Es paradójico pero tanto en Cuba como en el extranjero han provocado más reacciones las recientes disposiciones del gobierno cubano en relación a la salida de sus ciudadanos al exterior, que ninguna otra tímida regulación "liberadora" anunciada por el régimen en el pasado reciente.
Al parecer un número importante de cubanos y también de no cubanos, consideran que los problemas que existen en la isla se resuelven con que el gobierno reconozca parcialmente un derecho que le ha sido conculcado a los ciudadanos por más de cinco décadas y aunque sin dudas es importante, otros derechos fundamentales continúan siendo negados de forma sistemática y permanente.
En realidad la dictadura cubana sigue manipulando todos los recursos del poder. Aparenta cambios para que sus aliados en el exterior puedan argüir que el régimen se está reformando y así con cierto fundamento, para los que lo quieran ver, propongan que es preciso incrementar las relaciones ya que la solidaridad es necesaria para incentivar disposiciones gubernamentales más audaces.
El régimen no ha cedido ni una pizca de su autoridad y lo demuestra el hecho de que a la vez que elimina un injusto y arbitrario permiso de salida, declara que conserva la facultad de negarle ese derecho a un ciudadano, potestad que en Cuba no estará sujeta a la decisión de un poder judicial independiente, como ocurre en países que respetan los derechos ciudadanos.
En definitiva los disidentes o personas de interés para el gobierno, continuarán siendo rehenes de la voluntad de la nomenclatura.
El fin de la carta blanca, una acción gubernamental que no merece gratitud porque era un flagrante abuso de autoridad y los derechos naturales no son concesiones, sino derechos, que aunque modifica la situación migratoria de los cubanos, el resultado no es dramático.
Aunque se elimine un impuesto ilegal la realidad es que para viajar hace falta una visa que en muchas ocasiones hay que pagar al país huésped, comprar el pasaje, demostrar solvencia económica para residir y es harto conocido que los cubanos no tienen esos recursos porque la economía parasita de la isla, apenas les permite devengar lo suficiente para vivir.
Seguirá siendo la familia en el extranjero la que continuará pagando por la reunificación familiar y como hasta ahora, como está expuesto con anterioridad, los viajeros serán aquellos a los que el gobierno conceda el permiso, pero ese derecho no le será reconocido a todos los ciudadanos como han apuntado algunos disidentes desde el interior de la isla.
Es interesante apreciar que hasta entre las personas que tienden en el exterior a justificar las disposiciones de la dictadura, hay quienes han reaccionado con satisfacción al anuncio del gobierno de eliminar la carta blanca, un abuso que, paradójicamente, nunca fueron capaces de criticar.
Estos individuos han dicho que la resolución de la dictadura pone en una situación difícil a los gobierno que criticaban al régimen por el obligatorio permiso de salida, y por tanto deben concederle a los cubanos visas para viajar, obviando que es en Cuba donde se violan los derechos ciudadanos y que es potestativo de cualquier gobierno otorgar o negar visas a los ciudadanos extranjeros independientemente de sus actuaciones.
Otro dato curioso es que estas personas no aluden a la decisión de la dictadura de reservarse el derecho de permitir la entrada o salida de cualquier nativo de la isla. Otra violación flagrante.
Hay otros aspectos en estas disposiciones que están orientadas en particular contra Estados Unidos.
Por ejemplo extender el permiso de permanencia fuera de Cuba de 11 a 24 meses, como ya han apuntado algunos expertos, permite a los viajeros que hayan viajado por un tercer país e ingresen a Estados Unidos, acogerse a la Ley de Ajuste Cubano lo que generaría una situación nueva y muy complicada, por lo que no es de dudar que algunos legisladores se enfoquen en la abolición de la Ley o su reforma.
Por último los problemas que se han generado en la sociedad cubana, es indiscutible que sólo se pueden resolver en la isla y no votando con los pies como hemos hecho tantos y como afirmó Guillermo Fariñas desde Santa Clara, "Es una ley oportunista para tratar de sacar un poco de presión de este caldero social en la que ellos mismos han convertido a la sociedad cubana."
