América Latina
- Agencias
Venezuela: Periódicos podrían quedarse sin papel
Diarios importantes como El Nacional de Caracas se verían en la obligación de suspender su circulación en un mes.
Los gremios de prensa denuncian que la escasez de algunos bienes básicos en Venezuela ha llegado también al papel periódico y ha provocado el cierre de algunos rotativos, sobre todo en el interior del país, o forzado a los diarios a reducir la cantidad de páginas.
De acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre los diarios que vieron afectada o suspendida su circulación se encuentran El Sol de Maturín, del estado de Monagas; Antorcha, de Anzoátegui; El Caribazo, La Hora y El Caribe.
"A partir de mayo del año pasado se paralizó el otorgamiento de divisas. Hemos logrado subsistir con el stock que teníamos, pero ya no nos queda sino un mes. Es una situación crítica, hemos tenido que recortar suplementos, paginación, y esto está ocurriendo en todos los periódicos del país", dijo a Efe Otero.
"Ningún periódico tiene papel suficiente, estamos yendo a un momento en que Venezuela se va a quedar sin periódicos. Es parte de la crisis de divisas, pero también es parte de que ellos no creen en la prensa. Es una cosa contra los periódicos (...) en un mes más van a empezar a paralizarse los periódicos", alertó.
Para los dueños de los medios, los atrasos en la asignación de dólares representan un intento del Gobierno para "silenciar" a voces críticas, una acusación que hoy negó la diputada oficialista Tania Díaz, vicepresidenta de la comisión parlamentaria de Medios de Comunicación.
Citando las últimas cifras disponibles a octubre del año pasado, Díaz sostuvo que la estatal Cadivi había liquidado cerca del 70 % de las divisas solicitadas por los diarios y las empresas importadoras de papel.
En Venezuela rige desde 2003 un control estatal de cambio que impide la libre compraventa de divisas, administradas de manera exclusiva por Cadivi, que las vende de manera condicionada, en montos limitados y tras engorrosos trámites.
El diario El Impulso, con más de 100 años de antigüedad, denuncia que durante 2013 el Estado no le asignó "ni un solo dólar" para importar papel, una situación que lo deja con reservas para imprimir el periódico solo hasta este 2 de febrero.
"Hay discriminación en el país, existe una tendencia oficial a identificar los trámites ante los organismos oficiales en el caso de los medios con la línea editorial", dijo a Efe el jefe de redacción de El Impulso, José Ángel Ocanto.
A los reclamos por las demoras en la aprobación de divisas se sumó también el influyente diario El Nacional, que en sus últimas ediciones ha venido publicando solicitadas a página completa para pedir al Gobierno que agilice la autorización de dólares "para cumplir con la imprescindible adquisición de bobinas de papel".
El chavismo mantiene una tensa relación con los diarios críticos a su gestión, a quienes ha abierto expedientes judiciales y cursado multas por supuestamente generar "zozobra" en la sociedad al informar sobre hechos policiales o alertar sobre una presunta escasez de gasolina.
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Tribunal en Argentina aborda presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Frustrados por los límites de la lenta Corte Penal Internacional y determinados a que los oficiales de seguridad que presuntamente mataron a sus seres queridos no gocen de impunidad, los venezolanos han llevado su caso de crímenes de lesa humanidad a un tribunal federal en Argentina, a más de 4.000 kilómetros de su hogar.
Por primera vez para Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, un tribunal federal en Buenos Aires concluyó dos días de testimonios de víctimas venezolanas el viernes, como parte de una investigación sobre posibles abusos de derechos humanos que afirman fueron cometidos por fuerzas de seguridad en 2014, el año después de que Maduro asumiera el poder.
A principios de año, fiscales argentinos revivieron una denuncia penal presentada en 2023 por la Fundación Clooney para la Justicia en nombre de sobrevivientes y familiares de las víctimas de lo que los abogados llamaron un "plan sistemático" del Estado para "aplastar la disidencia".
Los fiscales declararon que los crímenes cometidos alegadamente por altos miembros de la Guardia Nacional Venezolana eran de "extrema gravedad" y requerían una investigación inmediata.
