Cuba
- Rolando Cartaya
- Iván López
Amnistía Internacional: Díaz-Canel continúa represión en Cuba
La nueva constitución cubana termina limitando los derechos que pretende proteger, señaló en entrevista EXCLUSIVA para Radio Televisión Martí la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
El nombre de Erika Guevara Rosas es familiar y esperanzador para quienes en el continente americano intentan defender sus derechos y libertades frente a los abusos de Estados avasalladores y sus agentes.
Los medios suelen buscar el comentario de Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, cada vez que en esta mitad del mundo se suscitan noticias que hunden sus raíces en la situación de los derechos humanos en la región.
Y aunque los abusos en el área se extienden mucho más allá, y tienen orígenes más profundos que los hechos noticiosos y las crisis, la abogada mexicana accedió a hablar con Radio y Televisión Martí sobre varios puntos críticos del mapa hemisférico de los derechos humanos que han estado encendiendo las alarmas.
Cuba
Ustedes han reportado recientemente que entre las formas que tiene el gobierno cubano para silenciar a sus críticos está crearles causas comunes y acusarlos por ellas. ¿Qué evidencias han tenido a través de los años para llegar a esta conclusión?
Sin duda alguna el sistema represivo del gobierno cubano se ha tenido que ir transformando y modificando al paso de los años, por un lado, por el nivel de presión internacional que existe sobre Cuba a través de los mecanismos internacionales y regionales que le exigen al gobierno una rendición de cuentas ante sus obligaciones en materia de derechos humanos; pero por otro lado, y yo diría que es lo más importante, ya se ha generado una presión interna de personas que valientemente se constituyen como defensoras de los derechos humanos, periodistas críticos y alternativos que dan visibilidad a lo que ocurre en Cuba. Y eso ha forzado a las autoridades a ir transformando su red de represión de diferentes formas.
Y lo que nosotros hemos venido documentando en los últimos años es precisamente un cambio en las formas de criminalización contra los activistas defensores de los derechos humanos, pero también contra la población en general; y una son estas detenciones arbitrarias cortas que tienen la intencionalidad de persuadir a aquellas personas que de alguna forma están manifestando oposición a las políticas de Estado o simplemente están demandando el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Pero lo que hemos visto es que aquellas personas que ocupan un liderazgo particular, o inclusive espontáneo, en la defensa de derechos humanos se convierten en enemigos del Estado, y así son tratados por esta red de represión del gobierno, ahora liderado por el presidente Díaz-Canel. Y en muchos casos hemos podido documentar situaciones de criminalización, es decir, del uso indebido de la justicia para acusar a personas, además, de delitos que constituyen todavía parte de la ley cubana, como los de peligrosidad, cuestiones tan arcaicas y tan reflectivas de esta red de represión, que inclusive afectan a las personas en su habilidad de ejercer su derecho al trabajo, la educación etcétera, porque son estigmatizadas por esta criminalización, y en muchos casos terminan pasando un período importante de tiempo en prisión.
Ustedes han dado un gran apoyo a los artistas que están protestando por el Decreto-Ley 349, que prácticamente criminaliza la actividad artística libre. El señor Díaz-Canel es el responsable porque este decreto-ley se emite ya bajo su administración. Al mismo tiempo, se están tratando de introducir en un proyecto de nueva constitución algunos principios básicos de derechos humanos. Considerando que hay un cuerpo de leyes que criminalizan derechos como la libre expresión, ¿cómo ve laperspectiva de que Cuba se transforme en ese sentido?
Primero, hablar del decreto, que yo creo que es una señal en este mismo proceso de reforma constitucional.
Este Decreto 349, que ha sido publicado en la Gaceta Oficial de Cuba y entra en vigor en diciembre del 2018, efectivamente es uno de los primeros decretos firmados por Díaz-Canel en su rol de presidente de Cuba, y en virtud de él todas las personas con actividades artísticas ─colectivos artísticos, quienes se dedican a la música─ tienen que solicitar una probación del Ministerio de Cultura previa a cualquier actividad o acción relacionada con su actividad artística.
Entonces eso es un indicador de cómo sigue habiendo una esfera de represión que va desde las prácticas, porque nosotros hemos documentado en numerosas ocasiones el hostigamiento, las detenciones arbitrarias de artistas independientes en Cuba, y como esas prácticas hoy día se están formalizando en leyes, y en este caso a través del Decreto 349, que en nuestra opinión es una ley que criminaliza, censura, limita la libertad de expresión y que además intenta controlar la expresión artística para que siempre esté destinada a promover o a generar una propaganda de las propias políticas del gobierno.
Yo creo que es importante poner en contexto que este decreto constituye una forma de acoso y de persecución en contra de la expresión artística que, finalmente, constituye parte de las libertades de expresión en cualquier país.
