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Sospechan que fue vandalizado Monumento al Presidio Político Cubano en Miami
Un vehículo impactó las piedras que contienen los nombres de los presos políticos muertos en las prisiones castristas.
Todo parece indicar que el Monumento al Presidio Político Cubano ubicado en la ciudad de Miami, Florida (EEUU), fue vandalizado el jueves, 4 de junio en horas de la noche.
Un vehículo chocó contra unas piedras que tienen inscritos los nombres de los presos políticos cubanos muertos en las prisiones castristas. El incidente está bajo investigación de la policía local.
Luis Infante, presidente de la organización declaró al periódico El Nuevo Herald su preocupación por esta situación, "porque ya anteriormente hemos tenido conocimiento, ustedes lo saben, del vandalismo que también realizaron en el Memorial Cubano, que está en Coral Way y la Avenida 112 (en Miami)".
"Y estamos preocupados que ahora estén tomando los símbolos patrios nuestros como una manera de molestar y estar dañando estas propiedades que son patrimonio de la comunidad del exilio cubano", agregó Infante.
Además de las lápidas sufrió daños la bandera estadounidense que ondea en el monumento.
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Juez de Texas ordena suspender el programa "Parole in Place"
Un juez de Texas ordenó parar el programa Parole in Place, que otorgaría estatus legal a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses. Una semana antes el Departamento de Seguridad Nacional había comenzado a aceptar solicitudes.
Un juez federal de Texas ordenó el lunes la suspensión de una política del gobierno del presidente Joe Biden que otorgaría estatus legal a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin tener que salir primero del país, lo que representa un revés por lo menos temporal a una de las acciones presidenciales más significativas en varios años para facilitar el acceso a la naturalización.
El juez de distrito J. Campbell Barker ordenó la suspensión después de que 16 estados, todos con fiscales republicanos, impugnaron el programa que podría beneficiar a unos 500.000 inmigrantes que ya se encuentran actualmente en el país, así como a cerca de 50.000 de sus hijos. Los estados acusaron al gobierno federal de eludir al Congreso por “flagrantes fines políticos”.
Uno de los estados que encabeza la impugnación es Texas, el cual aseguró en la demanda que ha tenido que pagar decenas de millones de dólares cada año en aspectos como atención médica y seguridad policial debido a los inmigrantes que viven en la entidad sin un estatus legal.
Biden anunció el programa en junio. La suspensión ordenada por la corte, la cual tiene vigencia de dos semanas pero podría extenderse, se produce una semana después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) comenzó a aceptar solicitudes.
“Las acusaciones son significativas y ameritan una mirada más de cerca de lo que la corte ha podido darle hasta el momento”, escribió Barker.
Barker fue nombrado por el expresidente Donald Trump en 2019 como juez en Tyler, Texas, que se encuentra bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, un lugar favorito para los defensores que impulsan argumentos conservadores.
El juez estableció un cronograma bajo el cual podría darse una decisión poco antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre o antes de que el nuevo mandatario asuma el cargo en enero. Barker les dio a las dos partes hasta el 10 de octubre para presentar documentos relacionados al caso.
El programa ofrece a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses que no cuenten con estatus legal —pero que cumplen con ciertos criterios— una vía para naturalizarse al permitirles solicitar una tarjeta de residencia y permanecer en el país en lo que se lleva a cabo el proceso. Tradicionalmente, el proceso podría incluir una espera de varios años fuera de Estados Unidos, provocando lo que los activistas comparan con una “separación de familias”.
El DHS no respondió por el momento a un email enviado para solicitar comentarios al respecto.
“La decisión de esta noche del tribunal de impedir que el gobierno federal proporcione alivio es devastadora para las miles de familias de Texas que podrían haberse beneficiado de este programa”, señaló el lunes Jessica Cisneros, abogada de la organización de defensa Texas Immigration Law Council.
Varias familias fueron notificadas de que sus solicitudes habían sido recibidas, según los abogados que defienden a familias que califican para inscribirse en el programa y que horas antes el lunes habían presentado una moción para intervenir.