Varias personas volaron desde Venezuela para la primera audiencia preliminar, que comenzó el jueves en Argentina, un país que ha lidiado con su propio legado de crímenes de guerra y se ha comprometido a perseguir a criminales de guerra más allá de sus fronteras.
"Los que testifican son personas que han buscado justicia en Venezuela durante mucho tiempo, y han llegado al final de lo que pueden hacer", dijo Yasmine Chubin, directora de defensa legal en la Fundación Clooney, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo legal gratuito a víctimas de abusos de derechos humanos.
Según se alega, fuerzas de seguridad utilizaron tácticas duras para reprimir las protestas masivas contra el gobierno que sacudieron a Venezuela en 2014, arrestando, torturando y matando a quienes sospechaban de disidencia. Al menos 43 personas, incluidos oficiales de seguridad y manifestantes, murieron en esos actos.
Los venezolanos han luchado para desafiar a Maduro en su propio país, donde los expertos legales dicen que los casos contra el gobierno a menudo castigan a oficiales de bajo rango mientras protegen a los poderosos.
La Corte Penal Internacional abrió en 2018 una investigación inicial sobre los abusos en Venezuela, tras una remisión sin precedentes de cinco países latinoamericanos y Canadá, pero años después, la investigación sigue en sus primeras etapas.
En marzo, el tribunal con sede en La Haya rechazó la apelación de Venezuela, manteniendo su decisión de investigar las supuestas atrocidades cometidas en el país. El gobierno de Maduro niega las acusaciones de crímenes a gran escala y dice que ya está revisando algunas denuncias de abusos internamente.
Abogados de derechos humanos de todo el mundo han buscado cada vez más casos en tribunales nacionales bajo lo que se llama el principio de jurisdicción universal, diciendo que la CPI a menudo se mueve demasiado lentamente para tener un efecto en tiempo real sobre los eventos actuales.
"La capacidad de la CPI es limitada ya que solo puede manejar unos pocos casos", dijo Chubin. "La escala de atrocidades en Venezuela, que abarca miles de muertes y numerosas otras violaciones como persecución, detención arbitraria, tortura y violencia sexual, requiere un enfoque más amplio".
Entre los pocos países que han adoptado el principio en sus sistemas legales, Argentina se destaca en la región por su historial inusualmente favorable de aplicar el concepto legal para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España, Nicaragua y Myanmar.
La fundación dijo que eligió presentar su caso completo con 15,000 páginas de documentación, en Argentina debido a la proximidad del país con Venezuela, su gran comunidad de inmigrantes venezolanos y su amplia interpretación de la jurisdicción universal, producto de su transición a la democracia en 1983 desde una brutal dictadura militar.
Bajo el principio legal, ni los acusados ni los demandantes necesitan ser residentes del país donde se celebra el juicio. La fundación se negó a proporcionar detalles sobre los venezolanos que testificaron el viernes, citando los peligros continuos que enfrentan en su hogar.
No se sabe cuánto tiempo podría llevar el proceso, pero los abogados dicen que están alentados por la rapidez con la que Argentina decidió iniciar su investigación, solo un mes después de que la fundación presentó su denuncia. Aunque es poco probable que el caso produzca arrestos antes de las elecciones en Venezuela el 28 de julio, cualquier riesgo de una disputa desordenada en los tribunales argentinos podría eclipsar la votación.
"Dependiendo de la situación con la jurisdicción universal, podrías estar buscando resultados simbólicos. Ese no es nuestro caso", dijo Ignacio Jovtis, gerente senior de programas en la Fundación Clooney para la Justicia. "Estamos muy decididos a ver las cosas hasta el final y lograr resultados concretos".
En otras palabras, dijo Jovtis, los demandantes esperan ver a altos funcionarios de seguridad venezolanos extraditados y en juicio en Buenos Aires. La fundación se ha negado a nombrar públicamente a los acusados, por temor a darles un aviso anticipado del caso en su contra.
El fiscal federal argentino que tomó el caso, Carlos Stornelli, no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.
Las largas audiencias del jueves y viernes agotaron a los demandantes, muchos de los cuales se derrumbaron al relatar los horrores que sufrieron, dijo Chubin. Pero en el tribunal de Buenos Aires el viernes, dijeron que sintieron algo parecido a la esperanza.
