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Presentan proyecto de ley para levantar el embargo
La propuesta titulada "H.R. 274: To lift the trade embargo on Cuba, and for other purposes" (HR.274 Para levantar el embargo a Cuba y otros propósitos) fue presentada por el demócrata Bobby Rush.
El pasado 12 de enero el representante demócrata por Illinois Bobby L. Rush presentó un proyecto de Ley que propone levantar el embargo estadounidense a Cuba.
La propuesta titulada "H.R. 274: To lift the trade embargo on Cuba, and for other purposes" (HR.274 Para levantar el embargo a Cuba y otros propósitos) fue presentada ante un comité congresional que deberá evaluarla para considerar si pasa al pleno de la Cámara. Hasta ahora no ha sido copatrocinada por nadie, de acuerdo a la información oficial.
El congresista demócrata ha sido partidario del mejoramiento de las relaciones de Estados Unidos con la isla y, desde 2009, ha trabajado en iniciativas para la normalización del comercio entre ambos países.
En abril de ese año visitó la isla junto a otros seis legisladores demócratas y fueron recibidos por el gobernante cubano Raúl Castro.
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El comunismo fracasó en Cuba y el pueblo ansía controlar su propio destino, dice funcionario de EEUU
Una audiencia ante el Subcomité del Hemisferio Occidental en la Cámara de Representantes abordó el impacto de la política de la actual administración hacia Cuba.
El Subsecretario Adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Eric Jacobstein, opinó este jueves que el comunismo fracasó en Cuba, que el pueblo cubano está ansioso por controlar su propio destino económico y que Estados Unidos cree que el dinámico sector privado cubano ofrece a los cubanos comunes y corrientes la oportunidad de una vida mejor.
“Hoy en día, más de un tercio de la fuerza laboral cubana trabaja en alguna de las más de 11.000 empresas privadas de la isla. El pueblo cubano todavía ve a Estados Unidos como un socio preferido. Por lo tanto, no podemos ceder espacio a Rusia o China y debemos seguir fomentando el crecimiento del sector privado”, declaró en una audiencia ante el Subcomité del Hemisferio Occidental en la Cámara de Representantes.
El subsecretario Jacobstein dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba se centra en el apoyo al pueblo cubano, incluidos sus derechos humanos y libertades fundamentales, y su bienestar político y económico.
La labor de USAID
Por su parte, el administrador adjunto para la Oficina para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Greg Howell, destacó cómo esta entidad ha ayudado a capacitar a cientos de periodistas “cuyo trabajo en los principales medios internacionales ha contrarrestado la manipulación de la información por parte del régimen cubano, documentando las difíciles condiciones en la isla y resaltando las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno”.
“Durante casi 30 años, a lo largo de cuatro administraciones estadounidenses, la ayuda estadounidense ha ayudado al pueblo de Cuba frente al gobierno opresivo, apoyando los derechos humanos, las libertades fundamentales y los valores democráticos mediante el fortalecimiento de la sociedad civil y proporcionando un mejor acceso a la información”, dijo Howell.
Intercambio con funcionarios cubanos
A preguntas de la congresista republicana, María Elvira Salazar, quien preside el Subcomité del Hemisferio Occidental, sobre la más reciente visita de otra delegación cubana al Aeropuerto Internacional de Miami, esta vez invitados por la Administración Federal de la Aviación, Jacobstein reiteró que las visitas “tienen como objetivo promover la seguridad de la aviación".
El funcionario mencionó que la Agencia de Seguridad del Transporte "ha coordinado con la Autoridad de Aviación Civil de Cuba durante años sobre medidas de seguridad aeroportuaria".
Salazar cuestionó si la Administración del presidente Joe Biden estaba tratando de "crear un escenario" que pudiera facilitar la salida de Cuba de la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo.
“Cualquier revisión del estatus de Cuba en dicha lista, en caso de que ocurriera, se basaría en la ley y los criterios establecidos por el Congreso”, contestó el funcionario.