Entonces, en este contexto no podemos dejar de ponerlo en relieve frente a este proceso de reforma constitucional que, en nuestras lecturas preliminares de las reformas propuestas, a primera vista pareciera que busca fortalecer protecciones en materia de derechos humanos. Pero que cuando uno ya empieza a mirar de manera más detallada y empieza a ver el lenguaje que se utiliza en términos de lo que se promueve proteger, encontramos que termina por un lado buscando la protección de derechos, pero por otro lado también limitarlos.
Y le voy a poner un ejemplo muy específico: por un lado la nueva constitución propone que los convenios internacionales ratificados por Cuba serán integrados en las leyes nacionales; y mientras Cuba todavía no ha ratificado una serie de convenciones importantísimas ─es cierto que sí ha ratificado convenciones como aquellas relacionadas con la violencia contra la mujer e inclusive otras para prevenir y responder a la tortura─ cuando uno lee bien el texto, y su naturaleza y espíritu, dice claramente, en la misma oración, cuando afirma que van a integrarlos a la ley local, que la constitución revisará que estas provisiones de las convenciones internacionales estén “domesticadas”, esto quiere decir, que estén en acuerdo a las provisiones de la ley nacional.
Quiere decir que tomarán en cuenta las convenciones pero tendrán que ser “tropicalizadas” en un contexto en que estén en línea con las propias leyes nacionales de Cuba. Y eso ya de por sí contraviene las obligaciones internacionales de Cuba, de que una vez que se ha ratificado un convenio, este tiene que ser parte integral de la legislación y en muchos casos es una legislación “supra”, lo que quiere decir que está por encima de las leyes locales.
Y así lo vamos leyendo en el texto: por un lado habla de protección de derechos, pero por otro lado, en la misma oración, termina limitando esos derechos y mantiene serias limitaciones a la libertad de expresión, uno de los derechos fundamentales que, además abre un proceso para la exigencia y el ejercicio de otros derechos fundamentales.
Recientemente, en la conclusión del Examen Periódico Universal de Cuba en Ginebra, su representante, Marianne Lilljenberg, reiteró el llamado a las autoridades cubanas a que permitan a Amnistía Internacional entrar en Cuba; y el Embajador de Cuba finalmente respondió: no le van a permitir hacerlo. ¿De qué manera cree que afecta la percepción internacional sobre Cuba esta negativa constante a permitir entrar a organizaciones internacionales e incluso a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas?
Primero, decir, que la respuesta del gobierno cubano ante las recomendaciones durante la Evaluación Periódica Universal es un indicador de la continuidad de esta nueva administración frente a todos los actos y políticas anteriores. Lamentablemente, no fue sorpresa escuchar en las palabras del embajador ante Naciones Unidas que Amnistía no es bienvenida en Cuba, siendo el único país en las Américas donde no tenemos acceso. Hemos pedido reiteradamente el acceso de la organización al país, para poder monitorear el pleno respeto de las obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos del gobierno, y nunca nos habían contestado. Así que finalmente hemos tenido una respuesta.
Pero, más importante que el acceso de Amnistía Internacional, nosotros hemos recomendado al gobierno en múltiples ocasiones, a través de las revisiones periódicas universales u otros mecanismos de Naciones Unidas o regionales, que se permita el ingreso de los monitores internacionales, es decir, de los expertos independientes, de los diferentes entes y procedimientos que existen a nivel internacional y a nivel regional precisamente para el monitoreo y la protección de derechos fundamentales. Y lamentablemente, el embajador ha dado asimismo respuesta y ha dicho que no aceptará esa recomendación. Yo creo que efectivamente esto constituye no sólo seguir marcando el aislamiento del país ante la comunidad internacional sino que también aísla a la población de la posibilidad de acceder a otros mecanismos regionales e internacionales para exigir del Estado la rendición de cuentas y, sobre todo, el pleno respeto a los derechos humanos. La imagen que deja Cuba es la imagen que siempre ha dejado ante estos mecanismos y estos espacios y foros internacionales, una imagen de cierre total, de hermetismo, y una imagen que inclusive uno podría calificar de encubrimiento de las violaciones de derechos humanos que puedan estar ocurriendo en el país.
México
El relator de la ONU dijo que había tortura generalizada en el país. ¿Ese sigue siendo el caso en México? ¿Se ha hecho algo para tratar de bajar esos niveles?
Efectivamente, sobre la tortura, que es una práctica generalizada en todo el país, con múltiples denuncias a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también de las comisiones estatales, denuncias que en muy pocos casos son investigadas por las autoridades, nosotros en Amnistía Internacional hemos hecho investigación en los últimos años.
