Una nueva resolución obliga a abogados, notarios y consultores a denunciar cualquier operación financiera que pueda parecer sospechosa "de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas y otras relacionadas de similar gravedad que conozcan por razón del ejercicio de sus atribuciones".
La normativa firmada por la ministra de Justicia, María Esther Reus, facilitaría información a las pesquisas de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba.
"Abogados, notarios y consultores jurídicos en el ejercicio de sus respectivas atribuciones y obligaciones, pueden conocer de posibles operaciones sospechosas relacionadas con la introducción en el mercado cubano de activos ilícitos, con el fin de ser utilizados en actividades terroristas o de blanquear capitales”, asegura la resolución que publica de manera extraordinaria la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
Al explicar su pertinencia, la Resolución refiere el Acuerdo No. 3950 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, que entre otras decisiones faculta al Minjus para «dirigir y controlar, técnica, normativa y metodológicamente, el ejercicio de las funciones o la prestación de los servicios notariales, de asesoría y asistencia jurídica para los organismos de la Administración Central del Estado, instituciones estatales, entidades del sector cooperativo y privado, o personas naturales, así como ejercer la inspección de los mismos».
Señala, también, que el Decreto-Ley número 81, Sobre el Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, de 8 de junio de 1984, en su Disposición Especial Primera, faculta al Minjus «para dictar cualquier disposición o regulación para la aplicación de dicho Decreto-Ley».
Cuba emite estas medidas en un escenario de lucha contra la corrupción, convertido en una de las banderas del Gobierno de Castro, que en particular ha emprendido acciones contra los delitos en empresas estatales y mixtas (con participación extranjera).
En los últimos años los tribunales del país han procesado a varios funcionarios cubanos y extranjeros por diversos delitos económicos.
