El subcontratista estadounidense Alan Gross, preso en Cuba desde 2009, no fue un espía al estilo "James Bond" sino que emprendió un proyecto sin saber los riesgos, pero convencido de que, si había problemas, EE.UU. y la empresa que lo contrató lo ayudarían, afirmó en entrevista con Efe su abogado, Scott Gilbert.
Gross y su esposa, Judy, demandaron en noviembre pasado a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) -que depende del Departamento de Estado- y a la empresa DAI, que lo contrató para establecer servicio de internet para la comunidad judía en la isla, alegando que éste no fue informado de los riesgos ni recibió la debida capacitación o protección.
"El Departamento de Estado ha dicho públicamente en la prensa que sabían que Alan estaba siendo enviado a Cuba con aparatos que son ilegales en Cuba... ¿Cómo puede el Gobierno de EE.UU. enviar a un civil a Cuba sabiendo eso?", se quejó Gilbert, abogado principal del bufete Gilbert LLP, durante una extensa entrevista con Efe en sus oficinas en Washington.
El caso comenzará a ventilarse a partir del próximo 15 de enero en un tribunal federal en Washington.
Según el régimen cubano, Gross introdujo aparatos que son ilegales en el país, como teléfonos satelitales, y lo condenó a 15 años de cárcel tras acusarlo de querer subvertir al Gobierno castrista.
Mientras, EE.UU. y la familia Gross exigen su puesta en libertad "sin condiciones" al insistir que no hizo nada malo y que es un trabajador humanitario dedicado a las causas judías.
Gross hizo cinco viajes en 2009 -fue arrestado en el último, el 3 de diciembre de ese año- y, según la demanda, en sus informes del tercer y cuarto viaje ya alertó de que sin duda la misión era "muy arriesgada".
"Puedo decirle categóricamente que Alan Gross no esperaba ser arrestado o detenido en Cuba o pasar una sola noche en prisión; ha sido una experiencia kafkiana", afirmó Gilbert, quien cree que EE.UU. tuvo que saber que su cliente sería vigilado desde su primer viaje.
"Cuando Alan expresó preocupación por los viajes, esencialmente le dijeron, 'o terminas este proyecto o buscaremos a otro que lo haga'... Alan pensó que (el Gobierno de EE.UU.) lo estaba protegiendo y que jamás permitiría que se metiera en una situación que le causaría daño", observó.
Al describir a Alan como alguien "muy idealista" al extremo de ser "potencialmente hasta ingenuo", Gilbert enfatizó que la USAID y DAI jamás debieron iniciar el proyecto en Cuba, de ahí que la demanda de 60 millones de dólares busca ayudar a la familia a "sobrevivir esta prueba".
"Si ves una foto de Alan antes de ir a Cuba, no ves a un James Bond", señaló Gilbert, al reiterar su queja de que tanto USAID como DAI actuaron con "enorme negligencia" y "violaron sus propias reglas".
En ese sentido, Gilbert dejó entrever que la fase de presentación de pruebas, posiblemente a mediados de 2013, podría revelar datos embarazosos para EE.UU. y sus iniciativas hacia Cuba.
Según Gilbert, en esa fase se proveerán documentos, correos electrónicos y testimonios de funcionarios para demostrar la "enorme negligencia" del Gobierno de EE.UU., si bien el abogado anticipa que USAID pedirá que se desestime el caso y argumentará que Gross asumió su riesgo.
Con unos ingresos de casi 300 millones de dólares anuales, DAI es desde 2007 uno de los principales receptores de contratos de la USAID, que financió la misión como parte de sus programas para fomentar la democracia en Cuba. Pero La Habana los considera ilegales.
La familia Gross también presentó una demanda, en un tribunal en el condado de Montgomery (Maryland), contra Federal Insurance Group, la aseguradora de DAI. Ese caso también comenzará en enero próximo.
En paralelo a la estrategia legal, otro abogado de Gross, Jared Genser, colabora en los esfuerzos de relaciones públicas y la campaña de presión para que EE.UU. y Cuba se sienten a negociar una solución.