El último informe que sacamos fue sobre la tortura sexual. Entrevistamos a cien mujeres que se encuentran encarceladas, y pudimos documentar casos de tortura en el momento de la detención. Estas mujeres están presas con la única evidencia de su testimonio, de su confesión, que fue sacada bajo tortura: tortura sexual, violencia sexual de muchos tipos, pero sobre todo violaciones que muchas veces son multitudinarias, hechas por agentes del Ejército o de la Policía Federal o estatal.
El propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recientemente ha publicado un informe donde se documentan casos de tortura a las personas que se encuentran acusadas y detenidas, donde se señala que esa tendencia a obtener testimonios y confesiones a través de la tortura se ha convertido en una práctica normalizada por las autoridades precisamente porque hay una total impunidad, no se investigan las denuncias, pero cuando se investigan, son nulos los casos en los que se ha traído a los perpetradores ente la Justicia.
Venezuela
Por último, sobre Venezuela: recientemente en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, cinco gobiernos latinoamericanos y Canadá pidieron al Tribunal Penal Internacional que inicie una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad del gobierno de Nicolás Maduro ¿Qué significado tiene esto y qué perspectivas le ve a que progrese esa petición?
Sin duda alguna Venezuela está enfrentando una gravísima crisis en materia de derechos humanos, las personas allí están enfrentando un contexto de masivas violaciones de derechos humanos en todo sentido: se violan desde los derechos políticos y civiles, con una serie de detenciones arbitrarias por motivos políticos, ya sean líderes de oposición, o también personas que se ven enfrentadas a la criminalización por simplemente oponerse a políticas de manera pública a través de redes sociales.
Pero también se están violentando los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población. Hay una crisis humanitaria, una crisis dramática de violaciones a estos derechos, por información inclusive oficial, de los últimos años, en donde se expone información con respecto a la salud que del 2015 al 2016 se habla de un aumento en la mortalidad materna del 65 %, y de la mortalidad infantil, de más de un 30 %. Estos ya son indicadores gravísimos de la situación.
Hemos visto las imágenes dramáticas del flujo masivo de personas saliendo de Venezuela en busca de protección internacional hacia países vecinos. Solo en Colombia ya se calcula que hay 1,2 millones de personas, desde Venezuela, en necesidad de protección internacional; y todos los demás países suramericanos donde están buscando esa protección, que hoy día llega según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados a 2,3 millones de personas en los últimos cuatro años, pero hay referencias de organizaciones locales de derechos humanos que hablan de más de cuatro millones de personas en los últimos cinco años. Estamos hablando de una de las mayores y más graves crisis de refugiados, y de graves y masivas violaciones de los derechos humanos.
Y por supuesto que la Corte Penal Internacional es un espacio que de alguna manera ofrece a la población, sobre todo la venezolana, la esperanza de que pueda haber investigaciones serias sobre estas violaciones a los derechos humanos y que se puedan encontrar responsabilidades penales individuales de los líderes, incluido el presidente Maduro, frente a estas graves atrocidades cometidas en contra de la población.
Ya la fiscalía de la Corte Penal Internacional había abierto una examinación preliminar, antes de la presentación de la denuncia por estos países, y esperamos que la Corte pueda determinar, de manera urgente y lo más pronto posible, si tiene competencia para la investigación, y conocer de estas graves violaciones de derechos humanos y de los crímenes bajo el derecho internacional que se están cometiendo en Venezuela.
Vea todas las noticias de hoy
"Duras y desproporcionadas", así califica la Unión Europea las sentencias a manifestantes de Nuevitas
La Unión Europea expresó preocupación por las "duras y desproporcionadas" sentencias de esta semana en relación con las protestas populares que tuvieron lugar el 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey.
La declaración del bloque europeo proviene de Peter Stano, principal portavoz de la Oficina del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell.
Refiriéndose a los 14 manifestantes condenados con penas de cárcel de hasta 15 años, en el caso de la joven Mayelín Rodríguez Prado, quien divulgó la represión contra los manifestantes, la Unión Europea recordó que "en el marco de su política de diálogo constructivo, pero crítico, siguen instando a las autoridades cubanas a asegurar el respeto de los derechos humanos".
Además de la condena a Rodríguez Prado, se conoció una sentencia de 14 años de cárcel para José Armando Torrente; 13 años de prisión para Ediolvis Marín Mora y Jimmy Jhonson Agosto; y 11 años de cárcel para Lisdan Cabrera Batista.
Daiver Leyva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Menkel De Jesús Menéndez Vargas, Frank Alberto Carrión Suárez, Frai Pascual Claro Valladares y Lázaro Alejandro Pérez Agosto fueron condenados a diez años de privación de libertad.
Yennis Artola Del Sol fue sancionada a ocho años, Wilker Álvarez Ramírez a cuatro, y Yanelis Valladares Jaime fue absuelta por insuficiencia de pruebas.
Los supuestos delitos por los que fueron encontrados culpables van desde sedición, sabotaje, propaganda enemiga de carácter continuado, actos contra la Seguridad del Estado, atentado y resistencia, hasta encubrimiento.