Los médicos cubanos enviados al exterior
La representante cubanoamericana también le preguntó a Jacobstein qué podía hacer el gobierno de Estados Unidos ante el envío a Honduras de un grupo de 96 médicos cubanos, a los que consideró como profesionales “esclavizados por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro”.
“Seguimos instando a los países que estén considerando contratar a trabajadores cubanos a que mantengan los acuerdos transparentes y respeten los derechos humanos y los derechos laborales internacionalmente reconocidos”, respondió.
Por su parte, la congresista republicana sugirió que Estados Unidos no permita la entrada al país de cualquier funcionario del gobierno hondureño que esté involucrado en la trata de personas de médicos cubanos.
Esta misma semana, el Informe sobre Tráfico de Personas del 2024, divulgado por el Departamento de Estado norteamericano, denuncia que entre el 1ro de abril de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024, había una política o patrón gubernamental para sacar provecho del trabajo forzoso en el programa de exportación de mano de obra, que incluía las misiones médicas en el extranjero.
El Informe sobre el Tráfico Humano apunta que La Habana "continuó desplegando trabajadores cubanos afiliados al gobierno en países extranjeros utilizando tácticas engañosas y coercitivas".
En la audiencia de este jueves, el representante demócrata Joaquín Castro, miembro de alto rango del Subcomité, llamó a centrar las conversaciones en cómo trabajar pragmáticamente con los países de la región.
El congresista de Texas alegó que la retórica de la Guerra Fría sólo ayuda a los líderes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua a seguir justificando su negación de los derechos económicos, políticos y sociales de sus pueblos.
Biden y Trump se reencuentran este jueves en el primer debate presidencial
Se prevé que en el debate estén presentes las contrastadas opiniones de los dos candidatos en temas como la inmigración, la seguridad en la frontera y las guerras en Ucrania y Gaza, entre otros asuntos relevantes.
El demócrata Joe Biden, y su antecesor, el republicano Donald Trump, se reencontrarán este jueves en el primer debate presidencial previo a las elecciones de noviembre en Estados Unidos.
El debate televisado de 90 minutos, el primero entre un presidente en ejercicio y un expresidente, se transmitirá esta noche desde la ciudad de Atlanta en la cadena CNN.
A diferencia de debates presidenciales anteriores, no habrá público en el estudio y la CNN intentará evitar conversaciones cruzadas silenciando los micrófonos de los candidatos cuando no sea su turno de hablar. Ninguno de los candidatos podrá traer notas preparadas, aunque sí tendrán lápiz y papel.
El debate ofrece una oportunidad incomparable para que ambos candidatos cambien la trayectoria de la contienda.
Biden tiene la oportunidad de asegurar a los votantes que a sus 81 años es capaz de seguir guiando a Estados Unidos, después de meses de afirmaciones republicanas de que sus facultades han disminuido con la edad.
Mientras tanto, Trump, de 78, podría aprovechar el momento para dejar atrás su sentencia de culpabilidad en Nueva York y convencer a los votantes indecisos de que su temperamento es apto para regresar a la Casa Blanca, y que no representa una amenaza mortal para la democracia, como afirma Biden.
Si bien las encuestas nacionales muestran una carrera empatada, Biden ha estado detrás de Trump en las encuestas de la mayoría de los estados en disputa y, recientemente, vio su ventaja financiera borrada después de que Trump fuera condenado en relación con pagos de dinero a una actriz de películas para adultos para mantener su silencio.
Las encuestas tambén muestran que ni Biden ni Trump son populares y que muchos estadounidenses siguen profundamente ambivalentes acerca de sus opciones. La más reciente encuesta de Reuters/Ipsos señala que alrededor de una quinta parte de los votantes dicen que no han decidido por quién votarán, o que podrían no participar en las elecciones.
Se prevé que en el debate estén presentes las contrastadas opiniones de los dos candidatos en temas como la inmigración, la seguridad en la frontera, las guerras en Ucrania y Gaza, el papel de Estados Unidos en el mundo y sus alianzas; así como la inflación, la política fiscal, el cambio climático y el derecho al aborto.
