América Latina
- Agencias
Dilma lucha contra cisma del gobierno mientras crisis se ahonda en Brasil
Ante la perspectiva de un juicio político la presidenta busca impedir que un importante partido se pase a la oposición. Fiscales continúan ahondando en escándalo de corrupción de Odebrecht
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, admitió hoy en forma tácita que su Gobierno trabaja para impedir que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer, pase a engrosar la oposición.
"Todos estamos bastante interesados en la permanencia del PMDB en el Gobierno", que mantiene contactos con diversos dirigentes de esa formación para impedir una ruptura, dijo Rousseff, quien está bajo la amenaza de un juicio en el Congreso con miras a su destitución.
Durante una visita a unas instalaciones militares, Rousseff fue consultada por periodistas sobre la posibilidad de que el PMDB se decida por la ruptura, lo que puede ocurrir en una reunión que la dirección nacional de esa formación celebrará la próxima semana.
"Nosotros deseamos mucho que el PMDB siga en el Gobierno", por lo que "vamos a ver cuáles son sus decisiones", indicó Rousseff, quien aclaró que la posición que adopte ese partido "será respetada".
Además del vicepresidente, electo en la misma fórmula que Rousseff, el PMDB tiene siete ministros en el Gobierno y representa la primera minoría en las dos cámaras legislativas, por lo que sus votos serían claves frente al posible juicio político que puede ser abierto contra la mandataria en el Parlamento.
El vicepresidente Temer, primero en la línea sucesoria en caso de una destitución de Rousseff, no ha sido visto en las últimos días en ningún acto oficial y ha mantenido reuniones con representantes de la oposición y, en especial, con dirigentes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que promueve el juicio político.
Hace quince días, el PMDB celebró una convención nacional en la que acordó que, para fines de este mes, decidirá si continúa en el Gobierno, como exigen las alas oficialistas de la formación, o si pasa a la oposición, como demandan los sectores disidentes, que han cobrado fuerza al calor de la severa crisis política brasileña.
Aunque aún no ha sido totalmente confirmado, fuentes del PMDB han dicho que la reunión en que se decidirá si el partido continúa o no con el Gobierno sería realizada el próximo martes, después del receso de Semana Santa.
La semana pasada, rompieron con la coalición de Gobierno los partidos Republicano Brasileño (PRB) y Laborista Brasileño (PTB), que en conjunto suman 40 de los 513 escaños de la Cámara Baja.
El PMDB cuenta con 69 diputados, de modo que si se concreta la ruptura el Gobierno habría perdido más de 100 votos en cuestión de días, y en momentos en que la Cámara Baja se apresta para decidir si propondrá que Rousseff sea sometida a un juicio político.
El trámite de ese proceso está ahora en manos de una comisión de 65 diputados, que analiza si existen méritos jurídicos para avanzar hacia un juicio, que la oposición fundamenta en unas irregularidades fiscales que supuestamente el Gobierno cometió en 2014 y 2015.
Esa comisión presentará un informe al pleno de la Cámara de Diputados, que por una mayoría calificada de dos tercios (342 votos) decidirá si archiva la causa o la remite al Senado.
En ese último caso, los senadores se pronunciarán, por mayoría simple de 41 votos, sobre si Rousseff finalmente será sometida a un juicio político.
Si la intención de la oposición prospera, Rousseff deberá dejar el cargo durante 180 días, plazo que tendrá el proceso, y durante ese período será sustituida por Temer, quien completaría el mandato en caso de que la mandataria fuera finalmente destituida.
La presidenta ha asegurado que no renunciará por su propia voluntad:
Mientras tanto el jefe del gabinete personal de la presidencia, Jaques Wagner, dijo este miércoles que un juicio político a la presidenta Rousseff no es la solución para los problemas económicos del país porque cualquier nuevo gobierno carecería de legitimidad.
En declaraciones a periodistas en Río de Janeiro, Wagner también dijo que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva podría trabajar como asesor de la presidenta, si un juez de la Corte Suprema dictaminara que no puede ocupar el puesto de jJefe de Gabinete. Dilma nombró a Lula en ese cargo, con la evidente intención de conferirle inmunidad jurídica, después que el ex mandatario fuera llamado a declarar en una investigación sobre corrupción que le implica.
Crisis empeora
Fiscales brasileños develaron el martes prácticas sistemáticas de corrupción al interior del grupo de ingeniería Odebrecht, que contaba con una oficina encargada de pagar sobornos para ofrecer "servicios" a la estatal Petrobras y a proyectos de construcción, incluyendo estadios para el Mundial de fútbol.
La policía arrestó a 10 de las 15 personas señaladas como sospechosas en la más reciente fase de una extensa investigación por corrupción que ya lleva dos años, entre ellas a ejecutivos de Odebrecht, dijo en rueda de prensa Igor Romario, jefe de la fuerza federal.
La indagación ha llevado a la cárcel a varios ejecutivos y políticos importantes de Brasil y puesto en jaque al Gobierno dela presidenta Dilma Rousseff, quien podría enfrentar un juicio político. Su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, también ha sido implicado en un esquema de pagos injustificados gestado al interior de Petrobras.
Los escándalos han generado la crisis política en Brasil que se suma a la profunda recesión económica y a los efectos de una epidemia del virus de Zika, mientras el país se prepara para albergar los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en agosto.
Los procuradores dijeron que sus indagaciones muestran que Marcelo Odebrecht, ex presidente ejecutivo del conglomerado de construcción, estaba a cargo de los sobornos, que continuaron tras su arresto en junio de 2015. El ejecutivo fue sentenciado a19 años de prisión por cargos de corrupción y lavado de dinero.
Estadios para el mundial
Carlos Fernando dos Santos Lima, uno de los jefes del operativo de la fiscalía, dijo que cuenta con evidencia de que se pagaron sobornos para proyectos de construcción de estadios de fútbol utilizados por Brasil para la Copa del Mundo en 2014, en particular para el Arena Corinthians de Sao Paulo.
"Hay un sistema, que incluso es automatizado, para controlar estos pagos en los sectores de petróleo, gas e infraestructura, para estadios de fútbol", dijo Lima.
Odebrecht estuvo involucrado en la construcción de al menos cuatro de los 12 estadios del Mundial de Brasil, entre ellos el Arena Corinthians.
La policía también dijo que estaba investigando sobornos relativos a las obras de Porto Maravilha, un proyecto para modernizar el área portuaria de Río de Janeiro que había sido elogiado por autoridades como uno de los mayores legados que quedarían en la ciudad tras los Juegos Olímpicos de este año.
Sobornos paralelos
La operación dada a conocer el martes, llamada "Xepa", dejó en evidencia un esquema de sobornos paralelo liderado por Odebrecht que malversaba fondos de Petrobras. Los fiscales también identificaron pagos indebidos de la compañía deconstrucción en Argentina y Angola.
Odebrecht y otras grandes compañías de ingeniería y construcción han quedado en la mira por el escándalo de sobornos y tráfico de influencias que se descubrió primero en Petrobras y que dio paso a una pesquisa apodada "Operación Lavado de Autos".
La policía dijo que halló evidencia de que 14 ejecutivos que trabajaban para diferentes áreas de Odebrecht enviaron pedido sde "pagos paralelos", lo que abrió una nueva arista en lainvestigación por prácticas corruptas.
La empresa dijo en un comunicado que cooperará en la investigación del caso y que sus ejecutivos buscarán acuerdos de delación compensada con la fiscalía, informó TV Globo.
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Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
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