“Texas no debería ser capaz de decidir el destino de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges inmigrantes sin confrontar su realidad”, dijo Karen Tumlin, fundadora y directora de Justice Action Center, durante una conferencia de prensa antes de que se diera a conocer la orden.
El programa ha resultado particularmente controversial en un año electoral en el que la inmigración es uno de los temas principales. Muchos republicanos han atacado la medida y aseguran que, en esencia, es una forma de amnistía para las personas que violaron la ley.
El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, aplaudió la decisión del juez.
“Este es apenas el primer paso. Vamos a seguir luchando por Texas, nuestro país, y el Estado de derecho”, escribió Paxton en la red social X.
Para poder ampararse al programa, los inmigrantes deben haber vivido en Estados Unidos durante al menos 10 años de forma ininterrumpida, no representar un riesgo a la seguridad ni tener antecedentes delictivos. Además, deben estar casados con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio, un día antes de que se diera a conocer el programa.
Los interesados deben pagar una cuota de 580 dólares y llenar una solicitud, en la cual se incluye una explicación de por qué merecen un permiso condicional humanitario, y presentar una larga lista de documentos que demuestren cuánto tiempo llevan en el país.
De recibir la aprobación, los solicitantes tienen tres años para tramitar la residencia permanente. Durante ese periodo pueden recibir un permiso de trabajo.
Antes de la llegada del programa, era complicado que las personas que estaban en el país sin autorización recibieran un permiso de residencia después de casarse con un ciudadano estadounidense. Estaban obligados a volver a sus países de origen —a menudo por varios años— y siempre con el riesgo de que no se les permitiera regresar a Estados Unidos.
EEUU: fallo de TSJ de Venezuela sobre victoria de Maduro "carece de toda credibilidad"
La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales carece de toda credibilidad ante la evidencia abrumadora de que el candidato opositor, Edmundo González, recibió la mayoría de votos, dice EEUU.
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) de que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio “carece de toda credibilidad, dada la abrumadora evidencia de que el candidato de la oposición democrática Edmundo González recibió la mayoría de los votos”, dijo el viernes el vocero adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel.
“Las actas de escrutinio a nivel de distrito, verificadas de forma independiente y disponibles públicamente, muestran que los votantes venezolanos eligieron a Edmundo González como su futuro líder”, dijo el portavoz en un comunicado.
Añadió que “la voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada” y que “ahora es el momento de que las partes en Venezuela inicien conversaciones sobre una transición respetuosa y pacífica de conformidad con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano”.
El vocero dijo que los intentos continuos de darle fraudulentamente la victoria a Maduro sólo exacerbarán la crisis actual y que EEUU pide a Maduro que libere a quienes han sido detenidos por ejercer su derecho a la libre expresión.
Patel subrayó que “Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán defendiendo a los votantes venezolanos cuya voluntad y derechos han sido socavados continuamente desde el 28 de julio”
Estamos dispuestos a apoyar un proceso inclusivo, liderado por Venezuela, para restablecer las normas democráticas”, expresó.
La presidenta del TSJ de Venezuela, Caryslia Rodríguez, indicó que tras la comparecencia de los actores convocados y recolectados los instrumentos electorales, los magistrados de la sala electoral del tribunal certificaron “de manera irrestricta e inequívoca” los resultados electorales.
“Podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas” de votación, indicó Rodríguez al leer la sentencia.
La intervención del máximo Tribunal, que fue solicitada por Maduro, ha sido cuestionada por observadores locales y extranjeros que dudan de la independencia del organismo.
La comunidad internacional ha ofrecido una serie de sugerencias sobre cómo se podría superar la crisis electoral, incluida una nueva votación, pero la mayoría ha sido rechazada de plano tanto por el Gobierno de Maduro como por la oposición liderada por María Corina Machado.
Al menos 23 manifestantes han muerto en manifestaciones antigubernamentales desde las elecciones, y unos 2.400 han sido arrestados, según las Naciones Unidas.
