Cuba
Human Rights Watch: Cuba continuó reprimiendo la libre expresión y el disenso en 2017
El gobierno cubano continuó reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública en 2017 y la cantidad de detenciones arbitrarias, aunque menor que el año anterior, se mantuvo alta, señala el apartado sobre Cuba del Informe Mundial 2018 de la organización.
El gobierno cubano continuó reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública en 2017, y aunque la cantidad de detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente inferior comparada con 2016, todavía fue alta, encabeza su apartado sobre Cuba la organización Human Rights Watch, en su Informe Mundial 2018 publicado este jueves.
El reporte consigna que el gobierno sigue usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos.
Destaca las detenciones arbitrarias de activistas opositores como las Damas de Blanco, Eliécer Avila y los miembros del Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos que protestaron el 26 de julio en la catedral de Santiago de Cuba, así como las de periodistas independientes como Henry Constantín y Sol García Basulto.
También toma nota del encarcelamiento, por ejercer sus derechos de libre expresión, de decenas de miembros de la Unión Patriótica de Cuba, y del doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Destaca la sobrepoblación de las prisiones y la indefensión de los reclusos, que solo pueden acudir a huelgas de hambre para reclamar sus derechos.
El informe 2018 de Human Rights Watch también expone la situación de los derechos laborales en Cuba; la amplia discrecionalidad con que el gobierno está aplicando el derecho a viajar legalizado por la reforma migratoria del 2013; la frágil situación de los defensores de los derechos humanos; y también estudia el papel de actores internacionales clave como Estados Unidos, la Unión Europea, los países latinoamericanos y los mecanismos de derechos humanos de la ONU.
A continuación, el texto completo en español:
Cuba
Eventos de 2017
El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente inferior que en 2016, pero igualmente alta, y hubo más de 3.700 señalamientos de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2017. El gobierno sigue usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos.
En junio, el Presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que revertiría la política del gobierno anterior con respecto a Cuba, al restablecer las restricciones comerciales y de viajes que se habían relajado en 2015.
Detenciones arbitrarias y encarcelamiento de corta duración
El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración aumentó de manera drástica entre 2010 y 2016, de un promedio mensual de 172 incidentes a 827, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, organización de derechos humanos independiente que no cuenta con autorización oficial y la cual es considerada ilegal por el gobierno.
La cantidad de detenciones disminuyó significativamente en 2017, con 4.537 detenciones arbitrarias reportadas entre enero y octubre, lo cual supone una reducción del 50 % respecto del mismo período en 2016.
Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que luego los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un patrón de conducta delictiva.
A menudo se realizan detenciones preventivas para evitar que personas participen en marchas pacíficas o mítines políticos. Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o incluso días. Al igual que la Comisión Cubana de Derechos Humanos, la organización Damas de Blanco —fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos— no tiene autorización oficial y, por ende, es considerada ilegal por el gobierno. Policías o agentes de seguridad del Estado siguen hostigando, maltratando y deteniendo a sus miembros antes o después de asistir a la misa de domingo.
En abril, el activista político Eliécer Ávila del grupo Somos+ fue detenido dos veces en tres días por grabar y transmitir un mensaje de protesta, luego de que las autoridades confiscaran su computadora en el aeropuerto de La Habana. La primera detención se produjo el 6 de abril, cuando llegó de Colombia. Fue liberado la mañana siguiente y regresó al aeropuerto para reclamar su computadora. Al día siguiente, sus documentos y equipos electrónicos fueron confiscados y la policía lo detuvo en su domicilio, según transcendió en los medios de comunicación. Fue liberado ese mismo día bajo fianza.
Libertad de expresión
El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero. Unos pocos periodistas y blogueros que son independientes de los medios gubernamentales logran escribir artículos para páginas web o blogs, o publicar tuits. El gobierno bloquea sistemáticamente el acceso a estos sitios web dentro de Cuba y solamente una parte de la población cubana tiene posibilidad de leer páginas web y blogs independientes, debido al acceso limitado a Internet y a su elevado costo. En septiembre de 2017, Cuba anunció que ampliaría progresivamente el servicio domiciliario de Internet a todas las provincias del país.
Los periodistas independientes que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser objeto de campañas de desprestigio y detenciones arbitrarias. Lo mismo sucede a artistas y académicos que exigen mayores libertades. Henry Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, fue detenido el 20 de febrero en el aeropuerto de Camagüey, junto con la periodista Sol García Basulto, una colega del medio La Hora de Cuba y corresponsal del sitio web de noticias independiente 14ymedio.
