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Cuba

Raúl Castro congela y elimina trabajos privados (y deja menos que los que autorizó en 2010)

Un hombre vende vegetales y frutas el 1 de agosto de 2017, en La Habana (Cuba).
Un hombre vende vegetales y frutas el 1 de agosto de 2017, en La Habana (Cuba).

Con la suspensión temporal de la emisión de licencias en 27 categorías de trabajo por cuenta propia, y la desaparición de otras cinco, quedan solo 169, comparadas con 178 autorizadas cuando se inició el fortalecimiento de ese sector en septiembre de 2010 y 201 que existían desde agosto de 2013.

La última vez que Raúl Castro insinuó que “el sector no estatal”─eufemismo para designar al sector privado─ llegó a Cuba para quedarse, fue el mes pasado en el primer período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional en 2017.

En esa ocasión el general anunció “un conjunto de decisiones” que adoptó el Consejo de Ministros “con el propósito de erradicar los fenómenos negativos detectados y asegurar el desarrollo ulterior de estas formas de gestión en el marco de la legalidad”.

Anticipó que dichas decisiones serían “ampliamente divulgadas en la medida en que se publiquen las regulaciones actualizadas”.

La divulgación comenzó este martes, con el anuncio de la congelación de 27 categorías de actividades por cuenta propia (privadas) y la eliminación de otras cinco.

Después de dar el santo, aunque no la seña de la mala noticia, el gobernante, que ha prometido retirarse del gobierno en febrero de 2018, reiteró su "compromiso" con el "sector no estatal": “Considero conveniente enfatizar que no hemos renunciado al despliegue y desarrollo del trabajo por cuenta propia, ni a proseguir el experimento de las cooperativas no agropecuarias. No vamos a retroceder ni a detenernos, ni tampoco permitir estigmas y prejuicios hacia el sector no estatal”, dijo.

La ironía es que lo que indica la aritmética simple es una marcha atrás que ni siquiera significa una vuelta al punto de partida: después de publicarse el martes en la Gaceta Oficial la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, han quedado disponibles, para quienes quisieran empezar a trabajar ahora por su cuenta en la isla, 169 actividades autorizadas.

Esto es, nueve menos que las 178 a las que el general-presidente dio luz verde cuando comenzó una urgente expansión del sector en septiembre de 2010, acuciado por la necesidad de librarse de cientos de miles de plazas de trabajo estatales improductivas, se dice que hasta una cuarta parte de la fuerza laboral del país.

Estas modalidades, que prestigiosos economistas han criticado por su naturaleza mayormente rudimentaria e incapaz de producir valor agregado y emplear fuerza de trabajo calificada, habían sido ampliadas primero a 181, en 2011, y luego a 201 en 2013, y desde entonces se habían mantenido en esa cifra. El hachazo equivale por tanto a la salida de la lista de alrededor del 17%.

Dos campesinos venden piñas en una carretera rural de Pinar del Río (Cuba).
Dos campesinos venden piñas en una carretera rural de Pinar del Río (Cuba).

Llama la atención que salen de la relación “de manera definitiva” tres tipos de intermediarios que han estado dando de comer a los cubanos, si bien a precios cada vez más altos: vendedor mayorista de productos agropecuarios”; “vendedor minorista de productos agropecuarios”; y “carretillero o vendedor de productos agrícolas en forma ambulatoria”.

Aunque el gobierno ha demonizado en sus medios a estas personas, y después del VII Congreso del Partido Comunista enfrentó la espiral de los precios poniendo topes a una veintena de productos agrícolas, el economista Pavel Vidal ha explicado que se trata de un espejismo, pues los altos precios no son controlados por los intermediarios, sino que están condicionados por una oferta deprimida, en razón de factores como la sequía, el aumento del turismo y la falta de incentivos para los productores.

Por otra parte, entre las 27 actividades congeladas el martes “hasta tanto concluya el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia” (¿con qué parámetros se medirá ese intervalo?) se cuentan varias de las más lucrativas que operan en la periferia de la pujante industria turística nacional, un sector de la economía en divisas en el que ha sido casi escandalosa la expansión del pulpo militar-empresarial GAESA, en un Estado que persigue cualquier otra concentración de riquezas y propiedades.

