En el congreso de Estados Unidos se viene estudiando varias resoluciones sobre Ucrania, que exigen democracia y respeto a los derechos humanos.
Una de estas resoluciones exige la libertad inmediata de Yulia Timoshenko, la ex premier de Ucrania que ahora espera un nuevo juicio y la amenaza de cadena perpetua y el ex ministro del Interior, Yuri Lutsenko, condenado a 4 años de cárcel en similar proceso.
La otra resolución es para sancionar a los funcionarios ucranianos que violan los derechos humanos y están encargados de la persecución política en Ucrania.
Y es que hace meses el influyente senador John McCain viene con impaciencia hablando en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta de la erosión en Ucrania de los derechos humanos y del aumento de la interferencia de Rusia en los asuntos internos. McCain se reunió esta semana con Eugenia Timoshenko, hija de Yulia, y con el canciller ucraniano Borys Tarasyuk.
En reciente entrevista con el servicio ucraniano de la Voz de América el legislador por Arizona destacó que "la Comisión de Relaciones Exteriores estudiará el asunto.
Difícil de predecir cuál será el resultado, pero estamos muy preocupados por la situación de la violación de los derechos humanos y el estado de la democracia en Ucrania”, al tiempo que reconoció el impacto en la opinión publica de Estados Unidos la sentencia contra la ex premier y destacó que “no creemos que Tymoshenko fuera condenada como resultado de un juicio justo”.
La deteriorada situación de la democracia en Ucrania, dijo McCain es conocida muy bien por el recién estrenado Secretario de Estado, John Kerry.
Sobre una posible visita del actual presidente de Ucrania a Estados Unidos, el ex candidato presidencial republicano declaró que les gustaría ver al gobernante de Kiev en Washington “pero es muy difícil darle la bienvenida aquí al tiempo que en Ucrania se violan los derechos humanos”.
El pasado 14 de enero, la congresista Marcy Kaptur, de Ohio y miembro del Caucus ucraniano del legislativo presentó un proyecto de resolución donde condena la persecución política contra los líderes opositores y en especial contra Yulia Tymoshenko y otros prisioneros políticos como Lutsenko.
En el texto del proyecto se incluyen tres demandas: se condena el veredicto contra Yulia Tymoshenko, así como las circunstancias injustas en las que se celebró el juicio y pide que sean puestos en libertad mientras la sentencia es apelada; además, exige al Gobierno de Ucrania la inmediata libertad de todos los presos políticos y que proporcione atención médica adecuada a todos los que han sido encarcelados, y por último exige que Ucrania se adhieren a los principios de democracia y Estado de Derecho mediante el respeto de los derechos humanos, la libertad de prensa y la protección de la libertad de expresión y el derecho a reunirse pacíficamente.
En septiembre de 2012, el Senado de EE.UU. aprobó una resolución sobre Ucrania presentada por el senador republicano James M. Inhofe, de Oklahoma y co-patrocinado por su colega demócrata Dick Durbin. Esta fue aprobada por unanimidad en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y se pidió la liberación incondicional de los presos políticos en Ucrania. En el texto se recordaba el rol de Tymoshenko en la Revolución Naranja del 2004 y que “la condena orquestada por la actual administración se realizó bajo reciclados códigos de la era soviética, y es un esfuerzo mal disimulado de deshacerse de un rival político”. También pidió al Departamento de Estado imponer sanciones a los funcionarios ucranianos participan en la persecución política contra Tymoshenko.
Con Ucrania se aplicaría una legislación similar a la Ley Magnitsky, aprobada en diciembre del 2012 para condenar a los funcionarios rusos que violan los derechos humanos.
Una de estas resoluciones exige la libertad inmediata de Yulia Timoshenko, la ex premier de Ucrania que ahora espera un nuevo juicio y la amenaza de cadena perpetua y el ex ministro del Interior, Yuri Lutsenko, condenado a 4 años de cárcel en similar proceso.
La otra resolución es para sancionar a los funcionarios ucranianos que violan los derechos humanos y están encargados de la persecución política en Ucrania.
Y es que hace meses el influyente senador John McCain viene con impaciencia hablando en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta de la erosión en Ucrania de los derechos humanos y del aumento de la interferencia de Rusia en los asuntos internos. McCain se reunió esta semana con Eugenia Timoshenko, hija de Yulia, y con el canciller ucraniano Borys Tarasyuk.
En reciente entrevista con el servicio ucraniano de la Voz de América el legislador por Arizona destacó que "la Comisión de Relaciones Exteriores estudiará el asunto.
Difícil de predecir cuál será el resultado, pero estamos muy preocupados por la situación de la violación de los derechos humanos y el estado de la democracia en Ucrania”, al tiempo que reconoció el impacto en la opinión publica de Estados Unidos la sentencia contra la ex premier y destacó que “no creemos que Tymoshenko fuera condenada como resultado de un juicio justo”.
La deteriorada situación de la democracia en Ucrania, dijo McCain es conocida muy bien por el recién estrenado Secretario de Estado, John Kerry.
Sobre una posible visita del actual presidente de Ucrania a Estados Unidos, el ex candidato presidencial republicano declaró que les gustaría ver al gobernante de Kiev en Washington “pero es muy difícil darle la bienvenida aquí al tiempo que en Ucrania se violan los derechos humanos”.
El pasado 14 de enero, la congresista Marcy Kaptur, de Ohio y miembro del Caucus ucraniano del legislativo presentó un proyecto de resolución donde condena la persecución política contra los líderes opositores y en especial contra Yulia Tymoshenko y otros prisioneros políticos como Lutsenko.
En el texto del proyecto se incluyen tres demandas: se condena el veredicto contra Yulia Tymoshenko, así como las circunstancias injustas en las que se celebró el juicio y pide que sean puestos en libertad mientras la sentencia es apelada; además, exige al Gobierno de Ucrania la inmediata libertad de todos los presos políticos y que proporcione atención médica adecuada a todos los que han sido encarcelados, y por último exige que Ucrania se adhieren a los principios de democracia y Estado de Derecho mediante el respeto de los derechos humanos, la libertad de prensa y la protección de la libertad de expresión y el derecho a reunirse pacíficamente.
En septiembre de 2012, el Senado de EE.UU. aprobó una resolución sobre Ucrania presentada por el senador republicano James M. Inhofe, de Oklahoma y co-patrocinado por su colega demócrata Dick Durbin. Esta fue aprobada por unanimidad en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y se pidió la liberación incondicional de los presos políticos en Ucrania. En el texto se recordaba el rol de Tymoshenko en la Revolución Naranja del 2004 y que “la condena orquestada por la actual administración se realizó bajo reciclados códigos de la era soviética, y es un esfuerzo mal disimulado de deshacerse de un rival político”. También pidió al Departamento de Estado imponer sanciones a los funcionarios ucranianos participan en la persecución política contra Tymoshenko.
Con Ucrania se aplicaría una legislación similar a la Ley Magnitsky, aprobada en diciembre del 2012 para condenar a los funcionarios rusos que violan los derechos humanos.
