Cuba
SIP condena detenciones contra comunicadores independientes en Cuba
La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que sesionó en la ciudad de Salt Lake, Estados Unidos, entre los días 27 y 30 de octubre, condenó las agresiones a la prensa en países como Cuba, Venezuela, Bolivia y Colombia, Brasil y Perú entre otros.
“Durante el año 2017 parece haberse consolidado un patrón de conducta de agresiones en contra de la prensa, tanto de parte del crimen organizado como de las autoridades y los gobiernos. Esta conducta de persecución y acoso se manifiesta en agresiones físicas que en algunos casos llega hasta el asesinato o el intento de asesinato”, expresa el comunicado general de la organización donde desglosa ejemplos en las naciones antes mencionadas.
En el caso de Cuba, refiere el organismo, “no puede ser peor. A las agresiones contra los periodistas se han agregado ahora sus familiares y los usuarios de las redes sociales”, señala el informe.
La argumentación legal del régimen cubano para coartar la libertad de expresión, se basa en la misma Constitución, que indica “la prensa debe estar conforme a los fines de la revolución socialista”. En el país, recalca la SIP, se “prohíbe la propiedad privada de los medios de comunicación”
En un mismo párrafo las conclusiones de la Asamblea General apuntan a que el gobierno de Cuba “castiga a quien pudiera haber indagado secretos del Estado, con lo cual queda eliminada toda posibilidad de acceso a información que debiera ser pública. Continúa restringido el acceso a internet y quienes se dedican al periodismo sufren detenciones arbitrarias y condenas absolutamente inaceptables”.
Casos puntuales
En un informe anterior, que data del día 26 de octubre, el organismo regional detalló el ambiente de represión bajo el que laboran los periodistas independientes en Cuba, agravado por las difíciles condiciones económicas y el control estricto del Ministerio del Interior (MININT) sobre las voces discordantes del diiscurso oficial.
Entre los caso son citados los de los periodistas Sol García Basulto y Henry Constantín Ferreiro (Vice-Presidente regional de la SIP), que elaboran el medio independiente La Hora de Cuba, desde la ciudad central de Camagüey.
Otros de los casos que citan son los de Maykel González Vivero, detenido en varias ocasiones mientras realizaba entrevistas para su labor como reportero y el de Karla Pérez Sánchez, colaboradora de Somos +, expulsada de la universidad y que finalmente debió salir del país.
A continuación el informe detallado de la SIP para el caso de Cuba:
La situación de la libertad de prensa se ha agravado en este período debido al incremento de las agresiones en contra de periodistas independientes y hasta sus familiares y usuarios de las redes sociales por parte de los órganos policiales del Ministerio del Interior y la colaboración del Ministerio de Justicia.
El crecimiento de las agresiones se debe también al contexto político; por un lado, el traspaso poder en febrero de 2018 a alguien fuera de la familia Castro y, por el otro, las relaciones más tensas con el gobierno de Donald Trump. A esto se suma un cada vez más tenso clima social debido a la situación económica como parte de mayores restricciones a la actividad privada.
El gran problema es que el ciudadano carece del mínimo control sobre las leyes. No puede cuestionarlas en público, usarlas para su defensa en contra del gobierno o sus agentes. La impunidad es absoluta.
El freno legal primario reside en el artículo 53 de la Constitución que reconoce la libertad de palabra y prensa siempre y cuando se use "conforme a los fines de la revolución socialista", y prohíbe la propiedad privada de los medios de difusión.
El Código Penal es el artilugio más empleado por las autoridades para restringir las libertades. El Art. 149 del Código Penal sobre "Usurpación de capacidad legal" es el que está siendo más usado para procesar o amenazar periodistas que carecen del título universitario.
El Art. 103.1 sobre propaganda enemiga estipula que castigará a quienes confeccionen o distribuyan propaganda, lo cual el gobierno considerará a todo trabajo crítico, y entre tantas otras disposiciones, castiga a quien difunda noticias falsas.
El Art. 130 castiga a quienes puedan haber indagado secretos del Estado, con lo que toda concepción de acceso a la información pública queda solo a discreción del Estado. El Art 144. 1. Penaliza a quien le falte el respeto a la autoridad, o a los funcionarios públicos. El Art. 147, a quien desobedezca las órdenes de las autoridades; y el 204 a quien denigre a las instituciones oficiales. El Art. 210 penaliza a los que impriman y circulen publicaciones, y el 228, a quien practique actividades comerciales sin licencia del Estado.
