En el otoño de 2011, una tarde nublada que presagiaba mal tiempo, me contaba la activista Sonia Garro sobre el ultimátum que le había enviado la Seguridad del Estado.
“Al estilo de una película de espionaje, me llevaron detenida a una casa de la contrainteligencia. Tuve que agachar la cabeza en el auto y tras innumerables rodeos me condujeron a una residencia ubicada en las afueras de la ciudad. Allí, un alto oficial de los servicios especiales, de manera escueta, me trasmitió un mensaje de las más altas instancias: Sonia, o dejas las marchas en la calle o te enjuiciamos. El propio Presidente (Raúl Castro) nos ha dado la orden de terminar este asunto", me decía Sonia, mientras en las inmediaciones del Parque de la Fraternidad esperaba la ruta P-14 rumbo a su domicilio en Marianao, al oeste de La Habana.
Meses antes, Sonia Garro, activa Dama de Blanco, junto a un grupo de seis mujeres protestaban de manera pacífica en las calles habaneras contra la autocracia verde olivo, reclamando espacios políticos y exigiendo democracia.
La disidencia callejera y de barricada es fuertemente reprimida por las fuerzas de la Seguridad del Estado. Según el gobierno, 'la calle es propiedad de los revolucionarios'.
Las autoridades solo autorizan marchas y manifestaciones si son para apoyar a la revolución, condenar a Estados Unidos o pedir la liberación de tres espías cubanos presos en cárceles estadounidenses. Los activistas y disidentes que intentan tomar como tribuna la vía pública, parques y plazoletas, reciben bofetadas y patadas de kárate de expertos en artes marciales que se camuflan entre paramilitares leales al gobierno.
Esa tropa de ‘supuestos indignados’, se activa en pocos minutos por un aceitado mecanismo de control de masas existentes en las estructuras políticas del país y que los servicios especiales suelen utilizar a conveniencia. Lo mismo movilizan a trabajadores, empleados o estudiantes de escuelas y centros cercanos al lugar de la marcha opositora. Si de antemano conocen el lugar y la hora de la protesta, como viene sucediendo en Venezuela, a la carrera arman un acto o una fiesta para niños y jóvenes.
Recuerdo a Sonia Garro magullada después de cada protesta callejera. La arrastraban esposada y tomada por el pelo hasta un auto policial. En el trayecto recibía una andanada de insultos y golpes.
Como ración extra a su atrevimiento, cíclicamente, la Seguridad del Estado montaba actos de repudio frente a su vivienda. Esta 'técnica operativa' no es nueva. Es un feroz linchamiento verbal estrenado por el régimen en 1980 contra las personas que decidían marcharse del manicomio comunista. Por aquellos años, además de gruesas ofensas, se lanzaban huevos y piedras y en las fachadas de sus hogares les pintaban la palabra gusano o escoria.
Curiosamente, años después el régimen habla de tender puentes hacia una emigración que ellos llaman 'económica', pero en la que hay muchos cubanos que en 1980 fueron víctimas de 'mítines de repudio'. Y a ninguno les han dado disculpas. El método -cuasi fascista- ha servido como arma para repeler las incipientes protestas callejeras de quienes piensan diferente.
La disidencia en Cuba es ilegal. Flota en al aire de la República una ley vigente, llamada Mordaza, que permite enviar por dos décadas o más a la cárcel a un opositor o periodista independiente.
Las condenas internacionales y los nuevos tiempos han llevado a los hermanos Castro atemperar el trato hacia la disidencia. Han trazado una línea tenue de lo que se puede hacer o no.
Nadie conoce a ciencia cierta los límites de esa línea, pero de acuerdo a estrategias políticas, coyunturas mundiales o su estado de ánimo, a discreción permiten reuniones y tertulias a puertas cerradas. Pero la calle es sagrada.
Sonia Garro se saltaba esos preceptos. Gústele o no al gobierno, las manifiestaciones, protestas y huelgas, la libertad de expresión y la creación de partidos políticos, son derechos inalienables como el acceso a la salud, la educación y la cultura.
En marzo de 2012, cuatro meses después de aquel mensaje exprés de la Seguridad del Estado a Sonia Garro, mientras aún el protocolo oficial daba los últimos toques al recibimiento del Papa Benedicto XVI, fuerzas antimotines detuvieron de manera espectacular, utilizando balas de goma, a Sonia Garro y su esposo Ramón Alejandro Muñoz.
La fiscalía los acusa de tentativa de asesinato y desorden público. Llevan dos años tras las rejas sin juicio. Yamilé Garro, hermana de Sonia y madre de dos hijos, inquilina de una precaria cuarteria en un barrio pobre de Centro Habana, cada quince días debe cargar jabas de 10 o más kilos con azúcar prieta, pan tostado, alimentos y medicinas para el matrimonio Garro-Muñoz, encarcelados en prisiones distintas, alejadas una de otra.
Excepto un puñado de periodistas y abogados libres, Damas de Blanco y miembros del Comité de Integración Racial que preside Juan Antonio Madrazo, el barullo mediático y político en la oposición y el exilio cubanos reclamando la liberación de Sonia y Ramón ha sido intermitente.
