El interrogatorio a que fue sometida la periodista investigadora cubana Mónica Baró reafirma que la Seguridad del Estado sigue buscando todos los resquicios jurídicos y todas las regulaciones oficiales disponibles para llevar al plano de la ilegalidad el ejercicio del periodismo independiente en Cuba.
La resolución invocada esta vez por la policía política fue emitida nada menos que por el Ministerio de Comercio Exterior, y regula “la cooperación internacional entre organizaciones de distinto tipo cubanas y organizaciones no gubernamentales” del extranjero, según cuenta la reportera.
Baró fue citada a comparecer hace una semana en la sede de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en la 3ra Avenida y la calle 110, en La Habana, y allí la interrogaron dos oficiales del Ministerio del Interior (MININT) que se identificaron como el mayor Ernesto y el mayor David.
Organizada por el Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, la periodista dio el miércoles una charla en vivo a través de Facebook en la cual relató con detalles la discusión que sostuvo con sus interrogadores.
El tema principal, contó Baró, no fue tanto su periodismo como “las fuentes de financiamiento” del medio para el cual trabaja, la revista digital El Estornudo. El mayor Ernesto le dijo que ella había sido citada allí porque estaba violando leyes, y la investigadora le explicó entonces por qué hay leyes que son ilegales.
“Esas leyes que nosotros estamos violando en primer lugar son leyes que están violando nuestros derechos, son derechos humanos universales e inalienables; entonces en mi criterio –fue lo que le dije al mayor-- esas leyes no pueden estar por encima de derechos humanos”, relató Baró en su charla de Facebook.
Cuando las leyes son injustas hay que transformarlas de alguna manera, y a veces la manera de transformar esas leyes es ejerciendo los derechos que esas leyes están negando, les explicó la periodista investigadora a los oficiales del MININT.
“Yo no quiero, y se lo dije al mayor Ernesto, yo no quiero infringir ninguna ley, no es algo que me propongo: sencillamente yo no tengo personalidad jurídica en Cuba, yo no estoy acreditada como periodista, no tengo una licencia para ejercer”, explicó la reportera.
Si ellos nos legalizaran, nos permitieran inscribirnos, mañana mismo yo voy y pago mis impuestos como cualquier periodista y cumplo todas las leyes que haya que cumplir, aseguró. Lejos de estar en aquel interrogatorio por haber violado una ley, ella estaba allí porque en su país no hay libertad de prensa ni libertad de expresión, le dijo Baró al mayor Ernesto.
“Lo primero para que me exijan a mí cumplir una resolución del Ministerio de Comercio Exterior es que legalicen El Estornudo; es que permitan registrarse El Estornudo como un proyecto periodístico independiente”, subrayó.
Una petición en el sitio Avaaz.org que pide derogar el Decreto Ley 370, la llamada Ley Azote, reclama precisamente en su punto 8 el “otorgamiento de personalidad jurídica a la prensa independiente”.
El periodismo es un trabajo, y cuando se trabaja para un proyecto independiente el periodista tiene que cobrar “para vivir y para producir” sus historias, dijo la reportera. El Estornudo ni siquiera tiene una redacción, “no hay una oficina, no hay un carro, no hay una grabadora; todo lo hacemos con nuestros propios recursos, y eso por supuesto que lleva dinero”.
Ante el argumento esgrimido por sus interrogadores de que “el que paga manda”, la periodista dejó claro –y lo está escribiendo para publicarlo– que las fuentes de financiamiento de El Estornudo no interfieren en su contenido, ni en su agenda ni en las decisiones editoriales, y mucho menos en sus artículos de opinión.
“Yo le decía al mayor Ernesto: ¿entonces usted considera que la Unión Europea manda a Cuba porque ha dado millones de dólares por programas de cooperación?”, cuenta Baró. “No nos pueden exigir deberes si no nos reconocen derechos”.
Es dramática la cantidad de periodistas independientes que han tenido que irse de Cuba como resultado de la presión y de la falta de garantías para el ejercicio del periodismo, comenta Baró en su charla de Facebook.
“Una de las estrategias que está funcionando muy bien es esta intimidación, que es como un gotero, o sea, no te asesinan; jamás comparo con México, porque no hay nada más preciado que la vida de un ser humano”, dice. “No pasa lo que pasa en Honduras, no enfrentamos ese tipo de violencia, pero es una violencia y una represión mucho más sofisticada que al final te desgasta también, y al final psicológicamente te destruye, y hace que la gente termine desistiendo de la profesión o termine yéndose a otro país”.
Al final del interrogatorio los agentes llamaron a dos inspectores y le impusieron una multa de tres mil pesos por violar el Inciso I del Artículo 68 del Decreto Ley 370. “No quise firmarla, tampoco pienso pagarla”, escribió luego la periodista en su página de Facebook.