Respecto del Reglamento Escolar vigente desde 2012 para todos los estudiantes de 5 a 18 años, establece que deben "amar y estar dispuestos a defender la Patria Socialista" y no pueden entrar a la escuela materiales subversivos, bajo la advertencia de perder el derecho a estudiar en una universidad.
Respecto de la educación superior, los estudiantes de Periodismo deben afiliarse a la Unión de Jóvenes Comunistas - brazo político juvenil del Partido Comunista de Cuba - y deben realizar durante dos meses cada curso prácticas laborales obligatorias en los medios de prensa oficiales.
Los incipientes medios de prensa no solo enfrentan la agresividad de la Policía Nacional y la Seguridad del Estado. También se suman las limitantes legales y las precarias condiciones económicas en las que un paquete de 500 hojas tamaño carta cuesta un tercio del salario promedio del país, dos horas de conexión a internet valen 3 dólares y una laptop o una impresora son productos que solo pueden comprarse en el mercado negro.
También la ley 88, o Ley Mordaza, un instrumento legal cuyos artículos 4.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10, 11 y 12 están redactados en forma ambigua, permiten condenar a prácticamente cualquier persona que hable de libertad, aunque las autoridades prefieren censurar mediante el Código Penal.
El internet sigue estando controlada por el monopolio estatal de las telecomunicaciones, ETECSA, que cobra precios descomunales (casi 2 USD por hora de conexión, y unos 40 centavos de dólar por minuto de llamada en la telefonía celular, en un país con salario medio de 25 USD) y viola permanentemente la seguridad y privacidad de los usuarios, llegando incluso a permitir que agentes del Ministerio del Interior accedan a las cuentas personales de determinados usuarios y suplanten su identidad.
Tanto el contrato de acceso a Internet como el de telefonía celular contienen advertencias al usuario de que perderá el servicio si viola "las normas de comportamiento ético que promueve el Estado cubano" o la usa "contra la moral, el orden público, la seguridad del Estado", respectivamente.
La agresiones también están dirigidas contra nuevos proyectos de comunicación, como Convivencia (Pinar del Río), Palenque Visión (Guantánamo) y La Hora de Cuba (Camagüey) lo cual las hace más vulnerables por razones policiales y tecnológicas.
Estos son los hechos más sobresalientes del período:
En septiembre fue condenada a tres años de cárcel (prisión domiciliaria) Karina Gálvez Chiu, miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia y su principal articulista de temas económicos. Su casa, sede de la revista fue confiscada, por un supuesto delito de evasión fiscal. Por la compra de su casa ya había sido multada por más de mil dólares.
Sol García Basulto, periodista y diseñadora gráfica de la revista La Hora de Cuba, se encuentra oficialmente en arresto domiciliario desde el 24 de julio, como medida cautelar. Se mantiene la investigación en su contra por el supuesto delito de "usurpación de capacidad legal" (artículo 149 del Código Penal cubano, sancionado con hasta 1 año de prisión) al "hacer entrevistas en la vía pública sin estar autorizada", acusación que le fue hecha el 20 de marzo. Desde entonces se le impide salir del país. A esto se suman seguimientos en la vía pública, uso de sus vecinos como vigilantes, interrogatorios policiales a sus fuentes periodísticas y amistades, espionaje de su teléfono celular y navegación por internet, y ciber-acoso desde blogs anónimos y en las redes sociales.
Maykel González Vivero, periodista, ha sido detenido en dos ocasiones mientras hacía entrevistas, y en ambas Seguridad del Estado borró su trabajo. Junto a su pareja, también periodista, fue conminado a desnudarse para revisación y se les tomó fotografías.
Karla Pérez Sánchez, estudiante de primer año de Periodismo en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, y colaboradora del movimiento político Somos Más, fue expulsada de la universidad luego de un proceso político por haber publicado opiniones críticas en sitios digitales independientes, contra Somos Más.
Henry Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, está bajo investigación, desde el 17 de marzo, debido a "usurpación de capacidad legal" por hacer entrevistas en la calle. Se le prohíbe viajar fuera del país y cuando intenta viajar a otras partes del país se le cita a la policía para impedirle el viaje. Además, su teléfono y el de sus principales colaboradores, su acceso a internet y su domicilio están vigilados. La Hora de Cuba es víctima de ciber-acoso desde blogs anónimos y cuentas de Facebook de funcionarios oficiales.