Al parecer un número importante de cubanos y también de no cubanos, consideran que los problemas que existen en la isla se resuelven con que el gobierno reconozca parcialmente un derecho que le ha sido conculcado a los ciudadanos por más de cinco décadas y aunque sin dudas es importante, otros derechos fundamentales continúan siendo negados de forma sistemática y permanente.
En realidad la dictadura cubana sigue manipulando todos los recursos del poder. Aparenta cambios para que sus aliados en el exterior puedan argüir que el régimen se está reformando y así con cierto fundamento, para los que lo quieran ver, propongan que es preciso incrementar las relaciones ya que la solidaridad es necesaria para incentivar disposiciones gubernamentales más audaces.
El régimen no ha cedido ni una pizca de su autoridad y lo demuestra el hecho de que a la vez que elimina un injusto y arbitrario permiso de salida, declara que conserva la facultad de negarle ese derecho a un ciudadano, potestad que en Cuba no estará sujeta a la decisión de un poder judicial independiente, como ocurre en países que respetan los derechos ciudadanos.
En definitiva los disidentes o personas de interés para el gobierno, continuarán siendo rehenes de la voluntad de la nomenclatura.
El fin de la carta blanca, una acción gubernamental que no merece gratitud porque era un flagrante abuso de autoridad y los derechos naturales no son concesiones, sino derechos, que aunque modifica la situación migratoria de los cubanos, el resultado no es dramático.
Aunque se elimine un impuesto ilegal la realidad es que para viajar hace falta una visa que en muchas ocasiones hay que pagar al país huésped, comprar el pasaje, demostrar solvencia económica para residir y es harto conocido que los cubanos no tienen esos recursos porque la economía parasita de la isla, apenas les permite devengar lo suficiente para vivir.
Seguirá siendo la familia en el extranjero la que continuará pagando por la reunificación familiar y como hasta ahora, como está expuesto con anterioridad, los viajeros serán aquellos a los que el gobierno conceda el permiso, pero ese derecho no le será reconocido a todos los ciudadanos como han apuntado algunos disidentes desde el interior de la isla.
Es interesante apreciar que hasta entre las personas que tienden en el exterior a justificar las disposiciones de la dictadura, hay quienes han reaccionado con satisfacción al anuncio del gobierno de eliminar la carta blanca, un abuso que, paradójicamente, nunca fueron capaces de criticar.
Estos individuos han dicho que la resolución de la dictadura pone en una situación difícil a los gobierno que criticaban al régimen por el obligatorio permiso de salida, y por tanto deben concederle a los cubanos visas para viajar, obviando que es en Cuba donde se violan los derechos ciudadanos y que es potestativo de cualquier gobierno otorgar o negar visas a los ciudadanos extranjeros independientemente de sus actuaciones.
Otro dato curioso es que estas personas no aluden a la decisión de la dictadura de reservarse el derecho de permitir la entrada o salida de cualquier nativo de la isla. Otra violación flagrante.
Hay otros aspectos en estas disposiciones que están orientadas en particular contra Estados Unidos.
Por ejemplo extender el permiso de permanencia fuera de Cuba de 11 a 24 meses, como ya han apuntado algunos expertos, permite a los viajeros que hayan viajado por un tercer país e ingresen a Estados Unidos, acogerse a la Ley de Ajuste Cubano lo que generaría una situación nueva y muy complicada, por lo que no es de dudar que algunos legisladores se enfoquen en la abolición de la Ley o su reforma.
Por último los problemas que se han generado en la sociedad cubana, es indiscutible que sólo se pueden resolver en la isla y no votando con los pies como hemos hecho tantos y como afirmó Guillermo Fariñas desde Santa Clara, "Es una ley oportunista para tratar de sacar un poco de presión de este caldero social en la que ellos mismos han convertido a la sociedad cubana."