Pero pese a la preponderancia de GAESA, desde que el deshielo de las relaciones con Estados Unidos impulsó el actual boom del turismo internacional a Cuba, medios y especialistas han dado cuenta de la preferencia de los viajeros por alojarse en las más baratas y populares “casas particulares” (promocionadas por la empresa estadounidense Airbnb) antes que en los sobrepreciados hoteles del Estado; y por cenar en las mejor gestionadas, surtidas y más económicas paladares, antes que en los aburridos restaurantes estatales.

Renta de habitaciones para turistas en una casa particular.
Renta de habitaciones para turistas en una casa particular.

​En la última Feria Internacional de Turismo FitCuba el titular del ramo, Manuel Marrero ensalzó el papel que desempeñan en la industria más de 21.000 casas particulares de renta, y 2.000 "paladares".

No más. O al menos no más que los que ya existen, proclama el gobierno, que desde ayer dejó de emitir licencias para "arrendadores de vivienda, habitaciones y espacios que sean parte integrante de la vivienda; gestores de alojamiento para viviendas o habitaciones que se arriendan; cafeterías de alimentos ligeros; y elaboradores vendedores de alimentos y bebidas mediante servicio gastronómico en restaurantes (Paladares)".

La congelación de estas categorías trae ecos de retrocesos en otras: a fines de 2012 el gobierno anunció que desde enero del año siguiente quedaría prohibido para los particulares con licencias de venta de ropa artesanal y otros artículos vender “productos de factura industrial, productos comprados en el exterior por modistas o sastres, plomeros, productores y/o vendedores de artículos varios de uso del hogar”(Esta última categoría fue otra de las suspendidas el martes). Su mercancía era “importada” en el equipaje de “mulas” que viajaban a comprar en México, Ecuador o Panamá con los gastos pagados por los comerciantes.

La iniciativa de esos llamados vendedores de “pacotilla” no solo resultó en grandes y concurridos mercados libres privados, como La Cuevita en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, sino que por su competencia en precios, calidad, variedad y facilidades de pago, hizo que se desplomaran las ventas de las Tiendas Recaudadoras de Divisas en poder de los militares, según reportó entonces la prensa independiente

La prohibición no consiguió que los privados cesaran sus ventas, sino que no las continuaran en público. En un reportaje publicado el mes pasado por Cubanet, la autora, Iris Lourdes Gómez, describe una reciente excursión de compras de su amiga Melinda a la Cuevita, más de cuatro años después:

“La primera impresión que recibió fue la de haber llegado a uno de esos pueblitos deshabitados que aparecen en algunas películas del Oeste. Ni una mesita, ni una percha. Nada. Unos muchachones que encontró en la calle, le preguntaron varias veces; “¿Qué busca?”. Ella respondió “hilo”, y la enviaron para casa de Fulano. Después dijo “acetona”, y la mandaron a ver a Mengano (…).. Buscando carteras, la única que tenía era Ciclana. Todos estaban escondidos en sus casas, casi siempre en pasillos interiores”.

Para los frustrados aspirantes a arrendadores de casas y habitaciones, gestores de alojamiento y operadores de cafeterías y paladares, la resolución del MTS el martes podría estar marcando la hora de pasar a la clandestinidad. Que ya se sabe cómo funciona el castrismo: lo resumió desde los años 60 el perseguido poeta Heberto Padilla: "un paso al frente, y dos o tres atrás".

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Los Santos de Hialeah: La iglesia Lukumí cubana que llegó a la Corte Suprema (VIDEO)

Los Santos de Hialeah es una serie audiovisual que narra la batalla legal que enfrentó durante la década del 90' a la Iglesia Lukumí Babalú Ayé contra el gobierno de la ciudad de Hialeah y otros grupos protectores del bienestar animal como PETA y Humane Society.

Los practicantes de la religión Lukumí buscaban defender su derecho a sacrificar animales como parte de sus rituales religiosos. Sin embargo, las leyes de Hialeah les prohibían esta práctica, considerándola como un acto de crueldad animal.

La iglesia desafió esta prohibición, argumentando que violaba su derecho a la libertad religiosa, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios.

El caso de los santeros cubanos llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1993, donde se dictaminó a favor de la iglesia lukumí (también se escribe lucumí), sentando un precedente importante para la protección de la libertad religiosa.