La familia Gross pide que el presidente Barack Obama designe a un enviado especial que negocie con plena autoridad con Cuba. El exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, y el expresidente Jimmy Carter han viajado a Cuba pero por cuenta propia.
Gross y su esposa, Judy, demandaron en noviembre pasado a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) -que depende del Departamento de Estado- y a la empresa DAI, que lo contrató para establecer servicio de internet para la comunidad judía en la isla, alegando que éste no fue informado de los riesgos ni recibió la debida capacitación o protección.
"El Departamento de Estado ha dicho públicamente en la prensa que sabían que Alan estaba siendo enviado a Cuba con aparatos que son ilegales en Cuba... ¿Cómo puede el Gobierno de EE.UU. enviar a un civil a Cuba sabiendo eso?", se quejó Gilbert, abogado principal del bufete Gilbert LLP, durante una extensa entrevista con Efe en sus oficinas en Washington.
El caso comenzará a ventilarse a partir del próximo 15 de enero en un tribunal federal en Washington.
Según el régimen cubano, Gross introdujo aparatos que son ilegales en el país, como teléfonos satelitales, y lo condenó a 15 años de cárcel tras acusarlo de querer subvertir al Gobierno castrista.
Mientras, EE.UU. y la familia Gross exigen su puesta en libertad "sin condiciones" al insistir que no hizo nada malo y que es un trabajador humanitario dedicado a las causas judías.
Gross hizo cinco viajes en 2009 -fue arrestado en el último, el 3 de diciembre de ese año- y, según la demanda, en sus informes del tercer y cuarto viaje ya alertó de que sin duda la misión era "muy arriesgada".
"Puedo decirle categóricamente que Alan Gross no esperaba ser arrestado o detenido en Cuba o pasar una sola noche en prisión; ha sido una experiencia kafkiana", afirmó Gilbert, quien cree que EE.UU. tuvo que saber que su cliente sería vigilado desde su primer viaje.
"Cuando Alan expresó preocupación por los viajes, esencialmente le dijeron, 'o terminas este proyecto o buscaremos a otro que lo haga'... Alan pensó que (el Gobierno de EE.UU.) lo estaba protegiendo y que jamás permitiría que se metiera en una situación que le causaría daño", observó.
Al describir a Alan como alguien "muy idealista" al extremo de ser "potencialmente hasta ingenuo", Gilbert enfatizó que la USAID y DAI jamás debieron iniciar el proyecto en Cuba, de ahí que la demanda de 60 millones de dólares busca ayudar a la familia a "sobrevivir esta prueba".
"Si ves una foto de Alan antes de ir a Cuba, no ves a un James Bond", señaló Gilbert, al reiterar su queja de que tanto USAID como DAI actuaron con "enorme negligencia" y "violaron sus propias reglas".
En ese sentido, Gilbert dejó entrever que la fase de presentación de pruebas, posiblemente a mediados de 2013, podría revelar datos embarazosos para EE.UU. y sus iniciativas hacia Cuba.
Según Gilbert, en esa fase se proveerán documentos, correos electrónicos y testimonios de funcionarios para demostrar la "enorme negligencia" del Gobierno de EE.UU., si bien el abogado anticipa que USAID pedirá que se desestime el caso y argumentará que Gross asumió su riesgo.
Con unos ingresos de casi 300 millones de dólares anuales, DAI es desde 2007 uno de los principales receptores de contratos de la USAID, que financió la misión como parte de sus programas para fomentar la democracia en Cuba. Pero La Habana los considera ilegales.
La familia Gross también presentó una demanda, en un tribunal en el condado de Montgomery (Maryland), contra Federal Insurance Group, la aseguradora de DAI. Ese caso también comenzará en enero próximo.
En paralelo a la estrategia legal, otro abogado de Gross, Jared Genser, colabora en los esfuerzos de relaciones públicas y la campaña de presión para que EE.UU. y Cuba se sienten a negociar una solución.
La familia Gross pide que el presidente Barack Obama designe a un enviado especial que negocie con plena autoridad con Cuba. El exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, y el expresidente Jimmy Carter han viajado a Cuba pero por cuenta propia.
