Mientras Estados Unidos decide quién le gobernará en los próximos cuatro años, un experto en temas petroleros vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de que, en caso de un accidente en la Zona Económica Exclusiva cubana, que exploran compañías extranjeras, exista una autorización para prestar los recursos, la tecnología y la experiencia estadounidenses en la contención de derrames.
En un artículo publicado por la web de negocios “Cuba Standard” bajo el título “Seguridad en aguas profundas para todo el Golfo”, el director del portal Energy Intelligence Mexico, George Baker, critica a la administración Obama por no tomar en serio la causa de la seguridad industrial y ambiental en el Golfo de México.
Tras considerar insuficientes las medidas tomadas por el Departamento del Interior (Medio Ambiente), Baker señala que incluso las adoptadas por la industria se enfocan en las eventualidades que puedan surgir en aguas estadounidenses.
Indica el especialista que una de las lecciones importantes del accidente en el pozo Macondo, operado por la británica British Petroleum (BP), es que se necesitan los recursos de todo el Golfo de México para dar respuesta a un derrame de crudo de 30.000 barriles diarios o más en el área. (El desastre en la plataforma Deepwater Horizon, el peor de la industria, vertió en el mar un promedio de 53.000 barriles diarios entre abril y julio de 2010).
Pero subraya que si ahora mismo se produjera un salidero de las proporciones del pozo Macondo en aguas mexicanas o cubanas, no se podría desplegar legalmente ninguno de los recursos que estuvieron disponibles para BP. Baker precisa que en el caso de México el acuerdo bilateral transfronterizo sobre hidrocarburos, firmado en febrero de 2012, aún no se ha enviado al Congreso para su implementación.
Pero México al menos afirma contar con la empresa Wild Well Control, Inc. como un recurso de emergencia, en caso de que reviente uno de sus pozos, si bien la compañía –dice el autor-- podría hacer muy poco en un derrame de las proporciones del Macondo. Mucho menos podría hacer Cuba, dependiente de inversiones extranjeras y bajo las restricciones del embargo.
William Reilly, otro experto en el tema, también ha llamado a buscar un arreglo que permita una excepción en el embargo para que Estados Unidos pueda participar en el enfrentamiento a un eventual derrame de crudo en aguas cubanas.
El ex director de la Agencia de Protección Ambiental y copresidente de la Comisión Nacional sobre el caso de la Deepwater Horizon, ha advertido --en un artículo conjunto con Megan Reilly Cayten aparecido en The Washington Post-- que la plataforma Scarabeo 9 que usan las empresas extranjeras para explorar la zona cubana del Golfo, puede perforar a unos mil 800 metros de profundidad, 300 metros más que la utilizada por BP en el pozo Macondo.
Reilly, que ha visitado la isla, recuerda que la respuesta al derrame en el pozo Macondo costó unos 42.000 millones de dólares y necesitó la participación de más de 5 mil embarcaciones. El problema con un imprevisto en la Scarabeo-9 es que Cuba tiene acceso a menos de 5 por ciento de los recursos usados en el desastre de Deepwater Horizon.
El autor pone un ejemplo: el mecanismo de prevención de explosiones en la Scarabeo 9 fue fabricado en Estados Unidos, lo cual constituye el 10 por ciento máximo de componentes estadounidenses que permite el embargo. Pero la compañía que lo fabricó no le dará mantenimiento ni le suministrará piezas de repuesto, ya que no tiene licencia para operar en Cuba.
El tema es uno altamente polarizado en el Congreso de Estados Unidos, donde han circulado proyectos de ley a favor de sancionar a las empresas extranjeras que colaboren con La Habana, y también otros que reclaman una autorización especial a las petroleras estadounidenses para que puedan participar en la prospección y explotación de los supuestos 20 mil millones de barriles que la parte cubana estima hay en su subsuelo marítimo. (El Servicio Geológico de Estados Unidos ha calculado entre 6 mil y 8 mil millones).
Por el momento, los pozos perforados por la empresa española Repsol y la malaya Petronas cerca de la costa noroccidental de la isla, resultaron seco el primero e inviable el segundo. Solamente alquilar la plataforma para perforar en Cuba le costó a la estatal española 80 millones de dólares El contrato de la Scarabeo con Repsol vence en julio del 2013, pero se ha dicho que podría dirigirse a aguas brasileñas antes de esa fecha.