La serie cuenta con los valiosos testimonios de los protagonistas implicados en el caso: Oba Ernesto Pichardo, cofundador y presidente de la Iglesia Lukumí Babalú Ayé en Hialeah; Lázaro Cuesta, sacerdote de la religión Lukumí; Jorge Duarte, abogado del caso, Thomas Wenski, arzobispo de Miami; y Raúl Martínez, ex alcalde de Hialeah entre 1981 y 2005.

La investigación de Martí Noticias incorpora el valioso aporte de las periodistas Ileana Bravo y Aminda (Mindy) Marqués; quienes cubrieron esta disputa legal desde su desarrollo inicial hasta su triunfo en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

La victoria del caso Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah es un ejemplo de cómo las comunidades minoritarias pueden luchar por sus derechos y lograr cambios en los Estados Unidos.

Los Santos de Hialeah
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Niegan régimen de mínima severidad al joven preso del 11J Ángel Jesús Veliz Marcano

Angel Jesús Véliz Marcano y su madre, Ailex Marcano. (Facebook/Ailex Marcano Fabelo)
Angel Jesús Véliz Marcano y su madre, Ailex Marcano. (Facebook/Ailex Marcano Fabelo)

Las autoridades del penal de Kilo 9, en la provincia de Camagüey, negaron el cambio a un régimen de menor severidad al preso político cubano Ángel Jesús Veliz Marcano.

Su madre, Ailex Marcano, dijo a Martí Noticias que ni a ella ni a su hijo le han dado una explicación sobre las razones de la negativa. "Ellos siempre dicen que tiene un comportamiento adecuado, que está tranquilo", comentó.

Hace más de una semana, Veliz Marcano tuvo una visita en el penal y los oficiales quedaron en darles una respuesta pero hasta el momento no han dicho nada.

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En octubre pasado al joven también le fue negado el cambio de medida por una supuesta indisciplina.

Ángel Jesús Veliz Marcano, de 29 años, fue condenado a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.

Su madre ha denunciado en múltiples ocasiones malos tratos contra su hijo en la cárcel y negación de atención médica cuando la ha necesitado, además de amenazas por parte de los oficiales del penal.

Ailex Marcano también ha sido objeto de hostigamiento por exigir la libertad de su hijo. En varias ocasiones la policía la ha detenido y amenazado.

Esta semana también le fue negado el cambio a régimen de mínima seguridad al preso político José Alejandro Rodríguez Gelín, de 24 años.

El joven cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por cargos de instigación a delinquir y desorden público tras su participación en las protestas en Jovellanos, provincia de Matanzas.

Al cierre del mes de marzo, la organización Prioners Defenders registraba 1092 prisioneros ppolíticos y de conciencia en la isla.

Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos

Taimir García fue condenada a cinco años de privación de libertad por respaldar a un trabajador independiente en Las Tunas.
Taimir García fue condenada a cinco años de privación de libertad por respaldar a un trabajador independiente en Las Tunas.

El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.

La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.

“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".

"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.

Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.

De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.

Activistas y familiares denuncian las críticas condiciones que sufren los presos en las cárceles.
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También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.

Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.

En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.

"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.

Un total de 19.571 cubanos entraron por frontera a EEUU en marzo

En el primer semestre del actual año fiscal han llegado 126.517 cubanos a la frontera. (AP/Archivo)
En el primer semestre del actual año fiscal han llegado 126.517 cubanos a la frontera. (AP/Archivo)

Un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en marzo pasado, una ligera disminución respecto a febrero (20.815), según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU (CBP por sus siglas en inglés).

La mayoría de los migrantes, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera sur; y el resto por vía marítima.

Solo México (67.026) y Venezuela (21.367) superaron a Cuba en la entrada de migrantes en ese periodo. El éxodo masivo de ciudadanos de la isla que comenzó en diciembre de 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos, se ha mantenido imparable desde entonces.

Según CBP, en marzo llegaron 110 menores cubanos no acompañados, la menor cifra registrada desde septiembre de 2023. En los últimos seis meses, el total ha ascendido a 791.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) registró en marzo la llegada de de 19,571 cubanos a las fronteras de EEUU.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) registró en marzo la llegada de de 19,571 cubanos a las fronteras de EEUU.

"CBP continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS) para procesar rápidamente a las personas encontradas en la frontera y expulsar a aquellos que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos", recoge el comunicado.

