La revista británica The Economist apunta en un editorial que, si bien Raúl Castro suele decir, como hizo ante la Asamblea Nacional en julio, que desea avanzar con la llamada actualización del modelo “sin prisa, pero sin pausa”, muchos en la isla se preguntan ahora si las reformas no habrán entrado en pausa.
La publicación considera significativos cambios introducidos por el menor de los hermanos Castro, como el levantamiento de restricciones, vigentes desde los años 60, a los negocios privados; la autorización de la compraventa de casas y autos; la posibilidad de tener empleados; la entrega a particulares de tierras ociosas, y la flexibilización de las reglas a que estaban obligados los restaurantes privados.
Pero The Economist señala que hay muchas trampas en estas medidas. Los cubanos sólo pueden comprar autos de segunda mano. Las regulaciones sobre la compra de viviendas son tan complicadas que muchos cubanos siguen haciendo lo de siempre: permutar y pagar por debajo de la mesa. Y más importante aun, no se ha autorizado un mercado mayorista para los empresarios privados, de modo que los restaurantes y otros negocios tienen que adquirir sus suministros a precios minoristas en los supermercados o, más frecuentemente, en el mercado negro.
Las 181 categorías permitidas de trabajo por cuenta propia incluyen oficios como el de plomero, pero todavía excluyen a los profesionales. El Estado sigue siendo el único importador de alimentos, y proyectos emblemáticos relacionados con la inversión extranjera se han paralizado.
Observa la revista que además han tenido lugar en el camino hacia una economía más libre algunos giros de 180 grados. Califica de particularmente impopular el drástico aumento de los aranceles aduaneros al exceso de equipaje, que ahora se paga en pesos convertibles y ha disparado el costo de llevar a la isla televisores, equipos de música y otros bienes.
El gobierno alegó que este cambio estaba dirigido a reducir las colas en los aeropuertos y aumentar la eficiencia. El editorial señala que desde que el presidente Barack Obama eliminó en 2009 casi todas las restricciones a las visitas a la isla de los cubano-americanos, los carruseles de equipaje en los aeropuertos cubanos crujen bajo el peso de todo lo que falta en Cuba: muebles para ensamblar, juguetes, televisores de pantalla plana, juegos de computadora, etc.
The Economist prevé que el aumento de los impuestos perjudicará a los negocios por cuenta propia, muchos de los cuales dependen de las importaciones. "En Cuba no hay nada, ¿qué quieren que hagamos?", se queja Walter, quien tiene un floreciente negocio de instalación de sistemas de música importados en automóviles. Él dice que va a tratar de encontrar una manera de sortear los impuestos y si no lo logra, va a devolver su licencia.
Un hombre de negocios europeo que opera en La Habana le dijo a la revista que ahora "todo parece estar en suspenso”. Una de las teorías detrás del impasse es que Raúl Castro, de 81 años, carece de la energía necesaria para vencer la resistencia al cambio dentro del gobernante Partido Comunista. Además, la presencia fantasmal de Fidel Castro sigue siendo un obstáculo a la reforma, y su salud, un tema de distracción.
Otro freno para el avance de las reformas es la represión desencadenada por Raúl Castro contra la corrupción. Se han descubierto negligencias y fraudes en todos los sectores examinados, y han sido encarcelados decenas de cubanos y varios extranjeros. La publicación pone como ejemplo la pesquisa a un proyecto de ampliación de la planta de níquel Pedro Soto Alba, una empresa mixta con la canadiense Sherritt International, tras la cual 12 funcionarios fueron condenados a prisión, entre ellos tres viceministros.
El editorial precisa que uno de los acusados, Antonio Orizón de Los Reyes, durante 19 años viceministro de la Industria Básica, se defendió apasionadamente ante el tribunal, argumentando que lo estaban tomando como chivo expiatorio, y que era inconcebible que sus superiores no conocíeran los detalles del emprendimiento. Su alegato recibió un espontáneo aplauso, pero lo condenaron a ocho años de cárcel.
"En este clima, todo el mundo trata de pasar inadvertido", comenta el empresario extranjero citado por la revista. "Nadie toma decisiones".