Panamá anuncia posible acuerdo con EEUU para repatriación de inmigrantes
En lo adelante, según el mencionado convenio entre ambos países, los inmigrantes que arriben a Panamá, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos, colombianos y chinos, serán devueltos en avión a sus respectivos países.
El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el viernes que espera firmar un convenio con Estados Unidos con el objetivo de que la nación norteamericana ayude con la repatriación de los migrantes que cruzan el peligroso Tapón del Darién y que buscan llegar a ese país.
En una conferencia de prensa durante una visita por esa provincia selvática fronteriza con Colombia, Mulino dijo que abordará ese asunto con la delegación de Estados Unidos que participará en su toma de posesión el lunes y que liderará el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
El acuerdo implicaría que los migrantes que arriben a Panamá, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos, colombianos y chinos, sean devueltos en avión a sus respectivos países.
"Espero suscribir un convenio con Estados Unidos respetuoso y digno para que entre los dos países comencemos los procesos de repatriación de toda esta gente que está aquí acumulada", dijo Mulino tras visitar el campamento de recepción temporal de Lajas Blancas, donde había el jueves alrededor de mil migrantes que esperaban tomar autobuses para seguir a Costa Rica. No quedó inmediatamente claro el contenido del acuerdo pero el mandatario electo dijo que el lunes hablará del tema con más detalles.
Mulino, quien tomará las riendas del país centroamericano por los próximos cinco años a partir del 1 de julio, ha prometido desde su campaña que lo llevó a ganar las elecciones en mayo que buscará cerrar ese corredor selvático en la frontera con Colombia por donde cruzaron el año pasado más de medio millón de migrantes y más de 186.000 lo han hecho en lo que va de 2024.
El plan implicaría cerrar puntos en la selva que utilizan los migrantes, con vigilancia de cientos de policías fronterizos, según Mulino.
"He visto crisis en el Darién de otra dimensión, pero esta se saltó la barda; me quebró el alma ver a niños de la edad de mis nietos pidiéndome una botella de agua... madres y otras embarazadas", afirmó. "Creo que no hay ninguna razón y nadie nos puede pedir a Panamá que toleremos esto".
El nuevo líder de 65 años, quien fue ministro de Seguridad en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue acompañado al Darién por varios miembros de su equipo ministerial designado.
En la víspera de su visita, los migrantes que estaban en Lajas Blancas seguían contando las dificultades económicas y de seguridad en sus respectivos países que los empujaron a emigrar por una ruta a veces mortal. Varios también veían bien los planes del nuevo gobernante panameño de cerrar la migración por allí.
"Con ese gobierno que tenemos allá (en Venezuela) nunca tenemos vida", dijo a The Associated Press Jorbys Ocampo, un treintañero que dejó a su familia y a su hija de ocho años en la ciudad de Maracaibo. "Mi hija nació con un problema del corazón y no hay insumos, no hay dinero, no alcanza para nada".
"Sería bueno y que le den más vías legales para migrar a la gente y no hacer esa travesía terrible", consideró Ocampo al referirse a los planes de clausurar esa ruta. "Aunque si cierran por un lado, abren por otro", advirtió.
"Fue horrible (el cruce) porque primero cuando llegué acá después de haber pasado todo lo más horrible murió mi esposa en una canoa... ella tenía un problema intestinal", contó, por su parte, su compatriota Pedro Monte.
"Él (Mulino) tendría que hacerlo, cerrar, porque eso es lo más peligroso que puede haber, hay muchos ladrones, eso es lo más horrible; hay muertos, da lástima que se pierdan personas allí".
Repatriación difícil y costosa
Respecto de los planes de repatriación de Mulino, los expertos consideran que sería una tarea difícil y que sólo lograría deportar a un porcentaje mínimo cada día, además de lo costosa que sería la operación.
Mulino también se refirió al impacto ecológico que tiene la migración por el Darién —un parque natural protegido— y el costo económico que ha implicado atenderla. En este sentido, señaló, que su gobierno presentará una denuncia internacional ante Naciones Unidas o levantará una "voz de protesta grave porque nuestro país no va a seguir tolerando esto".