Además, existen decenas de personas que cumplen prisión –en condiciones higiénicas y alimenticias graves, con pésima atención médica y mezclados con presos comunes de los que reciben frecuentes agresiones- solo haberse expresado en medios. El caso más relevante es de Eduardo Cardet, del Movimiento Cristiano Liberación, detenido, juzgado y condenado luego de emitir opiniones tras la muerte de Fidel Castro.
En este período, además, los juicios y las amenazas de juicio afectaron a Karina Gálvez, Iris Mariño, Inalkis Rodríguez, Sol García Basulto, Jorge Bello, Manuel León y Henry Constantín.
Varios periodistas fueron impedidos de viajar al extranjero, entre ellos, Regina Coyula, Sol García Basulto, Maykel González Vivero, Yoandy Izquierdo, Anderlay Guerra, Raúl Velázquez, Roberto de Jesús Quiñones, Iván Hernández Carrillo, Abel Estrada y Henry Constantín.
Otros como Dagoberto Valdés, Yoandy Izquierdo, Rolando Rodríguez Lobaina fueron requisados exhaustivamente en aeropuertos.
A muchos se les dictaron actas de emergencia: Iris Mariño, Sol García Basulto, Irina León, Lisandra Orraca, Iván García Quintero, Dagoberto Valdés, Yoandy Izquierdo, Jorge Bello y Ramón Góngora).
Numerosos periodistas vieron confiscados sus herramientas de trabajo y borrados imágenes, audios y registros: Karina Gálvez, Martínez Jerez, Maykel González Vivero, Rolando Rodríguez Lobaina e Iván Hernández Carrillo.
Varios periodistas como Iris Mariño, Sol García Basulto, Serafín Morán, Maykel González Vivero, Mario Echevarría y Esteban Ajete denunciaron ser perseguidos en la vía pública.
También los familiares de varios periodistas como Iris Mariño, Sol García Basulto, Iván García Quintero, Rolando Rodríguez Lobaina y Henry Constantín fueron molestados por las autoridades.
Ante eventos públicos especiales, las autoridades prohibieron salir de sus viviendas y en algunos casos de sus provincias a los siguientes periodistas: Sol García Basulto, Karina Gálvez, Tania de la Torre, Santiago Márquez, Yordani Blanco, Roberto Moreno, Yuniel Blanco, Carlos Torres, Raúl Velázquez, Osniel Carmona y Henry Constantín).
Los periodistas Iris Mariño, Sol Basulto y Henry Constantin fueron espiados permanentemente, sufriendo casos de ciber-acoso a través de redes sociales y redes sociales anónimas.
Existen algunos hechos positivos.
La perseverancia de algunos proyectos comunicativos y periodistas que, no obstante haber sido especialmente agredidos, insisten en trabajar desde dentro de Cuba y sus provincias.
El envío de delegaciones europeas de alto nivel hasta provincias del interior del país, para que visitaran al equipo del proyecto Convivencia y a la sede de la revista La Hora de Cuba.
La extensión del acceso a internet a barrios en varias ciudades del país. Pese a los altos precios, por lo menos se rompió la hegemonía de que los únicos que podían acceder a internet eran aquellos en puestos de jerarquía en el gobierno.
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Uruguay abre vía para legalizar a miles de inmigrantes, la mayoría cubanos
El gobierno de Uruguay permitirá que unos 20.000 migrantes, en su mayoría cubanos y dominicanos, pueda regularizar su estatus a través del "Programa de Residencias por Arraigo".
De acuerdo con Soledad Sánchez, coordinadora de la Dirección Nacional de Migración, se trata de “un nuevo tipo de residencia”, que se obtiene por arraigo laboral, trabajo por cuenta propia o arraigo familiar. El decreto contempla además una residencia temporaria renovable de arraigo para formación.
Las personas que obtengan esta nueva figura legal podrán luego tramitar la ciudadanía legal, explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, en una rueda de prensa realizada este jueves
El funcionario señaló que el decreto representa una “solución transitoria”, que también resuelve la posibilidad de reunificación familiar pero advirtió que tampoco se trata de una política para atraer migrantes.
"Por ahora no es una solución definitiva. Por lo tanto, no es 'vengan, que esto funciona automáticamente'", dijo.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou escuchó el reclamo de la sociedad civil, específicamente las comunidades de cubanos y dominicanos que piden refugio pero luego no cuentan con elementos para probar sus casos, acotó Sánchez.
