En 2006, un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), en La Habana, fueron sancionados por utilizar los equipos del centro docente para tener acceso libre a la internet. Se convirtieron ellos en los pioneros de una actividad económica entonces penada. Ellos crearon chats clandestinos en servidores de la UCI, tuvieron contactos con otras personas en la internet que no viven dentro de la Isla, evadieron los propios sistemas de seguridad que estaban supuestos a implementar y mantener, además de compartir contraseñas y cuentas de acceso con un sinnúmero de personas dentro y fuera del programa cubano.
Ahora es muy posible que los mismos muchachos puedan emprender este tipo de iniciativas sin miedo a un castigo: por primera vez, en más de 50 años, un grupo de profesionales cubanos, graduados después de 1964, podrán ejercer sus carreras en negocios privados.
El Decreto-Ley número 305, del 15 de noviembre de 2012, publicado en la Gaceta Oficial el pasado 11 de diciembre, permite la creación de estas empresas privadas denominadas "cooperativas no agropecuarias" con un carácter experimental, por período de un año, en las que pueden asociarse traductores, informáticos y contadores.
Las mencionadas cooperativas estarán presentes en todo el país con al menos tres asociaciones en cada territorio, mientras la mayoría lo estarán en Centro Habana, Mayabeque y Artemisa.
Según el decreto, las empresas arrancarían inicialmente con el dinero que aporte cada uno de sus socios, o mediante créditos bancarios. En el caso de que el negocio sea de interés para el Estado, obtendrían capital del fondo de fideicomiso del presupuesto estatal.
En estas firmas sólo pueden estar cubanos mayores de 18 años que vivan en la isla, aptos para realizar labores productivas o de servicios en su actividad. Los extranjeros no tienen cabida en este tipo de empresas, pues según explica la abogada independiente Laritza Diversent “este Decreto-Ley impide que los extranjeros inviertan en las cooperativas no agropecuarias, (porque) realmente en Cuba existe una ley para la inversión extranjera, y hay un procedimiento que es bastante gravoso para los inversionistas extranjeros”.
Como cualquier entidad comercial, las cooperativas podrán exportar e importar, siempre que sigan las regulaciones impuestas por el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera que sería, en definitiva, el gestionador de la operaciones.
Para el informático cubano Eliécer Ávila, la medida es positiva; sin embargo, advierte que “es imposible que ninguna cooperativa en el campo de la tecnología pueda ser competitiva, realmente innovar, crear, aportar al mundo de las tecnologías y al mercado de las tecnologías actuales sin tener inversiones de mediana o gran escala”.
Ávila, egresado de la UCI, explicó que no se trata "de cuatro individuos en un garaje reparando un disco duro, sino de invertir decenas o cientos de miles de dólares en tecnología, en investigación, en infraestructura, en personal, para poder realmente, construir, idear, crear productos que puedan competir con las soluciones que en otros países, contextos del mundo, se están creando constantemente”.
“No se puede aplicar ni mucho menos este concepto, de que las cooperativas en Cuba siempre tenemos que hacer negocios subdesarrollados, negocios de inversiones risibles. Eso no va a traer un resultado ni en el desarrollo del país ni en el desarrollo económico de las personas que lo van a elaborar. Hay que comenzar a eliminar barreras conceptuales con respecto a los negocios que se están creando”, enfatizó.
Laritza Diversent, en cambio, opina que esta iniciativa constituye el punto de inicio para que Cuba se desarrolle en este sentido: "Tenemos 50 años de atraso tecnológico; aquí no hay generación tecnológica. Creo que a partir de ahí, es que ellos (Gobierno) podrán pensar en desarrollar algo, porque muchos de los servicios que tiene el Estado son insuficientes”.
La economía planificada en Cuba durante décadas no aupó la actividad económica privada. Hasta 1989, se permitían ciertas profesiones como peluqueros, sastres, jardineros, taxistas, fotógrafos, electricistas, carpinteros y mecánicos, junto a trabajos profesionales como dentistas, médicos, arquitectos e ingenieros graduados antes de 1964.
