Acusarán de "desacato" a reportero estrella de Hablemos Press

El periodista independiente que alertó sobre un brote de cólera en Cuba días antes de que el gobierno la reconociera, ha sido acusado de "desacato" a las figuras de Fidel y Raúl Castro, denuncia el Centro de Información Hablemos Press.

En entrevista con martinoticias.com el director de ese medio, Roberto de Jesús Guerra, explicó que Calixto Ramón Martínez Arias fue detenido por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, el pasado día 16 en las cercanías del Aeropuerto Internacional José Martí.


El reportero se encontraba allí investigando la pérdida por mal almacenamiento de unas cinco toneladas de equipos médicos y medicamentos que según un trabajador de la terminal aérea fueron donados a Cuba por la Organización Mundial de la Salud y luego dejados a la intemperie en los patios del aeropuerto.

La negligencia resulta más escandalosa dada la crítica situación epidemiológica del país, convulsionado por epidemias simultáneas de dengue y cólera que han causado víctimas mortales. Martínez reportó recientemente las primeras dos muertes por dengue hemorrágico en el Hospital Amalia Simoni de Camagüey, la de una mujer de unos 35 años el día 12 de agosto y un hombre de tez blanca el día 19.

El corresponsal fue conducido a la unidad de la PNR en Santiago de Las Vegas, y al protestar dentro del calabozo contra su detención recibió una golpiza que le causó hematomas e hinchazón alrededor de los ojos.

Esto lo pudieron comprobar de primera mano Guerra Pérez y el abogado independiente Veizant Boloy, quienes resultaron detenidos y encerrados en los calabozos al personarse en esa estación para indagar por el periodista.

Martínez, quien todavía se encontraba allí, les contó que, además de los golpes recibidos bajo custodia policial le rociaron gas pimienta en los ojos, por lo que apenas puede ver. Admitió que mientras se defendía de los agentes profirió algunos gritos contra el gobierno.



Según Guerra Pérez, los oficiales de seguridad que les interrogaron en la PNR de Santiago de Las Vegas les indicaron que encausarán a Martínez por desacato, en lo que ellos ven un pretexto para sacar de circulación a Martínez, quien en los últimos años ha sido uno de los más efectivos reporteros independientes de la isla en la lucha por romper el secretismo oficial.

Además del “silbatazo” sobre el brote de cólera en Manzanillo en junio pasado, se le deben las primicias sobre la presente epidemia de dengue en varias provincias del país, y en especial en Camagüey, situación esta última indirectamente reconocida por el gobierno; y una revuelta popular en demanda de electricidad en el caserío serrano de Altos de Jo, en la provincia Granma.

La figura delictiva de desacato, recogida en el artículo 144.1 del Código Penal cubano ha sido tradicionalmente manipulada en el sistema jurídico de la isla para encarcelar a los críticos del gobierno y hacerlos pasar como delincuentes comunes, ya que no aparece entre los Delitos contra la Seguridad del Estado, sino entre los Delitos contra la Administración y la Jurisdicción.

Así, el inciso 1 se refiere a amenazas y diferentes ofensas de palabra o por escrito contra autoridades, funcionarios públicos, o agentes --léase policías y funcionarios menores—y prevé condenas de tres meses a un año de prisión. Pero el inciso 2 se refiere a los mismos actos contra otro nivel de autoridad: desde los diputados a la Asamblea Nacional hasta el Presidente del Consejo de Estado, y prescribe penas de uno a tres años de cárcel.

Guerra Pérez señala que cientos de opositores han gritado consignas contra el gobierno durante protestas callejeras como la escenificada en el antiguo Capitolio Nacional y no han sido procesados por ello, por lo que para él queda claro que se trata de un pretexto para silenciar a un reportero independiente particularmente incómodo.

Después que él y Boloy fueron interrogados, se les devolvió a los calabozos y ya Calixto no se encontraba allí, por lo que Guerra presume que se encuentre en el vivac.

Martínez Arias, quien reside hace 12 años en La Habana, ha sido deportado en diez ocasiones a la dirección de Camagüey que aparece en su carnet de identidad, una medida punitiva que es amparada por el anticonstitucional decreto-ley 217. La legislación permite tratar como inmigrantes ilegales a los naturales de otras provincias que se asientan en la capital. Las autoridades han rechazado sistemáticamente las gestiones de Martínez para legalizar su cambio de dirección.

Los agentes de seguridad que interrogaron a Guerra y Boloy en Santiago de Las Vegas les aseguraron que el expediente de su colega de Hablemos Press estaba ya en camino a la Fiscalía, y que reclamarían medidas urgentes contra Martínez Arias. En Cuba la instrucción de los casos políticos corre por cuenta de la policía de Seguridad del Estado.