Cuba tiene las leyes más restrictivas de
las Américas en cuanto a libertad de expresión y de prensa, afirmó este miércoles el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ, sigla en inglés) con sede en New York.
El informe del CPJ titulado "Leyes penales de difamación en el Caribe" señala que "la constitución prohíbe la propiedad privada de medios de difusión y permite la libertad de expresión y del periodismo sólo si "mantiene los objetivos de la sociedad socialista".
El CPJ explica que el Código Penal ofrece a las autoridades cubanas una variedad de disposiciones penales para reprimir el disenso y castigar a aquellos que sean abiertamente críticos del Gobierno.
"En general, el Código Penal aborda tres formas de delitos de difamación: difamación, injuria y desacato a la autoridad", subraya.
En el capítulo referente a la difamación, el Código Penal mantiene una prohibición contra la difamación de cualquier institución del Gobierno, organizaciones políticas o "héroes o mártires de la República", que es punible con tres meses a un año de prisión o multa.
La injuria está penalizada en el Código Penal de Cuba en su sección sobre delitos contra el honor, y específicamente, el artículo 321 establece que "[e]l que de propósito, por escrito o de palabra, a través de dibujos, gestos o actos ofenda a otro en su honor", será castigado con tres meses a un año de prisión o una multa.
Además de las disposiciones antes mencionadas, el Código Penal de Cuba también sanciona la calumnia, difamación, insulto o injuria "o cualquier otra forma de expresión despreciativa u ofensiva" contra funcionarios públicos de alto rango, con hasta tres años de prisión.
El informe del CPJ destaca que las leyes cubanas incluyen otras disposiciones penales de amplio alcance que han sido usadas para restringir el ejercicio de la libertad de expresión.
"Cuba mantiene prohibiciones contra la difusión de 'noticias falsas' con el fin de 'perturbar la paz internacional' o 'poner en peligro el prestigio del estado cubano o desacreditarlo'", este delito es punible con uno a cuatro años de prisión, subraya el informe.
Además, el artículo 103 del Código Penal prevé sanciones de hasta 15 años de prisión por la participación en "propaganda enemiga".
Del mismo modo, la Ley de Dignidad Nacional de 1997 establece penas de prisión de tres a 10 años para "cualquier persona que, de manera directa o indirecta, colabore con medios de comunicación del enemigo", que está dirigida a las agencias de noticias independientes que envían su material al exterior.
El informe del CPJ agrega que son de particular interés el artículo 91 del Código Penal, que impone largas penas de prisión o la muerte para aquellos que actúan contra "la independencia o la integridad territorial del estado", 219 y la Ley 88 para la Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que impone hasta 20 años de prisión por pasar información al Gobierno de Estados Unidos o por buscar información clasificada "destinada a interrumpir el orden interno, desestabilizar al país y terminar el estado socialista y la independencia de Cuba".
"El Código Penal de Cuba ofrece varias otras disposiciones penales que han sido usadas para restringir la libertad de expresión y la libertad de asociación y reunión pacífica, tales como los cargos de rebelión, impresiones clandestinas, peligrosidad social predelictiva, asociaciones ilícitas, reuniones y manifestaciones, resistencia y espionaje.
El informe concluye señalando que las estructuras legales e institucionales de Cuba están bajo el control estricto del ejecutivo. Las leyes que penalizan la difamación, el desacato y la "propaganda enemiga" han sido ampliamente usadas para restringir la libertad de expresión bajo la apariencia de proteger la seguridad del Estado.
"A lo largo de los años, cientos de personas han sido encarceladas en Cuba por expresar pacíficamente sus opiniones. El hostigamiento, la intimidación, la detención arbitraria y las acusaciones penales continúan siendo usadas para restringir la expresión y distribución de información u opiniones críticas al gobierno. Están dirigidos a disidentes y críticos, en muchos casos periodistas independientes y activistas políticos y de derechos humanos", afirma el CPJ.