[Con información de The Associated Press]
Piden negar la entrada a EEUU para Asamblea ONU a Díaz-Canel, Maduro y otros "dictadores y dementes"
Una carta de cinco senadores de EEUU pide al presidente Joe Biden que no permita la entrada al país para la Asamblea de la ONU de "dictadores y dementes" como Miguel Díaz-Canel, que heredó su cargo y mantiene la dictadura en Cuba, el venezolano Nicolás Maduro y el iraní Masoud Pezeshkian.
A pocos días de comenzar en Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas, cinco senadores de Estados Unidos pidieron al presidente Joe Biden que tome medidas para impedir la entrada al país de dictadores como Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Masoud Pezeshkian, de Irán.
Estados Unidos debe evitar que la Asamblea General “se convierta en un escenario para que los líderes más malvados de la Tierra ganen credibilidad y promuevan sus peligrosos puntos de vista que representan amenazas significativas para la seguridad nacional de Estados Unidos y nuestros aliados”, subrayaron en una carta los senadores Rick Scott, Marco Rubio, Joni Ernst, Tom Cotton y Markwayne Mullin.
Los firmantes argumentan que “negar la entrada a los dictadores y dementes” reafirma el compromiso de EEUU de defender la democracia, y envía “un mensaje claro de que nos oponemos firmemente a los regímenes opresivos que amenazan nuestra seguridad nacional”.
La misiva advierte que mientras Irán “busca borrar a Israel de la faz de la tierra, el recién instalado presidente iraní Pezeshkian ha prometido públicamente continuar con las políticas de su predecesor, el ‘Carnicero de Teherán’, de atacar a Israel y Estados Unidos”.
Además, afirma que Irán es responsable del ataque del 7 de octubre contra Israel y que sus militantes "han matado a tres militares estadounidenses e hirieron a casi 200" desde esa fecha.
Acerca de Miguel Díaz-Canel, la carta denuncia que heredó su cargo, mantiene la dictadura de los Castro y sigue oprimiendo de forma brutal al pueblo. Cuba “tiene una historia de décadas de amenazar a Estados Unidos y recibir a sus peores enemigos”, lo que incluye permitir que China construyera una base de espionaje a 90 millas de Estados Unidos y organizar ejercicios militares con Rusia que llevaron submarinos nucleares “a solo millas de la costa de Florida”.
Maduro, por su parte, está intentando "robar una elección al pueblo venezolano y encarcelar a sus oponentes políticos para mantener su control ilegítimo del poder", y ha abierto su país a los enemigos de EEUU "como Irán, Rusia y la China comunista”.
“El extenso historial de abusos de los derechos humanos de Maduro ha provocado que millones de personas huyan de su país, alimentando la crisis de inmigración ilegal en la frontera sur de Estados Unidos y empujando a decenas de criminales peligrosos a nuestro país, donde varios han sido acusados de crímenes atroces, incluidos asesinatos y violaciones, contra civiles estadounidenses inocentes”, precisa la carta.
Los firmantes reconocen que la Asamblea General de la ONU es un foro para las negociaciones diplomáticas pero recuerdan que en el pasado Estados Unidos ha impedido el ingreso de líderes extranjeros que “amenazan nuestros valores e intereses”.
Cita de ejemplo que el presidente Reagan negó una visa a Yasser Arafat en 1988 debido a su apoyo al terrorismo y el presidente Trump negó una visa al canciller iraní, Mohammad Javad Zarif.
“Con este espíritu, le instamos a negar las visas de entrada a los dictadores Pezeshkian, Díaz-Canel, Maduro y cualquier otro líder cuya presencia en la Asamblea General de la ONU socavaría nuestra seguridad nacional”, concluyen los senadores.
EEUU elabora lista de 60 funcionarios venezolanos para posible sanción
La lista señala a funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, el Tribunal Supremo y la policía de contrainteligencia militar del país.
Estados Unidos elaboró una lista preliminar de unos 60 funcionarios del gobierno venezolano y familiares que podrían ser sancionados en las primeras medidas tras las disputadas elecciones presidenciales de julio en el país, dijeron dos personas cercanas al asunto.
La lista señala a funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, el Tribunal Supremo y la policía de contrainteligencia militar del país por contribuir a la crisis política, dijeron las personas.
Las sanciones impondrían prohibiciones de viaje a los funcionarios y familiares afectados, y prohibirían los negocios entre ellos y cualquier entidad estadounidense.
