Los cubanos estamos viviendo un inequívoco desplome social y una pérdida de valores que debemos, para el bien de todos, restituir. El Gobierno tiene mucha culpa en este fenómeno que subyace en la conducta ciudadana. Acaso pensó que era tarea suficiente brindarnos la oportunidad de una conveniente superación profesional; y al decretar que la buena educación era rezago pequeño burgués, creó el "antivalor".
Es cierto, aunque algo tardío, la Iglesia Católica desempeña un papel importante en revertir el proceso de degradación moral y, desde hace unos meses, la televisión cubana difunde con insistencia mensajes relacionados con la educación social. Encomiable, pero no basta, y no deja de ser cínico e irónico hacer campaña de este tipo cuando se estimula y gratifica la animalada y la grosería.
Resulta contradictorio que en Cuba, donde los índices de instrucción son explícitamente elevados, la educación formal esté absolutamente fracturada, y desestimada por las autoridades.
¿Qué tipo de educación se puede inculcar en un niño que convive con la impunidad de alguien que, sin legítima razón, ejerce violencia sobre sus iguales, o agrede la dignidad y la integridad física de terceros provocando lesiones con secuelas anatómicas, fisiológicas y/o psíquicas?
Somos un pueblo apasionado, entiendo el defender con ahínco determinadas convicciones, y que en las circunstancias actuales el Gobierno necesita mostrar superioridad y control; pero el ignominioso acto de repudio es una forma de discriminación que pretende perseguir, hostigar y ejercer la dominación de un grupo social sobre otro, es la vulgarización del desacuerdo y una cotidiana erosión a los mecanismos sociales.
¿Cuántas veces no hemos visto cómo un grupo de personas, impunes, pero fuera de los casos autorizados por la ley, penetran empleando violencia, fuerza e incluso intimidación en domicilios ajenos sin la voluntad expresa o tácita de su moradores? Internet está lleno de ejemplos.
A estas alturas, es imposible lograr buenas formas de conducta, y que la cortesía social se incorpore a la personalidad del cubano, sin antes penalizar actuaciones semejantes que ponen en peligro el equilibrio de la convivencia y las relaciones sociales.
Hoy, para garantizar la prevalencia de la solidaridad y el respeto, urge un proyecto de ley que penalice los actos de repudio y exija responsabilidad penal para sus autores y cómplices, adecuar sanciones que vayan desde la prohibición de frecuentar medios o lugares determinados, la prohibición del ejercicio de una profesión, cargo u oficio, amonestación, multa, limitación de libertad, el trabajo correccional con o sin internamiento, hasta la privación de libertad; según el grado de peligro social del hecho, las circunstancias concurrentes en el mismo y sus consecuencias, así como los antecedentes penales, la reincidencia y/o multirreincidencia de los "repudiantes" implicados en tan intolerables arrebatos de ira y violencia.
La sociedad nos pertenece por igual, impulsar un proyecto de ley de esta naturaleza no es confrontar al Estado, no socava ninguna de sus ineficientes instituciones, no enardece a nadie; es solamente una forma cívica y civilizada de alentar la convivencia respetuosa entre cubanos porque cuando las alertas sociales son tan claramente visibles, es responsabilidad de todos hacer caso y actuar.
