Evo Morales, se ha sumado a la larga lista de déspotas del hemisferio que niegan el salvoconducto a los asilados para que puedan abandonar el país, situación que convierte al internado en un rehén del gobierno.
El senador opositor Roger Pinto cumplió un año secuestrado en la embajada brasileña porque el gobierno de Bolivia no le concede la autorización necesaria para salir del país.
La oposición boliviana acusó al canciller brasileño Antonio Patriota de la situación que enfrenta el legislador. Numerosos analistas consideran que el gobierno de Brasil no ha ejercido la presión necesaria para que La Paz conceda el salvoconducto a Pinto, lo que testimonia que la mutua protección, el silencio cómplice o un dejar hacer, siguen siendo una práctica regular entre los gobiernos de nuestro continente.
Los mandatarios latinoamericanos continúan escondiendo la cabeza en la ignominia, los avestruces al menos lo hacen en la tierra, cuando sus colegas actúan contra los derechos de sus propios ciudadanos.
Son contadas las excepciones en las que un presidente latinoamericano en ejercicio cuestiona o critica a un homólogo. La doble moral, en este caso llamada diplomacia o no intervención, prima sobre el derecho y el más elemental sentido de justicia, valores que no deberían reconocer fronteras, alianzas políticas o factores económicos.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff una mujer que fue perseguida por la Junta Militar de Brasil, que debería tener una especial sensibilidad ante estas situaciones, no ha actuado con firmeza en la defensa de un perseguido político, una actitud en cierta medida contraria a la propia constitución brasileña que consagra el derecho de asilo en su artículo cuarto.
El legislador Pinto presentó un recurso de habeas corpus extraterritorial ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil para qué el gobierno de Rousseff hiciera prevalecer el asilo político que le concedió en mayo del pasado año.
Por su parte el senador brasileño Álvaro Días denunció a Bolivia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos reclamando garantías para que el senador asilado, quien solo puede recibir visitas de familiares muy allegados, abogados y su médico, pueda viajar a Brasil.
Días, en su declaración destaca la criminalización de la justicia en Bolivia y su dependencia del poder ejecutivo, una práctica regular en todos los países del denominado Socialismo del Siglo XXI.
También acusa entre otros al presidente Evo Morales y al vicepresidente, Álvaro García Linera por la situación que sufre el senador Pinto, que en su momento denunció el nepotismo del gobierno, la posible participación de entidades oficiales en el narcotráfico, la brutalidad policial y el control que ejerce el ejecutivo sobre el poder judicial.
El senador Días imputó al gobierno boliviano de haber arrestado a 12 aficionados del equipo brasileño de futbol Corinthians en represalia por el asilo que Brasil concedió al senador.
Los 12 fanáticos del equipo brasileño se encuentran detenidos en Oruro, Bolivia, por su presunta participación en la muerte del adolescente Kevin Beltrán Espada, alcanzado por una bengala que le causó la muerte, a pesar de que otro fanático del equipo se declaró culpable del incidente.
Varios legisladores brasileños han manifestado preocupación e interés en la situación de sus compatriotas presos en Bolivia y los cancilleres de La Paz y Brasilia, reunidos en Cochabamba, acordaron conformar una comisión binacional encargada de buscar solución al caso Pinto, sin embargo el canciller boliviano, David Choquehuanca, ratificó la postura de su gobierno y dijo que no era viable conceder el salvoconducto al refugiado.
A su vez el presidente Morales dijo que el proceso está en los tribunales y que estos son independientes, agregó que el caso no ha afectado "para nada" a las relaciones con Brasil que, según afirmó son "muy fluidas".
La confabulación entre gobiernos es una realidad. Recordemos la estrecha colaboración entre la dictadura militar argentina con el totalitarismo castrista en las reuniones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
Las dos dictaduras se asociaron para evitar ser condenadas por las tropelías que la una y otra cometían contras sus respectivos pueblos. Dos regímenes de políticas e ideologías absolutamente antagónicas fueron capaces de prestarse apoyo mutuo para lograr sobrevivir. La extinta Unión Soviética tuvo un importante rol en esta sucia componenda.
No pocos gobernante consideran importante pasar por alto los abusos y errores de sus colegas, ya que esperan que sus homólogos tengan igual nivel de compresión si ellos se vieran precisado a actuar fuera del marco de los derechos ciudadanos, un oportunismo que viene afectando los cimientos de la solidaridad hemisférica, y en consecuencia la credibilidad de los políticos y la confianza de los ciudadanos en la democracia.