Del lado colombiano, donde inicia la travesía por la selva, los riesgos para los migrantes incluyen la trata de personas y la violencia sexual, especialmente para los que tienen que pasar varios días en pueblos del Caribe colombiano porque sus recursos son limitados y están "desesperados por encontrar dinero para pagar las exorbitantes tarifas" de miles de dólares que les permitan continuar su viaje al Darién, advirtió un informe de la relatora especial sobre la trata de personas de las Naciones Unidas divulgado el viernes.
La relatora, Siobhán Mullally, indicó que las redes delictivas que operan en la zona también han afectado a los niños y jóvenes de comunidades afrodescendientes e indígenas colombianas en las zonas fronterizas. "Son captados con fines de delincuencia forzada, reclutamiento y utilización, en particular como guías y porteadores a través del Tapón del Darién", detalló el informe.
Qué pasó en Bolivia en el "intento de golpe de Estado"
Un grupo de militares tomó el miércoles el control de una importante plaza en La Paz, en lo que el presidente Luis Arce calificó como un intento de golpe de Estado. El general presuntamente enfrente de la operación fue detenido.
Bolivia vivió horas de incertidumbre este miércoles luego de que un grupo de militares tomaran el control de la Plaza Murillo en La Paz y accedieron al Palacio Quemado, la antigua sede del gobierno, presuntamente encabezados por el general Juan José Zúñiga, quien este martes había sido destituido como jefe del Ejército boliviano.
El hecho fue calificado por el presidente Luis Arce como un intento de "golpe de Estado" ,aunque inicialmente había dicho que se trataba de “movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército".
Zúñiga se opone al regreso de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, y esta semana había mencionado en una entrevista la posibilidad de detenerlo si regresara al cargo. "Llegado el caso, no permitiré que pisotee la Constitución”, aseguró.
¿Qué desencadenó el hecho?
Bolivia enfrenta una grave crisis económica por falta de combustibles y escasez de divisas que ha provocado manifestaciones sindicales en el país.
En los últimos meses Arce y Morales han mantenido confrontación política por el futuro del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y el intento del expresidente Morales de aspirar a un nuevo mandato.
El presidente Arce, antes aliado de Morales, ha dicho que es objeto de un “golpe blando” cuyo objetivo es “acortar mandatos”, aunque el expresidente sostiene que Arce intenta socavar sus aspiraciones a una nueva candidatura.
Morales dejó el poder en 2019, luego de una alzamiento militar tras la primera vuelta de las elecciones, pero regresó una vez que Arce devolvió al poder al MAS. Con el apoyo de una parte importante de los cultivadores de coca, el año pasado Morales anunció sus planes de postularse a las elecciones de 2025.
¿Quién es el general Juan José Zúñiga, el supuesto cabecilla del plan que fue detenido?
Juan José Zúñiga Macías fue nombrado por Arce comandante general del Ejército de Bolivia en noviembre de 2022 y ratificado en enero pasado. Anteriormente había ocupado el puesto de jefe del Estado Mayor.
En el pasado enfrentó acusaciones por el desvío de $2.7 millones de bolivianos (unos US$400.000) de fondos públicos, cuando era jefe de un Regimiento de Infantería.
En 2022, Morales lo señaló como líder de un grupo dentro del ejército que presuntamente ejercía una “persecución permanente” contra dirigentes políticos.
Tras lo ocurrido este miércoles, Zúñiga fue capturado y conducido a un vehículo policial. “¡Está detenido mi general!”, señaló el viceministro de Gobierno (Interior), Jhonny Aguilera.
Poco después, Arce convocó a los bolivianos a movilizarse “en contra del golpe de Estado”, y en el mismo palacio presidencial tomó juramento a los nuevos comandantes.
Reacciones internacionales
Varios gobiernos han condenado lo ocurrido en Bolivia, incluyendo el régimen de La Habana. El miércoles el gobernante Miguel Díaz-Canel lamentó en su cuenta de X el “atropello a la democracia y al pueblo boliviano” y ofreció “toda la solidaridad” a Arce.
El canciller Bruno Rodríguez mantuvo un discurso similar y dijo que condenaba “contundentemente esos actos”.
Líderes de Chile, Paraguay, Brasil, Ecuador y la Unión Europea también expresaron su apoyo a Arce.
El presidente venezolano Nicolás Maduro.dijo que había hablado con Arce y Morales y denunció "un golpe de Estado contra la democracia boliviana".
