La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la ola de detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos en Cuba esta semana, en especial en las ciudades de La Habana y Camagüey, y reiteró que las restricciones a los derechos y libertades, y la falta de elecciones e independencia del poder judicial, configuran una situación permanente de trasgresión de los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos
En un comunicado dado a conocer el viernes, el órgano consultivo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) subrayó que las detenciones “violan” los derechos fundamentales de reunión y de libertad de expresión.
La denuncia toma nota de los sucesos acaecidos en la capital, donde cerca de veinte activistas de la sociedad civil fueron golpeados y detenidos, como ha informado martinoticias, y reporta asimismo similares sucesos paralelos en Camagüey.
Precisa que en esa ciudad fue detenido en un procedimiento violento Virgilio Mantilla Arango, y más tarde Humberto Galindo Moya, Elicardo Freire Jiménez y Ángelo Guillermo Álvarez Olazábal. Agrega que las personas que se habrían presentado en la unidad de policía del reparto Garrido para exigir la libertad de los detenidos también habrían sido arrestados; ellos serían Pablo Jiménez, Alberto Faustino Calá, Jeiser Torres y Santos Manuel Fernández Sánchez.
La Comisión condenó los arrestos y golpizas en La Habana y Camagüey por estimarlos “violatorios de los derechos fundamentales de la población consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, firmada por Cuba; en particular, el derecho a la libertad de expresión y los derechos de justicia, sufragio y participación en el gobierno, reunión, asociación, petición, protección contra la detención arbitraria y derecho a un debido proceso”.
Según la CIDH, algunos activistas indicaron que la razón de las detenciones podría haber sido “impedir la realización de una reunión organizativa de los firmantes de la Demanda Ciudadana por Otra Cuba, proyecto que busca la ratificación por parte de La Habana de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, así como Económicos, Sociales y Culturales. La reunión estaba programada para el 8 de noviembre de 2012”.
El organismo autónomo, vigilante de los derechos humanos en el hemisferio, instó al gobierno cubano a realizar “las reformas necesarias en materia de derechos humanos según sus obligaciones internacionales”, y le pidió que tome medidas para “prevenir” y “erradicar” las distintas formas de hostigamiento contra quienes ejercen el derecho de asociación y de reunión.
En un comunicado dado a conocer el viernes, el órgano consultivo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) subrayó que las detenciones “violan” los derechos fundamentales de reunión y de libertad de expresión.
La denuncia toma nota de los sucesos acaecidos en la capital, donde cerca de veinte activistas de la sociedad civil fueron golpeados y detenidos, como ha informado martinoticias, y reporta asimismo similares sucesos paralelos en Camagüey.
Precisa que en esa ciudad fue detenido en un procedimiento violento Virgilio Mantilla Arango, y más tarde Humberto Galindo Moya, Elicardo Freire Jiménez y Ángelo Guillermo Álvarez Olazábal. Agrega que las personas que se habrían presentado en la unidad de policía del reparto Garrido para exigir la libertad de los detenidos también habrían sido arrestados; ellos serían Pablo Jiménez, Alberto Faustino Calá, Jeiser Torres y Santos Manuel Fernández Sánchez.
La Comisión condenó los arrestos y golpizas en La Habana y Camagüey por estimarlos “violatorios de los derechos fundamentales de la población consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, firmada por Cuba; en particular, el derecho a la libertad de expresión y los derechos de justicia, sufragio y participación en el gobierno, reunión, asociación, petición, protección contra la detención arbitraria y derecho a un debido proceso”.
Según la CIDH, algunos activistas indicaron que la razón de las detenciones podría haber sido “impedir la realización de una reunión organizativa de los firmantes de la Demanda Ciudadana por Otra Cuba, proyecto que busca la ratificación por parte de La Habana de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, así como Económicos, Sociales y Culturales. La reunión estaba programada para el 8 de noviembre de 2012”.
El organismo autónomo, vigilante de los derechos humanos en el hemisferio, instó al gobierno cubano a realizar “las reformas necesarias en materia de derechos humanos según sus obligaciones internacionales”, y le pidió que tome medidas para “prevenir” y “erradicar” las distintas formas de hostigamiento contra quienes ejercen el derecho de asociación y de reunión.