El senador opositor Roger Pinto cumplió un año secuestrado en la embajada brasileña porque el gobierno de Bolivia no le concede la autorización necesaria para salir del país.
La oposición boliviana acusó al canciller brasileño Antonio Patriota de la situación que enfrenta el legislador. Numerosos analistas consideran que el gobierno de Brasil no ha ejercido la presión necesaria para que La Paz conceda el salvoconducto a Pinto, lo que testimonia que la mutua protección, el silencio cómplice o un dejar hacer, siguen siendo una práctica regular entre los gobiernos de nuestro continente.
Los mandatarios latinoamericanos continúan escondiendo la cabeza en la ignominia, los avestruces al menos lo hacen en la tierra, cuando sus colegas actúan contra los derechos de sus propios ciudadanos.
Son contadas las excepciones en las que un presidente latinoamericano en ejercicio cuestiona o critica a un homólogo. La doble moral, en este caso llamada diplomacia o no intervención, prima sobre el derecho y el más elemental sentido de justicia, valores que no deberían reconocer fronteras, alianzas políticas o factores económicos.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff una mujer que fue perseguida por la Junta Militar de Brasil, que debería tener una especial sensibilidad ante estas situaciones, no ha actuado con firmeza en la defensa de un perseguido político, una actitud en cierta medida contraria a la propia constitución brasileña que consagra el derecho de asilo en su artículo cuarto.
El legislador Pinto presentó un recurso de habeas corpus extraterritorial ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil para qué el gobierno de Rousseff hiciera prevalecer el asilo político que le concedió en mayo del pasado año.
Por su parte el senador brasileño Álvaro Días denunció a Bolivia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos reclamando garantías para que el senador asilado, quien solo puede recibir visitas de familiares muy allegados, abogados y su médico, pueda viajar a Brasil.
Días, en su declaración destaca la criminalización de la justicia en Bolivia y su dependencia del poder ejecutivo, una práctica regular en todos los países del denominado Socialismo del Siglo XXI.
También acusa entre otros al presidente Evo Morales y al vicepresidente, Álvaro García Linera por la situación que sufre el senador Pinto, que en su momento denunció el nepotismo del gobierno, la posible participación de entidades oficiales en el narcotráfico, la brutalidad policial y el control que ejerce el ejecutivo sobre el poder judicial.
El senador Días imputó al gobierno boliviano de haber arrestado a 12 aficionados del equipo brasileño de futbol Corinthians en represalia por el asilo que Brasil concedió al senador.
Los 12 fanáticos del equipo brasileño se encuentran detenidos en Oruro, Bolivia, por su presunta participación en la muerte del adolescente Kevin Beltrán Espada, alcanzado por una bengala que le causó la muerte, a pesar de que otro fanático del equipo se declaró culpable del incidente.
Varios legisladores brasileños han manifestado preocupación e interés en la situación de sus compatriotas presos en Bolivia y los cancilleres de La Paz y Brasilia, reunidos en Cochabamba, acordaron conformar una comisión binacional encargada de buscar solución al caso Pinto, sin embargo el canciller boliviano, David Choquehuanca, ratificó la postura de su gobierno y dijo que no era viable conceder el salvoconducto al refugiado.
A su vez el presidente Morales dijo que el proceso está en los tribunales y que estos son independientes, agregó que el caso no ha afectado "para nada" a las relaciones con Brasil que, según afirmó son "muy fluidas".
La confabulación entre gobiernos es una realidad. Recordemos la estrecha colaboración entre la dictadura militar argentina con el totalitarismo castrista en las reuniones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
Las dos dictaduras se asociaron para evitar ser condenadas por las tropelías que la una y otra cometían contras sus respectivos pueblos. Dos regímenes de políticas e ideologías absolutamente antagónicas fueron capaces de prestarse apoyo mutuo para lograr sobrevivir. La extinta Unión Soviética tuvo un importante rol en esta sucia componenda.
No pocos gobernante consideran importante pasar por alto los abusos y errores de sus colegas, ya que esperan que sus homólogos tengan igual nivel de compresión si ellos se vieran precisado a actuar fuera del marco de los derechos ciudadanos, un oportunismo que viene afectando los cimientos de la solidaridad hemisférica, y en consecuencia la credibilidad de los políticos y la confianza de los ciudadanos en la democracia.