Luis Almagro, secretario general de la OEA, indicó que la comunidad internacional y la OEA "no tolerarán ninguna forma de quebrantamiento al orden constitucional legítimo en Bolivia".
Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, comentó que el bloque "condena cualquier intento de quebrantar el orden constitucional en Bolivia".
Golpes de Estado en Bolivia
Bolivia ha tenido más de 190 intentos de golpe y revoluciones desde su independencia en 1825. El más reciente ocurrió en 2019 cuando Morales se postuló para un tercer mandato pese a una prohibición constitucional.
Tras unas polémicas votaciones que provocaron protestas masivas, el líder indígena renunció y huyó del país.
Arce, el sucesor escogido por Morales, ganó las elecciones de 2020.
Militares intentan tomar sede del gobierno en Bolivia, Arce denuncia "intento golpista"
Las fuerzas armadas bolivianas tomaron la plaza central de La Paz, lo que generó temores de un golpe militar. El presidente Luis Arce dijo que enfrentarían "todo intento golpista".
El presidente de Bolivia Luis Arce denunció este miércoles movimientos irregulares de miembros del Ejército, mientras efectivos militares cerraron por algunas horas la plaza Murillo, en La Paz.
El general Juan José Zúñiga, quien ha sido señalado como líder del asalto militar, en declaraciones a las prensa a su llegada a la sede del gobierno dijo que la operación fue coordinada con algunas unidades policiales y descartó enfrentamientos con la población.
“Va a haber un nuevo gabinete, no puede seguir más así nuestro país (...) No puede seguir más así nuestro país, haciendo lo que les da la gana. Estamos mostrando nuestra molestia", anunció el general, quien prometió "recuperar" la patria.
Zúñiga es parte de los detractores de un eventual regreso del líder de izquierda Evo Morales a la presidencia boliviana, que ya ocupó entre 2006 y 2019.
El diario boliviano La Razón informó que Zúñiga abandonó horas después la Plaza Murillo.
"Se fue en su tanqueta, mientras los otros motorizados militares también dejaron el lugar, tras la posesión del presidente Luis Arce a un nuevo Alto Mando Militar", indicó el periódico, especificando que se trata del nombramiento de los generales José Sánchez Velásquez como comandante del Ejército; Gerardo Zabala Álvarez, de la Fuerza Aérea, y Renán Guardia Ramírez, de la Armada.
El presidente Arce, rodeado de su gabinete, aseguró más tarde en un mensaje televisado que estaban "firmes para enfrentar todo intento golpista".
"Queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia y aquí estamos en Casa Grande con todo el gabinete, con nuestras organizaciones sociales. Las saludamos, a las organizaciones sociales, y las invitamos cordialmente a que nuevamente muestren la democracia al pueblo boliviano", afirmó.
En los sucesos de este miércoles los militares lanzaron gases lacrimógenos en las cercanías de la Plaza Murillo, como evidencian varias imágenes. Algunos efectivos ingresaron al Palacio Quemado, sede del gobierno, forzando la puerta con un vehículo blindado.
En un inicio Arce se había referido en la red social X a que lo ocurrido eran “movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano" y dijo que "la democracia debe respetarse”.
Mientras que su vicepresidente, David Choquehuanca, y otros funcionarios del gobierno alertaron que se trataba de un Golpe de Estado.
“Desde hace una hora, comandantes de divisiones, instruyen a comandantes de regimientos a retornar inmediatamente a sus cuarteles para esperar nuevas disposiciones (encuartelamiento). Esto levanta muchas sospechas del movimiento militar en Bolivia”, escribió en esa misma red social el expresidente Morales, quien aspira a postularse a las elecciones generales de 2025.
Esta misma semana Zúñiga fue destituido como jefe del Ejército tras afirmar que Morales no podía volver a ser presidente y mencionó la posibilidad de detenerlo.
"Llegado el caso no permitiré que pisotee la Constitución, que desobedezca el mandato del pueblo”, dijo el general en una entrevista televisiva.
El 22 de junio, la ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, acusó a Morales de intentar generar una crisis estructural para acortar el mandato del presidente Arce e imponer su candidatura.