Concluye diciendo The Economist que, para el régimen, despertar esperanzas de cambio, sólo para luego frustrarlas, puede resultar una peligrosa jugada .
La publicación considera significativos cambios introducidos por el menor de los hermanos Castro, como el levantamiento de restricciones, vigentes desde los años 60, a los negocios privados; la autorización de la compraventa de casas y autos; la posibilidad de tener empleados; la entrega a particulares de tierras ociosas, y la flexibilización de las reglas a que estaban obligados los restaurantes privados.
Pero The Economist señala que hay muchas trampas en estas medidas. Los cubanos sólo pueden comprar autos de segunda mano. Las regulaciones sobre la compra de viviendas son tan complicadas que muchos cubanos siguen haciendo lo de siempre: permutar y pagar por debajo de la mesa. Y más importante aun, no se ha autorizado un mercado mayorista para los empresarios privados, de modo que los restaurantes y otros negocios tienen que adquirir sus suministros a precios minoristas en los supermercados o, más frecuentemente, en el mercado negro.
Las 181 categorías permitidas de trabajo por cuenta propia incluyen oficios como el de plomero, pero todavía excluyen a los profesionales. El Estado sigue siendo el único importador de alimentos, y proyectos emblemáticos relacionados con la inversión extranjera se han paralizado.
Observa la revista que además han tenido lugar en el camino hacia una economía más libre algunos giros de 180 grados. Califica de particularmente impopular el drástico aumento de los aranceles aduaneros al exceso de equipaje, que ahora se paga en pesos convertibles y ha disparado el costo de llevar a la isla televisores, equipos de música y otros bienes.
El gobierno alegó que este cambio estaba dirigido a reducir las colas en los aeropuertos y aumentar la eficiencia. El editorial señala que desde que el presidente Barack Obama eliminó en 2009 casi todas las restricciones a las visitas a la isla de los cubano-americanos, los carruseles de equipaje en los aeropuertos cubanos crujen bajo el peso de todo lo que falta en Cuba: muebles para ensamblar, juguetes, televisores de pantalla plana, juegos de computadora, etc.
The Economist prevé que el aumento de los impuestos perjudicará a los negocios por cuenta propia, muchos de los cuales dependen de las importaciones. "En Cuba no hay nada, ¿qué quieren que hagamos?", se queja Walter, quien tiene un floreciente negocio de instalación de sistemas de música importados en automóviles. Él dice que va a tratar de encontrar una manera de sortear los impuestos y si no lo logra, va a devolver su licencia.
Un hombre de negocios europeo que opera en La Habana le dijo a la revista que ahora "todo parece estar en suspenso”. Una de las teorías detrás del impasse es que Raúl Castro, de 81 años, carece de la energía necesaria para vencer la resistencia al cambio dentro del gobernante Partido Comunista. Además, la presencia fantasmal de Fidel Castro sigue siendo un obstáculo a la reforma, y su salud, un tema de distracción.
Otro freno para el avance de las reformas es la represión desencadenada por Raúl Castro contra la corrupción. Se han descubierto negligencias y fraudes en todos los sectores examinados, y han sido encarcelados decenas de cubanos y varios extranjeros. La publicación pone como ejemplo la pesquisa a un proyecto de ampliación de la planta de níquel Pedro Soto Alba, una empresa mixta con la canadiense Sherritt International, tras la cual 12 funcionarios fueron condenados a prisión, entre ellos tres viceministros.
El editorial precisa que uno de los acusados, Antonio Orizón de Los Reyes, durante 19 años viceministro de la Industria Básica, se defendió apasionadamente ante el tribunal, argumentando que lo estaban tomando como chivo expiatorio, y que era inconcebible que sus superiores no conocíeran los detalles del emprendimiento. Su alegato recibió un espontáneo aplauso, pero lo condenaron a ocho años de cárcel.
"En este clima, todo el mundo trata de pasar inadvertido", comenta el empresario extranjero citado por la revista. "Nadie toma decisiones".
Concluye diciendo The Economist que, para el régimen, despertar esperanzas de cambio, sólo para luego frustrarlas, puede resultar una peligrosa jugada .