García Basulto fue liberada sin que se presentaran cargos en su contra. Constantín permaneció incomunicado cerca de 36 horas por haber presuntamente fomentado “propaganda enemiga”, sobre la base de información extraída de una computadora que había sido confiscada en una oportunidad en la cual fue detenido por un breve período, en noviembre de 2016. Aunque el cargo se retiró en febrero, en marzo ambos periodistas fueron acusados de ejercer el periodismo sin la correspondiente certificación, según trascendió en la prensa, y se les prohibió viajar al extranjero. Basulto quedó bajo arresto domiciliario el 24 de julio.
Los miembros del Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos José Carlos Girón Reyes, los hermanos Alberto Antonio y Leonardo Ramírez Odio y su padre Alberto de la Caridad Ramírez Baró fueron detenidos el 26 de julio tras llevar a cabo una protesta pública en reclamo de “justicia, libertad y democracia”. Los activistas manifestaron haber sido golpeados mientras estuvieron bajo custodia de las autoridades. El 2 de agosto, Girón fue puesto en libertad sin que se formularan cargos, y los otros tres quedaron encarcelados hasta el 18 de octubre.
Presos políticos
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informó sobre decenas de presos políticos —incluidos 54 miembros del grupo Unión Patriótica de Cuba— hasta mayo de 2017. El gobierno no permite que las prisiones del país sean visitadas por organizaciones de derechos humanos independientes, las cuales creen que habría más presos políticos, y cuyos casos no pueden documentar.
Los cubanos que critican al gobierno siguen expuestos a la amenaza de ser perseguidos penalmente. No se les reconocen las garantías al debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las debidas garantías por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están “subordinados” al poder ejecutivo y al legislativo, lo cual impide que exista verdadera independencia judicial.
El Dr. Eduardo Cardet Concepción, líder del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado a tres años de prisión el 20 de marzo. Fue detenido en noviembre de 2016 luego de que, en entrevistas concedidas a medios internacionales, expresara críticas contra el expresidente Fidel Castro poco después de su muerte.
El activista Jorge Cervantes García, de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido en mayo presuntamente por “desacato” y “resistencia”, apenas semanas después de haber publicado en línea algunos videos que denunciaban maltratos en una cárcel cubana y corrupción entre las autoridades del país. Luego de una huelga de hambre de 39 días, fue trasladado a un establecimiento de máxima seguridad. Cervantes fue liberado en agosto luego de permanecer 85 días retenido.
Restricciones a la posibilidad de viajar
Las reformas a las reglamentaciones sobre viajes que entraron en vigor en enero de 2013 eliminaron la necesidad de solicitar una visa de salida para viajar fuera de la isla. Anteriormente, las visas de salida se habían usado para negar el derecho a viajar a personas que tenían una postura crítica sobre el gobierno y a sus familiares. Desde entonces, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado este permiso han podido viajar, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros independientes.
Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir el derecho a viajar por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. Estas medidas han permitido que las autoridades impidan la salida de personas que expresan desacuerdo con el gobierno.
El gobierno restringe el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana. El decreto ha sido usado para hostigar a disidentes e impedir que personas de otras regiones de Cuba viajen a La Habana para asistir a reuniones.
Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, el gobierno impuso restricciones principalmente a personas que viajaban a países latinoamericanos para asistir a conferencias. En junio, la comisión registró la mayor cantidad de restricciones a la libertad de circulación en varios años: se impidió que al menos 29 personas viajaran al extranjero para asistir a conferencias internacionales y otros eventos.
Condiciones en centros de detención
Las prisiones del país están sobrepobladas. Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas, según indicaron antiguos presos políticos ya liberados. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los presos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, emprenden huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante extensos períodos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica.
Si bien el gobierno permitió que unos pocos miembros de la prensa extranjera elegidos específicamente realizaran visitas supervisadas a algunas prisiones en 2013, continúa negando que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a sus cárceles.
Derechos laborales
Aunque Cuba actualizó su Código de Trabajo en 2014, el país sigue violando convenios de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado, especialmente en materia de libertad de asociación, negociación colectiva, protección salarial y prohibición del trabajo forzado. Si bien, técnicamente, la legislación autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica Cuba sólo permite una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.
Defensores de derechos humanos
El gobierno cubano todavía se niega a reconocer la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos. Es común que autoridades gubernamentales hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos.