La llegada de migrantes cubanos en el primer semestre del actual año fiscal, que comenzó en octubre pasado, alcanzó los 126.517.

Además de las detenciones en frontera, los datos de CBP recoge el número de cubanos que llegó a Estados Unidos a través del programa de parole humanitario, aprobado por Joe Biden en enero de 2023.

"Hasta finales de marzo, un total de 404.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo estos procesos", destaca el documento. En el caso de los cubanos, fueron aprobados hasta esa fecha 86.000.

“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila": activistas denuncian agresión y robo a su hijo

Unidad Territorial de Investigación Criminal y Operaciones, perteneciente a la PNR
Unidad Territorial de Investigación Criminal y Operaciones, perteneciente a la PNR

El 2024 despunta como otro año marcado por la inseguridad ciudadana y las quejas de la población por la indolencia policial ante los delitos, afirmó este miércoles a Martí Noticias la activista Marthadela Tamayo, cuyo hijo fue agredido con el propósito de robarle la mochila que portaba.

El adolescente de 16 años, Miguel Alfredo Santana Tamayo, fue amenazado con un machete, alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles, muy cerca de su casa ubicada en el Reparto Casino del municipio habanero Cerro.

“Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila. El ladrón se dio a la fuga”, relató Osvaldo Navarro, esposo de Marthadela Tamayo y padrastro del muchacho atacado.

“Nos dirigimos a la estación más cercana, la que queda en Calle Blanquita y Entrada en Casino Deportivo”, añadió.

El oficial alegó que esa unidad se había convertido en un centro de reunión de los jefes de sectores, que no registra denuncias, por lo que debían dirigirse a la 4ª. unidad del Cerro.

“La 4ª. del Cerro es bastante lejos de aquí, de la casa, aproximadamente unos 25 minutos en transporte público y en La Habana no hay transporte público”, precisó Tamayo.

La familia que acudió a las autoridades policiales a reportar el asalto, lejos de ver atendida su demanda, se sintió en peligro:

“Nosotros insistimos que al menos habría que tramitar algo referente a lo que había pasado, en una llamada o un documento, llamar a una patrulla, pero en vano. Se acaloró la discusión, fuimos maltratados. [El oficial] trató de intimidarnos con levantarnos un acta de advertencia a cada uno, incluyendo a Miguel Alfredo que, según dijo, ya tiene edad para responder ante la Ley”, aseveró Navarro.

“Todos presenciamos la dejadez con la que el [agente policial] trató el asunto y esa es la realidad de este país. Actualmente recurrir a cualquier instancia policial equivale a poca atención o casi ninguna. Los asaltos siguen en aumento y nosotros en este momento lo estamos viviendo en carne propia, aunque somos conscientes y venimos denunciando desde hace mucho tiempo toda la violencia que está presente en las calles, en los barrios, en las comunidades a lo largo y ancho de la isla”, recalcó Navarro.

No obstante, el régimen indica que “la difusión de información y noticias falsas” pretende crear una percepción de inseguridad en la población”, que no es real.

En ese sentido, la feminista subrayó: “Estoy no solo hablando como activista, estoy hablando como madre. Mi hijo fue víctima de un acto violento ocurrido en los bajos de nuestra casa, y nosotros fuimos maltratados por el policía al que acudimos buscando protección, pero que se puede esperar si dentro de una estación de policía ocurrió un feminicidio”.

En febrero de 2023, Leidy Bacallao, de 17 años, fue asesinada a machetazos en una estación de policía adonde había acudido a refugiarse en el poblado Camalote, del municipio camagüeyano Nuevitas.

Más tarde, la familia se presentó en la 4ª. unidad de la Policía, donde le tomaron declaraciones y le solicitaron a Miguel Alfredo hacer un retrato hablado porque pareciera que [el delincuente] es alguien del barrio.

“Y eso es lo que sí me preocupa, porque si es una gente de la zona se llevó la libreta de abastecimiento que identifica a uno, y eso sí me inquietaría muchísimo más”, lamentó Tamayo.

Una encuesta de la revista oficialista Bohemia reveló en noviembre de 2023 que no todos los perjudicados hacen denuncias en la policía, y que la mayoría de las reclamaciones no se han solucionado favorablemente.

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