"Evo Morales está dispuesto a bloquear nuestra economía y a convulsionar nuestro país para imponer su candidatura, a las buenas o a las malas como él mismo ha dicho. Esto con el objetivo de crear un escenario de crisis estructural, económica, política, social e institucional, para acortar el mandato del presidente Lucho (Luis Arce). Así como se pretende descabezar al Órgano Judicial de manera inconstitucional, se pretende hacer lo mismo en otros órganos del Estado", afirmó la ministra Prada.
Los acontecimientos de este miércoles generaron numerosas reacciones.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos condenó lo sucedido.
"El Ejército debe someterse al poder civil legítimamente elegido. Enviamos nuestra solidaridad al Presidente de Bolivia Luis Arce Catacora, su Gobierno y todo el pueblo boliviano. La comunidad internacional, la OEA y la Secretaría General no tolerarán ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o cualquier otro lugar", escribió el secretario general Luis Almagro mientras asistía a la Asamblea General del organismo hemisférico en Paraguay.
"Estamos siguiendo de cerca la situación en Bolivia. Rechazamos cualquier intento de derrocar al gobierno electo y pedimos el respeto al orden constitucional", declaró la Embajada de Estados Unidos en La Paz.
Desde Chile, el presidente Gabriel Boric también manifestó preocupación. "Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de Arce. Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país. No podemos tolerar ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o en cualquier otro lugar", afirmó.
En Cuba, el gobernante Miguel Díaz-Canel se refirió a los sucesos como un "intento de Golpe de Estado en marcha".
"Indigna el atropello a la democracia y al pueblo boliviano que muestran las imágenes de medios internacionales", manifestó.
Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad dijo que el bloque de naciones que él representa "condena cualquier intento de quebrantar el orden constitucional en Bolivia y derrocar a gobiernos elegidos democráticamente".
Tila, un enclave de Chiapas bajo el terror de los cárteles que se disputan el tráfico de migrantes, drogas y armas
Los 10.000 habitantes de este pueblo mexicano vivieron cinco horas de balacera, seguidas de tres días de encierro sin que ninguna autoridad apareciera.
Era de noche cuando los habitantes de una población del sureste mexicano comenzaron a escuchar disparos, luego el paso de camionetas y las voces de individuos que hablaban de qué casas había que quemar.
Pronto comenzaron a verse las llamas en distintos lugares de Tila, un pueblo de Chiapas conocido por sus peregrinaciones religiosas que tiene unos 10.000 habitantes, calles empinadas y está rodeado de montañas. Fueron cinco horas de balacera, seguidas de tres días de encierro sin que ninguna autoridad apareciera.
La única información les llegaba por redes, llenas de mensajes amenazantes de origen incierto.
Cuando llegó el ejército, los militares custodiaron la salida del pueblo de unas 4.000 personas. Fue uno de los mayores desplazamientos internos del sur de México desde los años 90 y el más reciente ejemplo del miedo que reina en los estados mexicanos disputados por los cárteles y de los desafíos de seguridad que le esperan a la futura presidenta Claudia Sheinbaum.
"Tenemos a nuestros gobernantes que no quieren hacer nada", lamentaba Leonel Jiménez, un maestro de 29 años que pasó las 72 horas escondido en su casa con su madre y su hermano de 12 años, llamando repetidas veces al 911, el teléfono de emergencias, donde una voz sólo le repetía que ya estaban atendiendo el caso.
A tres semanas del suceso, Jiménez seguía en uno de los campamentos instalado por las autoridades para atender a los desplazados sin saber qué hacer.
Tila es uno de los muchos pueblos del estado de Chiapas –fronterizo con Guatemala-- donde se combinan viejos conflictos sociales, dejación de las autoridades, corrupción política, la presencia de actores locales armados desde hace décadas y la incipiente infiltración del crimen organizado.
El Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, que mantienen una sangrienta batalla en muchos puntos de México, hace más de un año que luchan también en Chiapas, sobre todo en la zona fronteriza con Guatemala, para controlar las rutas del tráfico de migrantes, drogas y armas.
Organizaciones civiles que trabajan en la zona apuntan a que los grandes cárteles pueden estar aprovechando las divisiones en Tila para empezar a incursionar en este territorio que conecta Chiapas con el Golfo de México, la ruta más corta hacia Estados Unidos.