Trump y Biden no han estado en el mismo escenario, ni siquiera han hablado entre sí, desde su último debate semanas antes de las elecciones presidenciales de 2020.
Este el primer debate presidencial televisado organizado por un solo medio de comunicación después de que ambas campañas abandonaran la Comisión de Debates Presidenciales, un organismo bipartidista que había organizado todos los encuentros desde 1988.
Mayorkas celebra efecto de medidas en la frontera, señala drástica reducción en cruces ilegales
Advirtió que la cantidad limitada de citas a través de la aplicación CBPOne no aumentará de las 1,400 a 1,500 permitidas por día, porque esta responde a la capacidad de procesamiento de los puertos de entrada a EEUU.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que las medidas anunciadas por el presidente a principios de junio que cortaron el acceso al asilo están "cambiando el cálculo para quienes consideran cruzar nuestra frontera".
Mayorkas dijo en una conferencia de prensa desde Tucson, Arizona, que en toda la frontera sur, los encuentros con la Patrulla Fronteriza se han reducido en más del 40 por ciento, y que en tres semanas han operado más de 100 vuelos internacionales de repatriación a más de 20 países, y hemos expulsado o devuelto a más de 24.000 personas.
“Las acciones del Presidente están funcionando debido a su dura respuesta a los cruces ilegales y porque se basan en nuestros esfuerzos sostenidos para ejercer todas nuestras autoridades para hacer cumplir la ley e imponer consecuencias por la entrada illegal”, declaró.
No aumentarán citas de CBPOne
Mayorkas señaló, además, que no se iba a aumentar la cantidad de citas a través de la aplicación CBPOne, que permite coordinar una entrevista en un puerto de entrada con un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza.
“La cantidad de citas permitidas a través de CBPOne, aproximadamente 1,400 a 1,500 por día, se basa en la capacidad de nuestros puertos de entrada. Son puertos de entrada anticuados que también necesitan financiación para modernizarlos”, respondió Mayorkas a la pregunta de una periodista.
Pero la situación en la frontera sur sigue siendo compleja y muchos migrantes se quejan de las prolongadas estadías en México, donde enfrentan condiciones inseguras y la amenaza de grupos criminales, a la espera de una cita de CBPOne.
El Secretario de Seguridad Nacional dijo que “todos coinciden” en que el sistema de inmigración de Estados Unidos es “fallido”, y que sólo el Congreso a través de legislación, puede arreglar un sistema “que fue actualizado por última vez hace casi 30 años”.
“Sólo el Congreso puede darnos los recursos que necesitamos. Hemos carecido de recursos durante décadas”, expresó.
La nueva orden ejecutiva firmada por Biden a principios de junio busca limitar el número de solicitudes de asilo en la frontera, estableciendo un tope diario de 2,500 personas e introdujo cambios significativos en la manera en que Estados Unidos maneja los cruces ilegales.
Con las nuevas normativas, quienes no demuestran un temor creíble en la frontera enfrentan la deportación inmediata, e incluso ser sujetos a cargos penales. La orden establece, además, requisitos más estrictos para la obtención del asilo.
Después del anuncio de la orden ejecutiva, varios congresistas republicanos rápidamente expresaron su desacuerdo con la medida, entre ellos los legisladores cubanoamericanos.
El senador por la Florida, Marco Rubio, dijo en la red social X que “la orden ejecutiva del presidente Biden expuso la hipocresía de esta Casa Blanca”.
“Después de afirmar durante años que no había una crisis fronteriza, ¿de repente la hay?”, cuestionó el representante.
Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart opinó que este "cierre de la frontera” está plagado de "lagunas legales".
Mientras la representante María Elvira Salazar consideró que lo anunciado fue muy poco y que llegó demasiado tarde.
Un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Lee Gelernt, calificó la prohibición de asilo de ilegal y anunció que su grupo presentaría una demanda.