En septiembre de 2016, la sede de Cubalex, una organización que desde hace seis años investiga violaciones de derechos humanos y brinda asesoría legal gratuita a activistas de libertad de expresión, inmigrantes y defensores de derechos humanos, fue allanada por la policía. Los policías confiscaron expedientes, obligaron a desnudarse y palparon a cuatro hombres y una mujer y detuvieron a dos abogados, uno de los cuales todavía permanecía detenido para el momento en que se redactó el presente informe.
Actores internacionales clave
Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas en 2015, luego que Estados Unidos relajara las restricciones a los viajes y al comercio impuestas décadas antes. Sin embargo, en junio de 2017, el Presidente Trump declaró que revertiría lo acordado por el anterior gobierno.
El gobierno de EE. UU. expulsó a 15 diplomáticos cubanos de la embajada en Washington en octubre, luego que diplomáticos estadounidenses ubicados en Cuba manifestaran padecer diversas enfermedades misteriosas. En noviembre, el gobierno de EE. UU. restableció las restricciones al derecho de los estadounidenses de viajar a Cuba y realizar negocios con empresas vinculadas con las fuerzas militares y de seguridad o los servicios de inteligencia cubanos. También votó contra una resolución de la ONU que condena el embargo estadounidense sobre Cuba, revirtiendo así la anterior abstención en 2016.
Por primera vez en años, Cuba aceptó que un investigador de las Naciones Unidas visitara la isla. En abril, la Relatora Especial de la ONU sobre la trata de personas visitó Cuba e instó a que se adoptaran nuevas leyes y medidas más enérgicas contra la trata.
El experto independiente de la ONU sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional también visitó Cuba en julio de 2017, e instó a Cuba a ratificar tratados internacionales fundamentales, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus Protocolos Facultativos.
Al Secretario General de la OEA Luis Almagro se le negó el ingreso a Cuba debido a que funcionarios cubanos consideraron que el motivo de su visita constituía “una provocación inaceptable”. Estaba previsto que Almagro recibiera un premio a la democracia que lleva el nombre del opositor Oswaldo Payá, ya difunto, entregado por la organización latinoamericana Jóvenes por la Democracia. El gobierno también negó visas a la exministra chilena Mariana Aylwin, al expresidente mexicano Felipe Calderón y a miembros de Jóvenes por la Democracia.
En mayo, la Unión Europea celebró su tercer diálogo de alto nivel sobre derechos humanos con Cuba. En julio, el Parlamento Europeo aprobó el primer acuerdo con Cuba para afianzar los lazos económicos y políticos y poner fin a la “Posición Común sobre Cuba”, adoptada por la UE en 1996, que supedita la plena cooperación económica de la UE con Cuba a la transición del país hacia una democracia pluralista y al respeto de los derechos humanos. Aunque el acuerdo entró en vigencia en forma provisoria en noviembre de 2017, al momento de redactar este informe todavía no había sido aplicado plenamente por los países miembros.
En octubre de 2016, Cuba fue reelegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos durante el período 2017-2019.
(Con informacion de Human Rights Watch)
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Uruguay abre vía para legalizar a miles de inmigrantes, la mayoría cubanos
El gobierno de Uruguay permitirá que unos 20.000 migrantes, en su mayoría cubanos y dominicanos, pueda regularizar su estatus a través del "Programa de Residencias por Arraigo".
De acuerdo con Soledad Sánchez, coordinadora de la Dirección Nacional de Migración, se trata de “un nuevo tipo de residencia”, que se obtiene por arraigo laboral, trabajo por cuenta propia o arraigo familiar. El decreto contempla además una residencia temporaria renovable de arraigo para formación.
Las personas que obtengan esta nueva figura legal podrán luego tramitar la ciudadanía legal, explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, en una rueda de prensa realizada este jueves
El funcionario señaló que el decreto representa una “solución transitoria”, que también resuelve la posibilidad de reunificación familiar pero advirtió que tampoco se trata de una política para atraer migrantes.
"Por ahora no es una solución definitiva. Por lo tanto, no es 'vengan, que esto funciona automáticamente'", dijo.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou escuchó el reclamo de la sociedad civil, específicamente las comunidades de cubanos y dominicanos que piden refugio pero luego no cuentan con elementos para probar sus casos, acotó Sánchez.
Cubanos en Uruguay reaccionan a la medida
“Es una gran oportunidad para personas como yo que llevamos meses en Uruguay sin posibilidades de legalizarnos ni hacer la ruta hacia Estados Unidos”, dijo Arianne Martínez, una cubana que emigró al país en 2023 tras cruzar la selva amazónica desde Guyana.