Otros actores, como el párroco de la localidad, también ven posible que los grupos armados locales hayan pedido ayuda a las organizaciones criminales para expulsar a sus contrarios. O que se estén utilizando los nombres de los cárteles para generar pánico y controlar a la población como ha pasado en otros lugares del país.
En Tila, la mayoría de puertas y ventanas siguen todavía con candados. Decenas de militares y policías vigilan cada entrada y el centro, mientras algunos de los que se fueron aprovechan su presencia para entrar a sus casas o negocios, cargar sus vehículos con todo lo que tengan de valor —a veces hasta pollos o conejos— e irse de nuevo.
"Hay que salir porque no hay vida", decía entre lágrimas Rafael Gutiérrez, mientras vaciaba su hogar. "No podemos vivir en la zozobra", agregó el hombre que se dedicaba a anunciar publicidad con un altavoz instalado en su viejo Volkswagen.
Hay personas que empiezan a regresar a las casas aunque, según explicó Jiménez, el maestro, el asesinato este fin de semana de un miembro de una familia desplazada generó de nuevo miedo e incertidumbre.
Desde hace más de seis décadas, Tila está dividida entre los ejidatarios, propietarios indígenas de las tierras comunales que reivindican la zona urbana como parte de su territorio porque les fue asignada en la última reforma agraria, y los conocidos como "pobladores", los poseedores de títulos de propiedad en ese área urbana a través de acuerdos de compraventa.
Los ejidatarios apoyaron el levantamiento armado zapatista de 1994 en demanda de más derechos para los indígenas mientras que algunos pobladores se vincularon a grupos paramilitares que, después de la breve guerra de ese año, fueron usados para controlar a una guerrilla que nunca entregó las armas, aunque está inactiva.
Desde entonces, los muertos y las denuncias de abusos, sobre todo contra campesinos, no han parado de gotear.
En 2015, la situación se complicó cuando los ejidatarios —cuya reivindicación territorial ha llegado hasta la Suprema Corte— expulsaron a las autoridades formales del ayuntamiento e impusieron a toda la población su forma comunal de autogobierno.
El Estado mexicano garantiza ese derecho a los pueblos originarios, pero es rechazado por gran parte de los vecinos de la zona urbana de Tila porque implica, por ejemplo, no poder votar en las elecciones mexicanas, que los ejidatarios controlen las entradas y salidas del pueblo o que no haya policía oficial, sólo la indígena.
La semana pasada, los ejidatarios se reunieron en asamblea para discutir la situación actual y hablaron con The Associated Press a condición de no publicar sus nombres.
Para la mayoría de desplazados, ellos son los ejecutores de todo el terror y quienes se aliaron presuntamente con los narcos. Les llaman "Los Autónomos".
Los campesinos dicen lo contrario, que los criminales son los miembros de un grupo llamado "Karma" que quiere suprimir su autogobierno porque está apoyado por pobladores. Afirman que este grupo recibe ayuda de autoridades de todos los niveles de gobierno y del cártel de Sinaloa.
Los ejidatarios reconocieron que sí quemaron algunas casas, pero aseguran que no fue un acto indiscriminado, sino selectivo contra miembros de Karma, que —aseguran— atacaron a una patrulla de la policía indígena el 4 de junio.
"Sí hubo balazos porque no había más opción", afirmó uno de los ejidatarios. "Nosotros, los legítimos originarios de Tila hicimos una expulsión, que se vayan esos asesinos". Ellos niegan tener contacto con grupos de la delincuencia organizada o con el Cártel de Jalisco.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha minimizado el problema al considerarlo un enfrentamiento entre "el mismo pueblo". En mayo, en una visita por Chiapas, habitantes de Tila salieron a su encuentro y le pidieron ayuda al advertir que la situación estaba a punto de estallar y la droga estaba llegando a su pueblo.
Ese mismo mes, pero en otro punto del estado, unos encapuchados abordaron a la entonces candidata presidencial Sheinbaum, que hacía campaña en Chiapas, para denunciar que el gobierno no hacía nada contra la inseguridad.
En Tila, al igual que en el estado, gobierna el Partido Verde, aliado del oficialismo y el actual alcalde — una de las personas con más poder en la ciudad y que ha gobernado en varias administraciones— ha sido objeto de denuncias de corrupción y abusos.