Disminuciones en llegadas a frontera sur en mayo
En mayo de 2024, se registraron más de 117.900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, un 9% más bajo que en abril, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
El total de cubanos fue de 11,446, levemente superior a la cifra de abril, cuando el número de encuentros ascendió a 11,359, pero por debajo de los 13,408 contabilizados en marzo.
Desde octubre pasado, en que comenzó el año fiscal 2024, un total de 109,788 migrantes de la isla han arribado a la frontera sur de EEUU. Desde diciembre de 2021, luego que el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua levantara las restricciones de visa a los cubanos, hasta el 31 de mayo de 2024, alrededor de 624 268 cubanos han sido inspeccionados por ese cuerpo fronterizo.
Según CBP, desde la expiración del Título 42, el 12 de mayo de 2023, y hasta el 31 de mayo pasado, EEUU ha expulsado o devuelto a más de 775.000 personas a sus países de origen, la gran mayoría de las cuales cruzó la frontera suroeste. Las remociones y devoluciones totales durante el año pasado superan las remociones y devoluciones en cualquier año fiscal desde 2010.
La normativa de la administración Biden no solo restringe el acceso al asilo para aquellos que cruzan ilegalmente, sino que también refuerza las protecciones para personas con reclamos legítimos, en conformidad con las obligaciones internacionales del país, como la Convención contra la Tortura, recalcó recientemente en entrevista con Martí Noticias Luis Miranda, subsecretario principal adjunto de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
"Ya hemos visto un impacto en la frontera", aseguró el funcionario, a pocos días de la implementación de la orden ejecutiva del presidente Biden que restringe el acceso de migrantes indocumentados al país.
¿Asistirán los demócratas al discurso de Netanyahu en el Congreso?
La última vez que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dirigió al Congreso de Estados Unidos, cerca de 60 legisladores demócratas faltaron a su discurso hace nueve años, señalando que era una bofetada en la cara del entonces presidente Barack Obama debido a que se encontraba negociando un acuerdo nuclear con Irán.
Ante el discurso de Netanyahu ante los legisladores estadounidenses programado para el 24 de julio y su gobierno ahora en guerra con Hamás en la Franja de Gaza, es probable que el número de ausencias sea mucho mayor.
Los legisladores demócratas se debaten entre asistir o no. Muchos se debaten entre su apoyo a Israel y su angustia por la forma en que Israel ha llevado a cabo las operaciones militares en Gaza. Más de 37.000 palestinos han muerto por fuego israelí desde el ataque de Hamás del 7 de octubre que desencadenó la guerra, según el Ministerio de Salud del territorio controlado por Hamás. El ministerio no diferencia entre civiles y combatientes en sus cifras.
Aunque algunos demócratas afirman que acudirán por respeto a Israel, una facción cada vez más numerosa no quiere participar, lo que ha creado un ambiente extraordinariamente cargado en una reunión que normalmente constituye una muestra ceremonial y bipartidista de apoyo a un aliado estadounidense.
"Deseo que sea un hombre de Estado y haga lo que es correcto para Israel. Todos queremos a Israel", dijo recientemente en la CNN la expresidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, sobre Netanyahu. "Tenemos que ayudarles y no dejar que se interponga en su camino durante tanto tiempo".
Y añadió: "Creo que va a invitar a más de lo que hemos visto en términos de descontento entre los nuestros".
Las tensiones entre Netanyahu y el presidente demócrata Joe Biden se han ido filtrando a la opinión pública, y la semana pasada Netanyahu acusó al gobierno de Biden de retener armas estadounidenses a Israel, una afirmación que volvió a hacer el domingo ante su Gabinete. Después de que el primer ministro hiciera la acusación por primera vez, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo: "En general, no sabemos de qué está hablando. Simplemente no lo sabemos".
La invitación del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, a Netanyahu se produjo tras consultar con la Casa Blanca, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para discutir del delicado tema. Por el momento, no se ha programado ninguna reunión entre los líderes durante la visita de Netanyahu a Washington, dijo esta persona.