"La mayoría de nosotros queremos estabilizarnos y ayudar a nuestra familia”, añadió.
Uruguay se ha convertido en uno de los países con más emigración cubana en la región debido a las facilidades que brinda Montevideo para que los extranjeros trabajen allí.
Muchos cubanos pagan cerca de tres mil dólares a coyotes que los llevan hacia el sur desde Guyana, uno de los pocos países que no le pide visado a los cubanos en América Latina. La mayoría pasa por Brasil de manera clandestina y otros siguen su ruta a Chile, donde también se ha asentado una importante comunidad caribeña.
Carlos Alberto Madrigal, residente en Montevideo, consideró que se trata de “una gran oportunidad” para trabajar y estudiar en Uruguay.
“Busca que las personas se regularicen y trabajen en blanco, es decir, legalmente. Ayudará a muchísimos inmigrantes”, aseguró.
Grupos de cubanos en Uruguay habían realizado manifestaciones pidiendo la regularización de sus casos. En 2022 las autoridades negaron más del 86 % de las solicitudes de asilo provenientes de migrantes de la isla.
Uruguay cerró 2023 con 24.193 solicitudes de refugio pendientes de resolución. Datos de la Comisión de Refugiados indican que hasta ahora el promedio de espera para la entrevista de los solicitantes era de dos años.
Nuevo mecanismo busca acelerar trámites migratorios para solteros en cinco ciudades de EEUU
Estados Unidos anunció el jueves un mecanismo para acelerar deportaciones de inmigrantes solteros o tramitar con mayor celeridad sus casos de asilo siempre que sean pertinentes, a través del Registro de Arribos Recientes (Recent Arrivals Docket (RA).
La medida presentada por el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, y el Fiscal General, Merrick B. Garland, está diseñada para adultos solteros que intentan cruzar irregularmente entre los puertos de entrada de la frontera sur entre México y los Estados Unidos.
El RA Docket operará en cinco ciudades: Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York, donde los jueces de inmigración intentarán emitir decisiones en un marco de 180 días, aunque el tiempo para solucionar los casos seguirá sujeto a circunstancias específicas y protecciones procesales, incluido dar tiempo a los inmigrantes a buscar representación legal cuando sea necesario.
Según han explicado en un comunicado conjunto, lo que se busca es "imponer consecuencias más rápidamente, incluida la expulsión, a quienes no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos y otorgar más rápidamente alivio o protección migratoria a los no ciudadanos con reclamos válidos".
El Departamento de Justicia también presentó al Registro Federal una norma final para promover la gestión eficiente de casos y expedientes en los procedimientos de inmigración.
"Hoy, estamos instituyendo con el Departamento de Justicia un proceso para acelerar los procedimientos de asilo para que las personas que no califican para recibir ayuda puedan ser expulsadas más rápidamente y aquellos que sí califican puedan obtener protección antes", dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.
“Esta medida administrativa no sustituye los cambios radicales y muy necesarios que el proyecto de ley bipartidista del Senado produciría, pero en ausencia de una acción del Congreso haremos todo lo que podamos para hacer cumplir la ley de la manera más efectiva y desalentar la migración irregular”, agregó el cubanoamericano.
Por su parte, el Fiscal General aseguró que "los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia están comprometidos con la aplicación justa y eficiente de las leyes de inmigración y que estas medidas promoverán esa misión al ayudar a garantizar que los casos de inmigración se resuelvan con prontitud y justicia".
La declaración reconoce que el sistema migratorio estadounidense está abrumado de casos y que muchos de los extranjeros que llegan a la frontera "a menudo esperan años antes de recibir una decisión final en un procedimiento judicial de inmigración".
Además admiten que los recursos de los que disponen son insuficientes, incluidos jueces y abogados de inmigración, algo que ha impedido la resolución rápida de las reclamaciones y han extendido la duración del proceso judicial de inmigración.
El Departamento de Justicia presentó al Registro Federal la normativa Gestión eficiente de casos y expedientes en procedimientos de inmigración, que permite a los jueces de inmigración priorizar los casos que están listos para resolverse con prontitud, promover la adjudicación eficiente, expedita y justa de casos de inmigración, asignar recursos limitados de manera más eficiente y garantizar protecciones procesales para las partes en los tribunales de inmigración.