En 1995, en medio del período especial, se permitieron 117 actividades privadas. Los pioneros del cuentapropismo fueron entonces los amoladores de tijeras, payasos, arregladores de colchones, desmochador de palmas, y otros. En 2004 no se renovaron varias licencias de actividades privadas, pero con la legada al poder de Raúl Castro se aumentó en 2010 a 178 las actividades permitidas, y de ellas, 83 no tenían que tener vínculos familiares para ejercerlas.
Ahora es muy posible que los mismos muchachos puedan emprender este tipo de iniciativas sin miedo a un castigo: por primera vez, en más de 50 años, un grupo de profesionales cubanos, graduados después de 1964, podrán ejercer sus carreras en negocios privados.
El Decreto-Ley número 305, del 15 de noviembre de 2012, publicado en la Gaceta Oficial el pasado 11 de diciembre, permite la creación de estas empresas privadas denominadas "cooperativas no agropecuarias" con un carácter experimental, por período de un año, en las que pueden asociarse traductores, informáticos y contadores.
Las mencionadas cooperativas estarán presentes en todo el país con al menos tres asociaciones en cada territorio, mientras la mayoría lo estarán en Centro Habana, Mayabeque y Artemisa.
Según el decreto, las empresas arrancarían inicialmente con el dinero que aporte cada uno de sus socios, o mediante créditos bancarios. En el caso de que el negocio sea de interés para el Estado, obtendrían capital del fondo de fideicomiso del presupuesto estatal.
En estas firmas sólo pueden estar cubanos mayores de 18 años que vivan en la isla, aptos para realizar labores productivas o de servicios en su actividad. Los extranjeros no tienen cabida en este tipo de empresas, pues según explica la abogada independiente Laritza Diversent “este Decreto-Ley impide que los extranjeros inviertan en las cooperativas no agropecuarias, (porque) realmente en Cuba existe una ley para la inversión extranjera, y hay un procedimiento que es bastante gravoso para los inversionistas extranjeros”.
Como cualquier entidad comercial, las cooperativas podrán exportar e importar, siempre que sigan las regulaciones impuestas por el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera que sería, en definitiva, el gestionador de la operaciones.
Para el informático cubano Eliécer Ávila, la medida es positiva; sin embargo, advierte que “es imposible que ninguna cooperativa en el campo de la tecnología pueda ser competitiva, realmente innovar, crear, aportar al mundo de las tecnologías y al mercado de las tecnologías actuales sin tener inversiones de mediana o gran escala”.
Ávila, egresado de la UCI, explicó que no se trata "de cuatro individuos en un garaje reparando un disco duro, sino de invertir decenas o cientos de miles de dólares en tecnología, en investigación, en infraestructura, en personal, para poder realmente, construir, idear, crear productos que puedan competir con las soluciones que en otros países, contextos del mundo, se están creando constantemente”.
“No se puede aplicar ni mucho menos este concepto, de que las cooperativas en Cuba siempre tenemos que hacer negocios subdesarrollados, negocios de inversiones risibles. Eso no va a traer un resultado ni en el desarrollo del país ni en el desarrollo económico de las personas que lo van a elaborar. Hay que comenzar a eliminar barreras conceptuales con respecto a los negocios que se están creando”, enfatizó.
Laritza Diversent, en cambio, opina que esta iniciativa constituye el punto de inicio para que Cuba se desarrolle en este sentido: "Tenemos 50 años de atraso tecnológico; aquí no hay generación tecnológica. Creo que a partir de ahí, es que ellos (Gobierno) podrán pensar en desarrollar algo, porque muchos de los servicios que tiene el Estado son insuficientes”.
La economía planificada en Cuba durante décadas no aupó la actividad económica privada. Hasta 1989, se permitían ciertas profesiones como peluqueros, sastres, jardineros, taxistas, fotógrafos, electricistas, carpinteros y mecánicos, junto a trabajos profesionales como dentistas, médicos, arquitectos e ingenieros graduados antes de 1964.
En 1995, en medio del período especial, se permitieron 117 actividades privadas. Los pioneros del cuentapropismo fueron entonces los amoladores de tijeras, payasos, arregladores de colchones, desmochador de palmas, y otros. En 2004 no se renovaron varias licencias de actividades privadas, pero con la legada al poder de Raúl Castro se aumentó en 2010 a 178 las actividades permitidas, y de ellas, 83 no tenían que tener vínculos familiares para ejercerlas.