Los choques entre ejidatarios y pobladores se incrementaron en los últimos años y desde octubre, coincidiendo con algunos asesinatos, hay vecinos que empezaron a ver armas de mayor calibre, explicó Alejandro Ornelas, párroco del Santuario del Señor de Tila, la iglesia situada en el centro del pueblo y que parece presidir desde lo alto a toda la población.
Desde entonces, "disparan en todos los lugares, las clases (en la escuela) son irregulares, vienen y salen en motos, y no sabemos ni quiénes son; no se identifican claramente", coincide Elisabeth Vázquez, de 53 años, que tiene una tienda de abarrotes frente a la iglesia y decidió no huir de su pueblo.
El sacerdote cree que el crimen organizado "se ha metido en los dos grupos" locales enfrentados posiblemente porque estos están interesados en conseguir armas.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos dijo en un comunicado que hay indicios de que esas organizaciones han comenzado a disputarse el control de las economías legales e ilegales y de las vías de comunicación.
Muchos de los desplazados aseguraron que habían comenzado las extorsiones en el pueblo pero ningún comerciante de la treintena de personas entrevistadas por la AP dijo haber tenido que pagar. Dos de ellos sí dijeron haber recibido recientemente llamadas intimidantes. Carmela Pérez, dueña de una licorería, señaló que a ella le pidieron telefónicamente 30.000 pesos, más 1.500 dólares, justo el día de la balacera.
La violencia del 4 de junio hizo que muchos vecinos consideraran creíble todo lo que veían en redes y cundió el pánico.
Jiménez, el profesor, afirma que en los grupos de WhatsApp y en Facebook "amenazaban con violación a las mujeres y las niñas, el reclutamiento de todos los jóvenes". Decían que todo Tila iba a arder y proliferaban audios en los que se amenazaba con usar "puro calibre 50" o se anunciaba la llegada del Cártel de Jalisco.
Todo era atribuido a "Los Autónomos", el grupo armado apoyado por los ejidatarios, quienes aseguran que todos esos mensajes procedían de sus enemigos.
También se hizo viral la foto de una familia masacrada. Al entrevistar a los desplazados en los albergues aumentaban los detalles de las supuestas torturas sufridas por esa familia: sacarles el corazón, beber su sangre.
Las autoridades confirmaron dos muertos, un hombre y un menor hallados en uno de los lugares incendiados, y la quema de 17 casas y 21 vehículos.
Tres días después de la balacera, 500 militares llegaron para sacar a la población, que se sentía secuestrada. Fueron los que quitaron los árboles que bloqueaban la principal entrada de Tila. Detuvieron a seis ejidatarios.
"Cuando llegó el ejército nos dijeron que desalojáramos porque podía complicarse más, nos evacuaron", asegura Eduardo Pérez, otro maestro de 51 años, con cinco hijos.
Miguel Ángel Lugo, un trabajador del instituto electoral, también se marchó: "Quedarse acá era irresponsable, no sabíamos qué iba a pasar, había amenazas de que todos los que se quedaran iban a ser violentados".
Muchos lo hicieron pero siguieron sin apenas salir a la calle durante semanas.
Según el sacerdote Ornelas, huyeron más de 5.000 personas. Las autoridades hablaron de 4.000 y algunas ONG subieron el número hasta casi 7.000.
Las autoridades intentan que los desplazados regresen a sus casas y la Iglesia Católica media en el diálogo pero la mayoría se niega y pide una base permanente del ejército, algo a lo que los ejidatarios se oponen.
"Queremos que nos den garantías de seguridad", decía Dora María Hernández, una ingeniera de 40 años, refugiada con su familia en la localidad cercana de Yajalón. "La niña pequeña está traumada, dice que ve en sueños gente armada'".
"Yo no tengo dónde regresar", asegura un vendedor de ropa y mecánico de motos que huyó con 14 familiares después de que su casa quedara totalmente calcinada. El hombre corpulento de 61 años pidió no se publicara su nombre por miedo.
Al ser preguntado directamente sobre si pertenecía al grupo Karma, respondió que él se llevaba bien con todo el mundo y agregó una frase perturbadora. "Si hubieran llegado los narcos no hubiera pasado esto, hubieran defendido el pueblo".
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