El Departamanto de Justicia y el de Seguridad Nacional están solicitando que se designen más jueces de inmigración, oficiales de asilo, personal de apoyo, y autoridades necesarias para adjudicar más rápidamente los casos.
Casi 18 mil cubanos llegaron a la frontera de EEUU en abril
En abril, un total de 17.870 inmigrantes cubanos fueron registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
Se trata del mes con el menor número de llegadas en lo que va de año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 144.378 cubanos.
En abril de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 128.900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, la cifra representa un 6% menos que los registros de marzo de 2024 y un 30% menos que los de abril de 2023.
“Como resultado de una mayor vigilancia, los encuentros en la frontera suroeste no han ido en aumento, revirtiendo tendencias previas. Seguiremos monitoreando los patrones migratorios, los cuales cambian de manera constante”, dijo Troy Miller, comisionado en funciones de la CBP.
En abril, las autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de 41.400 personas en los cruces fronterizos con México por medio de la aplicación de citas en línea CBP One, con lo cual la cifra total de ingresos ascendió a más de 591.000 desde que se introdujo este sistema en enero de 2023.
En el caso del parole humanitario, se han beneficiado 91.000 cubanos.
Este mes la Administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
"Esta regla permitiría expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública", dijeron las autoridades estadounidenses.
La ley federal "prohíbe el asilo y la suspensión de la expulsión a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inadmisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados con el terrorismo, o para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos".
Anteriormente, la determinación de elegibilidad para el asilo se daba en una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión, pero en lo adelante, los funcionarios de asilo esto ocurrirá pocos días después de que se encuentra a una persona.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
Mientras no tenga nada para mis hijos voy a dar guerra: Testimonio de una de las madres que protestó en Marianao
Siete madres cubanas se plantaron este miércoles frente a la sede del Gobierno de Marianao, en La Habana, para reclamar soluciones a sus problemas de vivienda y alimentación.
Nidia Noriega, una de las que protestó, dijo a Martí Noticias que lleva 15 años albergada y aún espera la reparación del local que le fue asignado meses atrás.
“Yo no puedo estar sentada en un lugar pensando qué le voy a dar de comer a mis hijos. Mientras no tenga nada voy a dar tremenda guerra”, comentó la mujer, madre de cinco menores de edad. Entre las manifestantes también estaban Gintajaly Bruzon, Lizbeth Ferrer y Estanys Rodríguez, quienes enfrentan problemas similares a los suyos.
Tras casi 12 horas de espera en el portal del edificio, las mujeres fueron atendidas por un grupo de funcionarios, entre ellos la intendenta Yudeisi, el director de trabajo y representantes policiales, a quienes Noriega identifica como miembros de la Contrainteligencia Militar.
Las mujeres que acudieron a la sede del Gobierno fueron las mismas que en abril pasado se plantaron frente a la casa del gobernante Miguel Díaz-Canel con demandas similares.
"Tienen que seguir esperando porque no hay materiales ni presupuesto", respondieron en ese momento las autoridades a sus reclamos.
Poco después, fueron citadas y amenazadas con ser procesadas ante la justicia si continuaban manifestándose.
"Nos amenazaron porque quieren que cojamos miedo pero no estamos haciendo nada malo, estamos reclamando nuestros derechos", explicó Noriega a nuestra redacción.
"Nos dijeron que podían pedirnos de uno a tres años si seguíamos protestando... Nos dicen que no vayamos a más ninguna parte pero a dónde vamos a ir las madres con niños que tenemos todo este dolor por dentro... A dónde tenemos que dirigirnos nosotras, a dónde", agregó.
Martí Noticias conversó a inicios de marzo con varias de las madres que han sido amenazadas por las autoridades en los últimos meses. La mayoría teme por lo que puedan hacerle a sus hijos.
Yadiuska Domínguez, una joven de tres menores que protestó en octubre en la comunidad La Favela, en el municipio guantanamero de Maisí, se refirió a ello. “Sé que las represalias que toman aquí, el gobierno cubano, contra las mujeres que se manifiestan son medidas fuertes; lo primero que hacen es amenazarnos con quitarnos a los niños, con meternos presas y todas esas cosas y me he sentido atemorizada", explicó.
"Las mujeres con hijos nos volvemos leonas por la situación que tenemos con nuestros hijos”, comentó por su parte Yaquelín de la Caridad Rodríguez una de las que protestó frente al Ministerio de Salud Pública de Cuba en La Habana en noviembre de 2023.
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