Netanyahu señaló en un comunicado que estaba "muy emocionado" por la invitación a dirigirse al Congreso y por la oportunidad de "presentar la verdad sobre nuestra guerra justa contra quienes pretenden destruirnos a los representantes del pueblo estadounidense y del mundo entero".
Rocha no tendrá que pagar indemnización a víctimas por su espionaje
En una decisión que ha generado controversia, la jueza federal Beth Bloom resolvió este viernes que Víctor Manuel Rocha, el exembajador estadounidense condenado por actuar como agente encubierto de Cuba, no está obligado a pagar restitución a posibles víctimas de su traición.
Bloom concluyó que el único perjudicado por las actividades de Rocha es el gobierno de EE.UU.
La audiencia, celebrada en el Tribunal de Distrito en Miami, fue convocada para decidir si Rocha -sentenciado en abril a 15 años de prisión y multado con $500,000- debía compensar a las personas afectadas por su espionaje. Sin embargo, apenas iniciada la sesión, Bloom se alineó con la postura de la fiscalía, que argumentó que no había otras víctimas a quienes resarcir.
Según los fiscales, Rocha, quien había trabajado como agente no registrado para el gobierno cubano desde la década de 1980, no transfirió secretos de seguridad nacional a sus contactos en la isla. Su culpabilidad se centraba en la falta de notificación a las autoridades estadounidenses sobre su rol encubierto, y no se presentó evidencia de que algún individuo hubiera sido directamente perjudicado por sus acciones.
Jonathan Stratton y John Shipley, los fiscales del caso, resaltaron que Rocha, de 73 años, colaboraba con las autoridades estadounidenses en la evaluación de los daños derivados de su labor clandestina. "No existen otras víctimas con derecho a restitución", declararon en documentos judiciales.
En un intento de demostrar el daño causado, Francisco Pastor Chaviano González, un disidente cubano y ahora ciudadano estadounidense, presentó una carta alegando perjuicios, pero los agentes del FBI no encontraron pruebas concluyentes que vincularan a Rocha con la transferencia de información sensible que hubiera afectado directamente a Chaviano.
La fiscalía sugirió que cualquier persona que se considere afectada por los actos de Rocha puede buscar compensación mediante acciones legales en tribunales estatales o federales.
En línea con esto, la viuda del líder opositor Oswaldo Payá presentó una demanda civil en Miami en febrero, acusando a Rocha de seguir colaborando encubiertamente con Cuba en el momento de la muerte de Payá en 2012.
El arresto de Rocha en diciembre de 2022 fue el resultado de una operación encubierta del FBI en la que confesó haber servido a la inteligencia cubana durante cuatro décadas. Este exdiplomático, que llegó a ser embajador en Bolivia en 2000 y más tarde se desempeñó como consultor, fue grabado admitiendo su colaboración con Cuba en 2023.
El manejo del caso por parte del Departamento de Justicia ha sido objeto de críticas, particularmente por su negativa a solicitar restitución. El Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington, D.C., expresó su preocupación por el acuerdo de culpabilidad, calificando la colaboración de Rocha como altamente perjudicial para el pueblo cubano.
Emilio T. González, exdirector de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., criticó en la plataforma “X” la actuación de los fiscales, sugiriendo que Rocha debería ser desnaturalizado y deportado a Colombia.
Durante la audiencia de sentencia en abril, la jueza Bloom describió a Rocha como “un enemigo del gobierno de los Estados Unidos”, criticando el acuerdo de culpabilidad que no incluía la confiscación de propiedades ni la restitución. Rocha, además de disculparse, fue privado de su pensión federal.
Bloom ordenó una futura audiencia para revisar la posible revocación de la ciudadanía estadounidense de Rocha, una medida que podría llevar a su deportación tras cumplir su condena.
Rocha se declaró culpable de conspirar para defraudar al gobierno y actuar como agente extranjero ilegal, como parte de un acuerdo con la fiscalía.
El Fiscal General Merrick Garland destacó que la infiltración de Rocha representó una de las más prolongadas y significativas por parte de un agente extranjero en la historia del gobierno de EE.UU.
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