No obstante, en vista de la larga fila de empresas extranjeras (de Venezuela, Vietnam, Rusia, India, etc.) interesadas en el (todavía virtual) petróleo cubano del Golfo, Estados Unidos ha empezado a desarrollar un plan federal para enfrentar potenciales derrames de petróleo en aguas extranjeras del área, incluidas las de Cuba.
El Plan de Respuesta Internacional Marítima fue creado para contener una corriente descontrolada de crudo lo más cerca posible de su fuente de origen.
El proyecto incluye proyecciones sobre el posible desplazamiento hacia el este de la Florida de potenciales manchas originadas en el llamado sitio Jagüey, al noroeste de Cuba; e iInvolucra al Servicio de Guardacostas de Estados Unidos para ocuparse, entre otras tareas, de la dispersión y quema de las manchas de petróleo.
Voceros de los guardacostas han dicho que sostienen un diálogo con sus similares cubanos dirigido a comunicarse en caso de un derrame de hidrocarburos. La Guardia Costera también entrena a sus tripulantes para detectar problemas en la Scarabeo 9.
Pero el propio plan federal aclara que el embargo puede limitar y retardar una respuesta, y que los derrames no tendrían siquiera que alcanzar las costas estadounidenses para provocar un fuerte impacto económico. Durante el derrame de 2010, solamente la industria turística del sur de la Florida sufrió pérdidas por valor de 23.000 millones de dólares.
Reilly y Reilly Cayten sugieren en el Washington Post que el gobierno de Obama utilice su autoridad ejecutiva para -- sin cambiar las leyes ni las regulaciones-- proporcionar una licencia general a todas las compañías estadounidenses cualificadas que manifiesten su interés en ayudar a prevenir y responder a un derrame de petróleo en la zona de Cuba en el Golfo.
Pero hasta ahora Estados Unidos ha encarado mayormente a distancia el peligro latente en aguas cubanas: por ejemplo, a través de discusiones multilaterales, como las sostenidas en diciembre del año pasado, en una reunión del Centro Regional de Información y Entrenamiento para Emergencias de Contaminación Marítima, celebrada en Nassau, Bahamas.
En Cuba Standard, George Baker termina diciendo que el próximo gobierno estadounidense nos haría a todos un favor si diseñara un plan de emergencia ambiental que permitiera que la tecnología estadounidense pudiera ser desplegada en aguas mexicanas y cubanas, en caso de que la pesadilla –una vez más-- llegara a convertirse en realidad.
En un artículo publicado por la web de negocios “Cuba Standard” bajo el título “Seguridad en aguas profundas para todo el Golfo”, el director del portal Energy Intelligence Mexico, George Baker, critica a la administración Obama por no tomar en serio la causa de la seguridad industrial y ambiental en el Golfo de México.
Tras considerar insuficientes las medidas tomadas por el Departamento del Interior (Medio Ambiente), Baker señala que incluso las adoptadas por la industria se enfocan en las eventualidades que puedan surgir en aguas estadounidenses.
Indica el especialista que una de las lecciones importantes del accidente en el pozo Macondo, operado por la británica British Petroleum (BP), es que se necesitan los recursos de todo el Golfo de México para dar respuesta a un derrame de crudo de 30.000 barriles diarios o más en el área. (El desastre en la plataforma Deepwater Horizon, el peor de la industria, vertió en el mar un promedio de 53.000 barriles diarios entre abril y julio de 2010).
Pero subraya que si ahora mismo se produjera un salidero de las proporciones del pozo Macondo en aguas mexicanas o cubanas, no se podría desplegar legalmente ninguno de los recursos que estuvieron disponibles para BP. Baker precisa que en el caso de México el acuerdo bilateral transfronterizo sobre hidrocarburos, firmado en febrero de 2012, aún no se ha enviado al Congreso para su implementación.
Pero México al menos afirma contar con la empresa Wild Well Control, Inc. como un recurso de emergencia, en caso de que reviente uno de sus pozos, si bien la compañía –dice el autor-- podría hacer muy poco en un derrame de las proporciones del Macondo. Mucho menos podría hacer Cuba, dependiente de inversiones extranjeras y bajo las restricciones del embargo.
William Reilly, otro experto en el tema, también ha llamado a buscar un arreglo que permita una excepción en el embargo para que Estados Unidos pueda participar en el enfrentamiento a un eventual derrame de crudo en aguas cubanas.