El CNE proclamó al presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, como ganador de las elecciones del 28 de julio sin revelar un recuento completo de votos. El Tribunal Supremo de Venezuela comenzó este mes una auditoría de votos que, según los expertos y observadores electorales, es poco probable que contradiga al gobierno.
Washington y otras naciones han desafiado la afirmación de Maduro de una victoria electoral. El candidato rival, Edmundo González, también se adjudicó la victoria tras recaudar más de 80% de las actas de votación que fueron publicadas por la oposición y muestran una victoria contundente para él, con un apoyo de alrededor del 67%.
Rendimiento de cuentas
El borrador de la lista de sanciones fue presentado en los últimos días por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Departamento de Estado, pero no es definitivo y el número de personas que podrían ser sancionadas está sujeto a cambios, dijeron las personas.
No quedó claro de inmediato cuándo se anunciarían las medidas y si podrían ser acompañadas por sanciones sectoriales.
El Departamento de Estado de Estados Unidos declinó hacer comentarios.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela no respondieron a solicitudes de comentarios.
El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo el martes en la red social X que Washington "responsabilizará a quienes permitan el fraude electoral y la represión".
Naciones vecinas a Venezuela, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos han intensificado los pedidos de que se publiquen los resultados completos. Sin embargo, hasta ahora han mostrado pocas señales de acción dura sobre lo que varios condenaron como fraude electoral.
Altos funcionarios estadounidenses han dicho que la manipulación electoral despojó a la afirmación de victoria de Maduro de "cualquier credibilidad", y dejó la puerta abierta a nuevas sanciones.
"En coordinación con nuestros socios, estamos considerando una serie de opciones para incentivar y presionar a Maduro para que reconozca los resultados de las elecciones", dijo a Reuters un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos la semana pasada.
Opciones limitadas
Estados Unidos también está "muy preocupado por la represión arbitraria y la detención indiscriminada de partidarios de la oposición por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas", agregó el portavoz.
Las opciones de Washington para imponer sanciones son limitadas cinco años después de que anunció por primera vez las medidas más severas hasta el momento, tras la primera reelección no reconocida de Maduro, que han afectado desde entonces al sector petrolero del país miembro de la OPEP.
En abril, el Departamento del Tesoro decidió no renovar una amplia licencia que había otorgado temporalmente a Venezuela para exportar libremente su petróleo. En cambio, Estados Unidos emitió licencias individuales a algunas empresas energéticas.
Muchos funcionarios venezolanos clave, incluido el jefe del CNE, Elvis Amoroso, ya han sido sancionados por Washington.
Kashkari, de la Fed, dice que es apropiado debatir el recorte de tipos en septiembre
El presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo que era apropiado debatir sobre un posible recorte de los tipos de interés estadounidenses en septiembre debido a la creciente posibilidad de un debilitamiento del mercado laboral, informó el lunes The Wall Street Journal.
"El equilibrio de riesgos ha cambiado, por lo que el debate sobre un posible recorte de los tipos en septiembre es apropiado", dijo Kashkari a WSJ en una entrevista.
Los comentarios de Kashkari se conocen después de que el presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musalem, y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, hicieran comentarios que gravitaban hacia un recorte de los tipos de interés el próximo mes.
Kashkari afirmó que la inflación estaba progresando, pero que el mercado laboral mostraba "signos preocupantes", según WSJ.
Sin embargo, Kashkari dijo que no veía ninguna razón para bajar los tipos de interés en incrementos superiores a un cuarto de punto porcentual porque los despidos seguían siendo bajos y las solicitudes de prestaciones por desempleo no sugerían un deterioro notable.
Los inversores, que anteriormente apostaban a que la Reserva Federal tendría que recortar los tipos medio punto porcentual en su reunión del 17 y 18 de septiembre tras unos datos del mercado laboral más débiles de lo esperado, ahora proyectan en aproximadamente un 75% la probabilidad de un recorte de un cuarto de punto porcentual el mes que viene tras unos datos alentadores sobre la inflación, las solicitudes de subsidio de desempleo y las ventas minoristas.
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