demandadas es porque son blancos más fáciles con respecto a las provisiones del Acta Libertad por dos razones: primero, si se va a demandar a una compañía cubana, se tendrá problemas con asuntos de inmunidad soberana (…) Y la segunda es que la jurisdicción donde esté no tenga bienes que se puedan identificar y obtener fácilmente”, explicó Kavulich.
De acuerdo con John Bellinger, abogado y exasesor jurídico del Consejo de Seguridad Nacional, ninguno de los acusados de Estados Unidos alquila u opera propiedades en Cuba. Algunos, como American Airlines, ofrecen viajes a Cuba de conformidad con las licencias emitidas por el Departamento del Tesoro, mientras que otros, como Visa, Mastercard y Expedia, simplemente brindan servicios de viaje o financieros a las personas que viajan a Cuba.
Bellinger opinó en un artículo para el National Law Journal que los tribunales de Estados Unidos ahora tendrán que lidiar con cuestiones legales complejas, como juzgar si procesar un pago con tarjeta de crédito para un viajero a Cuba o aterrizar en un aeropuerto cubano constituye "tráfico".
Sobre los resultados de la activación del Título III sobre Cuba, Kavulich expresó que la medida ha creado “una neblina sobre la isla” y que las compañías, los gobiernos y las instituciones financieras interesados en Cuba ahora están indecisos, así que el mero hecho de permitir el Título III ha impactado negativamente a la isla.
Pero añadió que la activación no ha tenido tantos efectos como otras medidas que ha tomado la administración del presidente Trump, como las restricciones a los viajes, remesas, transacciones financieras o exportaciones.
Consulte el texto de la Ley Helms-Burton
La ley fundamental de Estados Unidos para Cuba es la de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba de 1996, o Helms-Burton, que codifica en una sola legislación todas las disposiciones del embargo y las condiciones para su levantamiento.