El ex director de la Agencia de Protección Ambiental y copresidente de la Comisión Nacional sobre el caso de la Deepwater Horizon, ha advertido --en un artículo conjunto con Megan Reilly Cayten aparecido en The Washington Post-- que la plataforma Scarabeo 9 que usan las empresas extranjeras para explorar la zona cubana del Golfo, puede perforar a unos mil 800 metros de profundidad, 300 metros más que la utilizada por BP en el pozo Macondo.
Reilly, que ha visitado la isla, recuerda que la respuesta al derrame en el pozo Macondo costó unos 42.000 millones de dólares y necesitó la participación de más de 5 mil embarcaciones. El problema con un imprevisto en la Scarabeo-9 es que Cuba tiene acceso a menos de 5 por ciento de los recursos usados en el desastre de Deepwater Horizon.
El autor pone un ejemplo: el mecanismo de prevención de explosiones en la Scarabeo 9 fue fabricado en Estados Unidos, lo cual constituye el 10 por ciento máximo de componentes estadounidenses que permite el embargo. Pero la compañía que lo fabricó no le dará mantenimiento ni le suministrará piezas de repuesto, ya que no tiene licencia para operar en Cuba.
El tema es uno altamente polarizado en el Congreso de Estados Unidos, donde han circulado proyectos de ley a favor de sancionar a las empresas extranjeras que colaboren con La Habana, y también otros que reclaman una autorización especial a las petroleras estadounidenses para que puedan participar en la prospección y explotación de los supuestos 20 mil millones de barriles que la parte cubana estima hay en su subsuelo marítimo. (El Servicio Geológico de Estados Unidos ha calculado entre 6 mil y 8 mil millones).
Por el momento, los pozos perforados por la empresa española Repsol y la malaya Petronas cerca de la costa noroccidental de la isla, resultaron seco el primero e inviable el segundo. Solamente alquilar la plataforma para perforar en Cuba le costó a la estatal española 80 millones de dólares El contrato de la Scarabeo con Repsol vence en julio del 2013, pero se ha dicho que podría dirigirse a aguas brasileñas antes de esa fecha.
No obstante, en vista de la larga fila de empresas extranjeras (de Venezuela, Vietnam, Rusia, India, etc.) interesadas en el (todavía virtual) petróleo cubano del Golfo, Estados Unidos ha empezado a desarrollar un plan federal para enfrentar potenciales derrames de petróleo en aguas extranjeras del área, incluidas las de Cuba.
El Plan de Respuesta Internacional Marítima fue creado para contener una corriente descontrolada de crudo lo más cerca posible de su fuente de origen.
El proyecto incluye proyecciones sobre el posible desplazamiento hacia el este de la Florida de potenciales manchas originadas en el llamado sitio Jagüey, al noroeste de Cuba; e iInvolucra al Servicio de Guardacostas de Estados Unidos para ocuparse, entre otras tareas, de la dispersión y quema de las manchas de petróleo.
Voceros de los guardacostas han dicho que sostienen un diálogo con sus similares cubanos dirigido a comunicarse en caso de un derrame de hidrocarburos. La Guardia Costera también entrena a sus tripulantes para detectar problemas en la Scarabeo 9.
Pero el propio plan federal aclara que el embargo puede limitar y retardar una respuesta, y que los derrames no tendrían siquiera que alcanzar las costas estadounidenses para provocar un fuerte impacto económico. Durante el derrame de 2010, solamente la industria turística del sur de la Florida sufrió pérdidas por valor de 23.000 millones de dólares.
Reilly y Reilly Cayten sugieren en el Washington Post que el gobierno de Obama utilice su autoridad ejecutiva para -- sin cambiar las leyes ni las regulaciones-- proporcionar una licencia general a todas las compañías estadounidenses cualificadas que manifiesten su interés en ayudar a prevenir y responder a un derrame de petróleo en la zona de Cuba en el Golfo.
Pero hasta ahora Estados Unidos ha encarado mayormente a distancia el peligro latente en aguas cubanas: por ejemplo, a través de discusiones multilaterales, como las sostenidas en diciembre del año pasado, en una reunión del Centro Regional de Información y Entrenamiento para Emergencias de Contaminación Marítima, celebrada en Nassau, Bahamas.
En Cuba Standard, George Baker termina diciendo que el próximo gobierno estadounidense nos haría a todos un favor si diseñara un plan de emergencia ambiental que permitiera que la tecnología estadounidense pudiera ser desplegada en aguas mexicanas y cubanas, en caso de que la pesadilla –una vez más-- llegara a convertirse en realidad.