Un juez boliviano condenó a la aerolínea Cubana de Aviación “al resarcimiento tanto del daño moral como económico” por transportar en 2006 a una niña de cuatro años desde Santa Cruz a La Habana sin el permiso de su padre, que tenía su tutela legal, ni de las autoridades bolivianas.
El demandante asegura ─aunque no aparece implicado legalmente en el caso─ que el delito fue cometido con la colaboración del Embajador de Cuba, Rafael Dausá, uno de los más curtidos diplomáticos del castrismo.
Según reporta el diario español El País, el juez Mario Gandarillas ha puesto punto final a un proceso de más de cinco años (2008-2014) al declarar probada la demanda de responsabilidad civil contra Cubana de Aviación presentada por el padre, Manuel Rodríguez ─ciudadano boliviano-español─ por el traslado de su hija Manuela del Carmen en un vuelo de cooperación humanitaria de la línea aérea estatal cubana, el 27 de septiembre de 2006.
En las próximas semanas se darían a conocer los daños económicos que deberá pagar Cubana de Aviación al demandante.
Desde septiembre de 2006 Rodríguez se ha visto separado de su hija pese a sus múltiples gestiones con la madre y sus familiares, con diplomáticos bolivianos, españoles y cubanos, contactos políticos, peticiones judiciales, mediación de la Iglesia católica, y denuncias ante los medios de comunicación.
Manuelita tenía cuatro años cuando fue llevada ilegalmente a Cuba por su madre, la médico Ivette Velaz Saba, y su abuela, Guadalupe Saba. La doctora Velaz Saba es cubana nacionalizada boliviana, e hija adoptiva, según varias fuentes, de un ex dignatario del gobierno de Fidel Castro.
Manuel Rodríguez asegura que esto ocurrió bajo el amparo de la embajada de Cuba en La Paz, y acusa directamente al entonces embajador Dausá.
¿"Valija" diplomática?
No existe registro oficial en Migración de Bolivia sobre la salida ese día de la pequeña ni de su madre y abuela, pese a que uno de los documentos de rutina en estos casos es el llamado flujo migratorio, donde se registra el nombre del viajero, la fecha de salida, la aerolínea y el destino final.
“En un informe se constata que el vuelo llegó de Cuba a Bolivia transportando medicamentos. Hay evidencia de que el embajador (Dausá) estaba allí. Estamos seguros que gestionó con su investidura diplomática el ingreso de mi hija al avión burlando todos los procedimientos requeridos por la norma boliviana”, afirma Rodríguez.
El vuelo que llevó a la menor de Santa Cruz a La Habana en septiembre de 2006 no tenía permiso legal de las autoridades bolivianas para operar con pasajeros ajenos al programa, pues se trataba de un vuelo de cooperación humanitaria internacional, destinado al transporte de medicamentos y personal cubano.
Las aerolíneas comerciales autorizadas a operar en Bolivia están obligadas por ley a requerir la autorización de viaje de menores firmada por un juez de la Niñez, en caso de no viajar acompañados por ambos padres.
Evidencia cubana y otras pistas
El diplomático cubano ha negado como “absolutamente falso” cualquier involucramiento, pero la fotocopia de un informe del Departamento de Inmigración de Cuba, facilitado de forma extraoficial tras una investigación realizada en la isla, fue incluida en el dossier de Rodríguez.
El documento certifica la llegada a La Habana del embajador Dausá y su esposa, Mercedes de Armas, el 27 de septiembre de 2006, el mismo día y en el mismo vuelo no comercial –a bordo de un IL-62 de Cubana─ en que viajaron las mujeres y Manuelita, tal y como aparece en el listado de pasajeros.
Rodríguez cree que Dausá abordó el vuelo para facilitar el acceso de su hija a Cuba, aprovechando su condición diplomática.
Rafael Dausá Céspedes es uno de los más experimentados diplomáticos cubanos. Ha sido viceministro de Relaciones Exteriores, dirigido la división de Estados Unidos y Canadá del MINREX y ocupado cargos en la misión de Cuba en la ONU y la Sección de Intereses de Cuba en Washington. Encabezó las charlas migratorias periódicas con Estados Unidos en 2002 y 2003.
Según el padre de la niña, también habría estado involucrado en los trámites previos para que su hija accediera al vuelo de Cubana de Aviación el representante legal en Bolivia de esa aerolínea.
Otros indicios presentador por el Sr. Rodríguez incluyen una confirmación facilitada por la empresa local de telecomunicaciones ─en respuesta a un requerimiento fiscal─ de llamadas telefónicas entre su esposa y cinco números que corresponden a la Embajada cubana, a la residencia del embajador en La Paz, y a teléfonos móviles privados del dilplomático, en los días previos al viaje de las dos mujeres con la niña.
Las tres viajaron en un vuelo comercial de Cochabamba al aeropuerto santacruceño de Viru Viru, donde abordaron el avión de Cubana.
Peticiones engavetadas
Después de reiteradas objeciones de la cónsul cubana, Oneida Baró, la justicia boliviana hizo llegar a La Habana hace varios meses dos exhortos suplicatorios en relación con el caso de Manuelita Rodríguez a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bolivia.
Uno de ellos solicita a las autoridades judiciales de la isla que notifiquen a Ivette Velaz y a su madre, Guadalupe Saba, sobre el proceso judicial abierto por la sustracción y retención indebida de una menor de edad.
También se pretende que la madre reporte sobre la situación de la pequeña, cuya custodia fue asignada al padre por una juez de familia al término del juicio de divorcio en Cochabamba.
La Embajada de Cuba informó el pasado 4 de junio a la dirección jurídica de la cancillería boliviana que los exhortos "se encuentran en proceso de tramitación, respectivamente, en el Tribunal Supremo Popular y en la Fiscalía General de la República".
La madre fue investigada
La patria potestad de la pequeña fue entregada al padre durante el juicio de divorcio, ante la existencia de certificados médicos que constataban inestabilidad emocional por parte de la madre, como consecuencia de un persistente consumo de estupefacientes.
Los fiscales antidroga comenzaron una investigación sobre la conducta antijurídica de la doctora Ivette Velaz, bajo sospecha de consumo, tráfico, suministro y tenencia de sustancias controladas, delitos tipificados en la ley antidroga del país del altiplano.
“Nada ni nadie me va devolver los años perdidos sin Manuelita. Tampoco ella va a recobrar nada; ha tenido que crecer sin mi cariño, sin mi apoyo emocional, y económico también”, se quejó Manuel Rodríguez al matutino madrileño.
