Una comisión de diputados se instala este lunes para analizar el pedido de impeachment contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que busca apurar el procedimiento en el Congreso para no desatender las urgencias económicas que jaquean a Brasil.
La mandataria renovó al mismo tiempo su confianza en el vicepresidente Michel Temer, quien debería sucederla si es apartada del cargo y a quien se le atribuye estar operando secretamente a favor del juicio político contra Rousseff.
"Esa es la información que sale en algunos medios de prensa", dijo Rousseff al respecto. Temer "siempre fue extremadamente correcto conmigo. No tengo por qué desconfiar de él ni un milímetro", añadió. Hasta ahora, el vicepresidente no ha dicho una sola palabra sobre el asunto.
La presidenta, que cree tener hoy votos suficientes para salvar su mandato, pidió al Congreso que suspenda el receso estival que lo paralizaría desde el 23 de diciembre hasta febrero y que los legisladores vuelvan al trabajo tras los feriados de fin de año.
El gobierno apuesta a resolver el tema lo más rápidamente posible para no demorar la aprobación del ajuste fiscal en marcha y para evitar que crezca la insatisfacción popular luego de las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano.
"No debe haber receso (parlamentario), porque vivimos un momento en que no podemos darnos el derecho de parar el país hasta el día 2 de febrero", dijo Rousseff a periodistas horas antes de la instalación de la comisión legislativa que estudiará su eventual destitución.
Rousseff es acusada por los juristas que reclaman su impeachment de aprobar gastos por decreto, sin autorización previa del Congreso, y de pedir préstamos a bancos estatales para tapar agujeros en el presupuesto.
La comisión de 65 integrantes recibirá los descargos de la mandataria y luego propondrá al plenario rechazar o proseguir con el pedido de juicio político. El proceso es largo y complejo y puede dominar durante varios meses la agenda política en momentos en que Brasil enfrenta su peor recesión en décadas.
La acción contra Rousseff fue promovida por tres abogados -incluido un exfundador del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Helio Bicudo- que alegan que la mandataria cometió delitos de responsabilidad fiscal al administrar las cuentas públicas de manera temeraria.
Los partidarios del juicio político calculan que en momentos de recesión, pérdidas de empleo, inflación en aumento y escándalos de corrupción que no paran de ser investigados, la opinión pública posiblemente se volcará a las calles y terminará presionando a los legisladores a pronunciarse contra la mandataria.
Rousseff, del izquierdista PT, tiene apenas una popularidad de 10% solo once meses después de haber ganado con 54 millones de votos un segundo mandato de cuatro años.
En lo que va del año la economía se desmoronó y se destapó una gigantesca red de corrupción en la estatal Petrobras que llevó a la cárcel a decenas de políticos allegados al gobierno, empresarios y banqueros. Las investigaciones, que no han implicado directamente a Rousseff, aún continúan.
Todos los partidos están este lunes haciendo cuentas y escogiendo cuidadosamente a sus representantes en la comisión especial que empieza discutir el impeachment.
La alianza que sustenta el gobierno de Rousseff está encabezada por el PT y el centrista PMDB, pero este partido tiene corrientes opositoras al gobierno. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que dio vía libre a la solicitud de juicio, pertenece al PMDB y tiene influencia sobre la bancada.