No debemos ser ajenos a este tipo de arbitraridades del régimen. Cualquier disidente mañana puede ser Sonia Garro.
“Al estilo de una película de espionaje, me llevaron detenida a una casa de la contrainteligencia. Tuve que agachar la cabeza en el auto y tras innumerables rodeos me condujeron a una residencia ubicada en las afueras de la ciudad. Allí, un alto oficial de los servicios especiales, de manera escueta, me trasmitió un mensaje de las más altas instancias: Sonia, o dejas las marchas en la calle o te enjuiciamos. El propio Presidente (Raúl Castro) nos ha dado la orden de terminar este asunto", me decía Sonia, mientras en las inmediaciones del Parque de la Fraternidad esperaba la ruta P-14 rumbo a su domicilio en Marianao, al oeste de La Habana.
Meses antes, Sonia Garro, activa Dama de Blanco, junto a un grupo de seis mujeres protestaban de manera pacífica en las calles habaneras contra la autocracia verde olivo, reclamando espacios políticos y exigiendo democracia.
La disidencia callejera y de barricada es fuertemente reprimida por las fuerzas de la Seguridad del Estado. Según el gobierno, 'la calle es propiedad de los revolucionarios'.
Las autoridades solo autorizan marchas y manifestaciones si son para apoyar a la revolución, condenar a Estados Unidos o pedir la liberación de tres espías cubanos presos en cárceles estadounidenses. Los activistas y disidentes que intentan tomar como tribuna la vía pública, parques y plazoletas, reciben bofetadas y patadas de kárate de expertos en artes marciales que se camuflan entre paramilitares leales al gobierno.
Esa tropa de ‘supuestos indignados’, se activa en pocos minutos por un aceitado mecanismo de control de masas existentes en las estructuras políticas del país y que los servicios especiales suelen utilizar a conveniencia. Lo mismo movilizan a trabajadores, empleados o estudiantes de escuelas y centros cercanos al lugar de la marcha opositora. Si de antemano conocen el lugar y la hora de la protesta, como viene sucediendo en Venezuela, a la carrera arman un acto o una fiesta para niños y jóvenes.
Recuerdo a Sonia Garro magullada después de cada protesta callejera. La arrastraban esposada y tomada por el pelo hasta un auto policial. En el trayecto recibía una andanada de insultos y golpes.
Como ración extra a su atrevimiento, cíclicamente, la Seguridad del Estado montaba actos de repudio frente a su vivienda. Esta 'técnica operativa' no es nueva. Es un feroz linchamiento verbal estrenado por el régimen en 1980 contra las personas que decidían marcharse del manicomio comunista. Por aquellos años, además de gruesas ofensas, se lanzaban huevos y piedras y en las fachadas de sus hogares les pintaban la palabra gusano o escoria.
Curiosamente, años después el régimen habla de tender puentes hacia una emigración que ellos llaman 'económica', pero en la que hay muchos cubanos que en 1980 fueron víctimas de 'mítines de repudio'. Y a ninguno les han dado disculpas. El método -cuasi fascista- ha servido como arma para repeler las incipientes protestas callejeras de quienes piensan diferente.
La disidencia en Cuba es ilegal. Flota en al aire de la República una ley vigente, llamada Mordaza, que permite enviar por dos décadas o más a la cárcel a un opositor o periodista independiente.
Las condenas internacionales y los nuevos tiempos han llevado a los hermanos Castro atemperar el trato hacia la disidencia. Han trazado una línea tenue de lo que se puede hacer o no.
Nadie conoce a ciencia cierta los límites de esa línea, pero de acuerdo a estrategias políticas, coyunturas mundiales o su estado de ánimo, a discreción permiten reuniones y tertulias a puertas cerradas. Pero la calle es sagrada.
Sonia Garro se saltaba esos preceptos. Gústele o no al gobierno, las manifiestaciones, protestas y huelgas, la libertad de expresión y la creación de partidos políticos, son derechos inalienables como el acceso a la salud, la educación y la cultura.
En marzo de 2012, cuatro meses después de aquel mensaje exprés de la Seguridad del Estado a Sonia Garro, mientras aún el protocolo oficial daba los últimos toques al recibimiento del Papa Benedicto XVI, fuerzas antimotines detuvieron de manera espectacular, utilizando balas de goma, a Sonia Garro y su esposo Ramón Alejandro Muñoz.
La fiscalía los acusa de tentativa de asesinato y desorden público. Llevan dos años tras las rejas sin juicio. Yamilé Garro, hermana de Sonia y madre de dos hijos, inquilina de una precaria cuarteria en un barrio pobre de Centro Habana, cada quince días debe cargar jabas de 10 o más kilos con azúcar prieta, pan tostado, alimentos y medicinas para el matrimonio Garro-Muñoz, encarcelados en prisiones distintas, alejadas una de otra.
Excepto un puñado de periodistas y abogados libres, Damas de Blanco y miembros del Comité de Integración Racial que preside Juan Antonio Madrazo, el barullo mediático y político en la oposición y el exilio cubanos reclamando la liberación de Sonia y Ramón ha sido intermitente.
No debemos ser ajenos a este tipo de arbitraridades del régimen. Cualquier disidente mañana puede ser Sonia Garro.