Cubanos en Uruguay reaccionan a la medida
“Es una gran oportunidad para personas como yo que llevamos meses en Uruguay sin posibilidades de legalizarnos ni hacer la ruta hacia Estados Unidos”, dijo Arianne Martínez, una cubana que emigró al país en 2023 tras cruzar la selva amazónica desde Guyana.
"La mayoría de nosotros queremos estabilizarnos y ayudar a nuestra familia”, añadió.
Uruguay se ha convertido en uno de los países con más emigración cubana en la región debido a las facilidades que brinda Montevideo para que los extranjeros trabajen allí.
Muchos cubanos pagan cerca de tres mil dólares a coyotes que los llevan hacia el sur desde Guyana, uno de los pocos países que no le pide visado a los cubanos en América Latina. La mayoría pasa por Brasil de manera clandestina y otros siguen su ruta a Chile, donde también se ha asentado una importante comunidad caribeña.
Carlos Alberto Madrigal, residente en Montevideo, consideró que se trata de “una gran oportunidad” para trabajar y estudiar en Uruguay.
“Busca que las personas se regularicen y trabajen en blanco, es decir, legalmente. Ayudará a muchísimos inmigrantes”, aseguró.
Grupos de cubanos en Uruguay habían realizado manifestaciones pidiendo la regularización de sus casos. En 2022 las autoridades negaron más del 86 % de las solicitudes de asilo provenientes de migrantes de la isla.
Uruguay cerró 2023 con 24.193 solicitudes de refugio pendientes de resolución. Datos de la Comisión de Refugiados indican que hasta ahora el promedio de espera para la entrevista de los solicitantes era de dos años.
Nuevo mecanismo busca acelerar trámites migratorios para solteros en cinco ciudades de EEUU
Estados Unidos anunció el jueves un mecanismo para acelerar deportaciones de inmigrantes solteros o tramitar con mayor celeridad sus casos de asilo siempre que sean pertinentes, a través del Registro de Arribos Recientes (Recent Arrivals Docket (RA).
La medida presentada por el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, y el Fiscal General, Merrick B. Garland, está diseñada para adultos solteros que intentan cruzar irregularmente entre los puertos de entrada de la frontera sur entre México y los Estados Unidos.
El RA Docket operará en cinco ciudades: Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York, donde los jueces de inmigración intentarán emitir decisiones en un marco de 180 días, aunque el tiempo para solucionar los casos seguirá sujeto a circunstancias específicas y protecciones procesales, incluido dar tiempo a los inmigrantes a buscar representación legal cuando sea necesario.
Según han explicado en un comunicado conjunto, lo que se busca es "imponer consecuencias más rápidamente, incluida la expulsión, a quienes no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos y otorgar más rápidamente alivio o protección migratoria a los no ciudadanos con reclamos válidos".
El Departamento de Justicia también presentó al Registro Federal una norma final para promover la gestión eficiente de casos y expedientes en los procedimientos de inmigración.
"Hoy, estamos instituyendo con el Departamento de Justicia un proceso para acelerar los procedimientos de asilo para que las personas que no califican para recibir ayuda puedan ser expulsadas más rápidamente y aquellos que sí califican puedan obtener protección antes", dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.
“Esta medida administrativa no sustituye los cambios radicales y muy necesarios que el proyecto de ley bipartidista del Senado produciría, pero en ausencia de una acción del Congreso haremos todo lo que podamos para hacer cumplir la ley de la manera más efectiva y desalentar la migración irregular”, agregó el cubanoamericano.
Por su parte, el Fiscal General aseguró que "los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia están comprometidos con la aplicación justa y eficiente de las leyes de inmigración y que estas medidas promoverán esa misión al ayudar a garantizar que los casos de inmigración se resuelvan con prontitud y justicia".
La declaración reconoce que el sistema migratorio estadounidense está abrumado de casos y que muchos de los extranjeros que llegan a la frontera "a menudo esperan años antes de recibir una decisión final en un procedimiento judicial de inmigración".
Además admiten que los recursos de los que disponen son insuficientes, incluidos jueces y abogados de inmigración, algo que ha impedido la resolución rápida de las reclamaciones y han extendido la duración del proceso judicial de inmigración.
El Departamento de Justicia presentó al Registro Federal la normativa Gestión eficiente de casos y expedientes en procedimientos de inmigración, que permite a los jueces de inmigración priorizar los casos que están listos para resolverse con prontitud, promover la adjudicación eficiente, expedita y justa de casos de inmigración, asignar recursos limitados de manera más eficiente y garantizar protecciones procesales para las partes en los tribunales de inmigración.
El Departamanto de Justicia y el de Seguridad Nacional están solicitando que se designen más jueces de inmigración, oficiales de asilo, personal de apoyo, y autoridades necesarias para adjudicar más rápidamente los casos.
Casi 18 mil cubanos llegaron a la frontera de EEUU en abril
En abril, un total de 17.870 inmigrantes cubanos fueron registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
Se trata del mes con el menor número de llegadas en lo que va de año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 144.378 cubanos.
En abril de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 128.900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, la cifra representa un 6% menos que los registros de marzo de 2024 y un 30% menos que los de abril de 2023.
“Como resultado de una mayor vigilancia, los encuentros en la frontera suroeste no han ido en aumento, revirtiendo tendencias previas. Seguiremos monitoreando los patrones migratorios, los cuales cambian de manera constante”, dijo Troy Miller, comisionado en funciones de la CBP.
En abril, las autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de 41.400 personas en los cruces fronterizos con México por medio de la aplicación de citas en línea CBP One, con lo cual la cifra total de ingresos ascendió a más de 591.000 desde que se introdujo este sistema en enero de 2023.
En el caso del parole humanitario, se han beneficiado 91.000 cubanos.
Este mes la Administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
"Esta regla permitiría expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública", dijeron las autoridades estadounidenses.
La ley federal "prohíbe el asilo y la suspensión de la expulsión a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inadmisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados con el terrorismo, o para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos".
Anteriormente, la determinación de elegibilidad para el asilo se daba en una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión, pero en lo adelante, los funcionarios de asilo esto ocurrirá pocos días después de que se encuentra a una persona.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
Mientras no tenga nada para mis hijos voy a dar guerra: Testimonio de una de las madres que protestó en Marianao
Siete madres cubanas se plantaron este miércoles frente a la sede del Gobierno de Marianao, en La Habana, para reclamar soluciones a sus problemas de vivienda y alimentación.
Nidia Noriega, una de las que protestó, dijo a Martí Noticias que lleva 15 años albergada y aún espera la reparación del local que le fue asignado meses atrás.
“Yo no puedo estar sentada en un lugar pensando qué le voy a dar de comer a mis hijos. Mientras no tenga nada voy a dar tremenda guerra”, comentó la mujer, madre de cinco menores de edad. Entre las manifestantes también estaban Gintajaly Bruzon, Lizbeth Ferrer y Estanys Rodríguez, quienes enfrentan problemas similares a los suyos.
Tras casi 12 horas de espera en el portal del edificio, las mujeres fueron atendidas por un grupo de funcionarios, entre ellos la intendenta Yudeisi, el director de trabajo y representantes policiales, a quienes Noriega identifica como miembros de la Contrainteligencia Militar.
Las mujeres que acudieron a la sede del Gobierno fueron las mismas que en abril pasado se plantaron frente a la casa del gobernante Miguel Díaz-Canel con demandas similares.
"Tienen que seguir esperando porque no hay materiales ni presupuesto", respondieron en ese momento las autoridades a sus reclamos.
Poco después, fueron citadas y amenazadas con ser procesadas ante la justicia si continuaban manifestándose.
"Nos amenazaron porque quieren que cojamos miedo pero no estamos haciendo nada malo, estamos reclamando nuestros derechos", explicó Noriega a nuestra redacción.
"Nos dijeron que podían pedirnos de uno a tres años si seguíamos protestando... Nos dicen que no vayamos a más ninguna parte pero a dónde vamos a ir las madres con niños que tenemos todo este dolor por dentro... A dónde tenemos que dirigirnos nosotras, a dónde", agregó.
Martí Noticias conversó a inicios de marzo con varias de las madres que han sido amenazadas por las autoridades en los últimos meses. La mayoría teme por lo que puedan hacerle a sus hijos.
Yadiuska Domínguez, una joven de tres menores que protestó en octubre en la comunidad La Favela, en el municipio guantanamero de Maisí, se refirió a ello. “Sé que las represalias que toman aquí, el gobierno cubano, contra las mujeres que se manifiestan son medidas fuertes; lo primero que hacen es amenazarnos con quitarnos a los niños, con meternos presas y todas esas cosas y me he sentido atemorizada", explicó.
"Las mujeres con hijos nos volvemos leonas por la situación que tenemos con nuestros hijos”, comentó por su parte Yaquelín de la Caridad Rodríguez una de las que protestó frente al Ministerio de Salud Pública de Cuba en La Habana en noviembre de 2023.
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