El gobierno estadounidense calificó este martes de indignantes las duras sentencias contra los manifestantes de Nuevitas, Camagüey, en 2022.
"La dura sentencia esta semana de hasta 15 años de prisión para los cubanos que se reunieron pacíficamente en Nuevitas en 2022 es indignante", expresó en su cuenta de X el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols.
Numerosas agrupaciones de la sociedad civil cubana y varios grupos de derechos humanos condenaron el castigo a los manifestantes y exigieron que se respete el derecho a la protesta.
El grupo de asesoría legal Cubalex, denunció que estas altas condenas y los delitos imputados a los manifestantes reflejan "una aplicación extremadamente severa de la ley", lo que puede interpretarse como un intento de disuadir a la ciudadanía de ejercer su derecho a la protesta contra personas que simplemente buscan garantizar sus derechos y necesidades básicas.
"Las protestas populares en Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto de 2022 y fueron motivadas por exigencias legítimas de mejoras en las condiciones de vida, ante los prolongados apagones de hasta 18 horas diarias. La respuesta del gobierno demuestra una falta de disposición para abordar de manera constructiva las preocupaciones reales de los ciudadanos. El juicio, que fue suspendido en dos ocasiones, se celebró finalmente el 16 de enero de 2024 bajo una fuerte presencia militar y un gran despliegue policial", recordó la entidad.
"Estas sentencias podrían actuar como un factor disuasivo en la sociedad cubana, desalentando futuras manifestaciones y limitando la capacidad de los ciudadanos de abogar pacífica y legalmente por cambios o mejoras. Además, evidencian cómo la ley es empleada como un instrumento de represión política para silenciar la disidencia y suprimir cualquier crítica hacia el gobierno", concluyó Cubalex.
"Cuba mantuvo un marco legal opresivo para restringir la actividad religiosa", alerta presidente de la USCIRF
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos, USCIRF, recomendó mantener a Cuba en la Lista de Países de Especial Preocupación, en la que se incluyen naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de la libertad religiosa.
Martí Noticias habló con el presidente de la Comisión, Abraham Cooper, quien también es decano Adjunto y director de Acción Social Global del Centro Simon Wiesenthal, una importante organización judía de derechos humanos, a propósito del reporte anual de USCIRF.
El comisionado explicó que cuando se habla de Países de Especial Preocupación, significa que los gobiernos están involucrados o toleran violaciones religiosas graves de manera sistemática, continua y flagrante y que cuando se trata de libertad religiosa eso encaja con la situación en Cuba.
“Este es un informe sobre las condiciones de libertad religiosa en 2023. Las condiciones en ese país fueron extremadamente pobres. El gobierno cubano mantuvo un marco legal opresivo que restringió severamente la actividad religiosa pacífica, acosó regularmente a líderes religiosos y devotos, y continuó encarcelando injustamente a individuos por su actividad religiosa pacífica”, detalló.
Todo ello, dijo, podría ser un "desencadenante para sanciones específicas”.
“Así que no es sólo una brújula moral, es un intento de resaltar y llamar la atención a los ciudadanos de nuestro país y también a nuestro poder ejecutivo y legislativo, hacia lo que está sucediendo en Cuba, que no debe ser olvidado, pero también tiene un aspecto práctico, y son las posibles sanciones”, expresó.
El comisionado especificó que “el objetivo real no es castigar a las personas en Cuba” sino “hacer que el gobierno reevalúe su enfoque cuando se trata del tema de la práctica y libertad religiosa”.
“Tuve el honor y la oportunidad de visitar Cuba hace varios años en términos por mi trabajo en el Centro Simon Wiesenthal y Memorial del Holocausto. Fue una experiencia increíble, también como rabino y judío. La idea es tratar de mover la aguja en la dirección opuesta lo que significa tener la esperanza de que el próximo año, el próximo grupo de Comisionados, señale mayores oportunidades y un ambiente más relajado cuando se trata del tema de la libertad religiosa”, comentó.
Añadió que cuando, como estadounidenses, “hablamos de libertad religiosa también estamos, en cierto sentido, mirando los derechos humanos a través del prisma de un valor fundamental, que es la libertad de rezar y de reunirse para orar como grupos e individuos”.
“No es sorprendente que en sociedades que están fuertemente controladas desde arriba, muy a menudo las personas de fé son, en cierto sentido, automáticamente objetivos de discriminación y peor, por parte de los gobiernos", detalló.
"El trabajo de USCIRF en Cuba y en muchos otros lugares del mundo es tratar de centrarse en las reglas, leyes y estructuras que obstaculizan la verdadera libertad religiosa, y tratar de animar al Departamento de Estado de Estados Unidos, sea cual sea la administración, para que cuando sea necesario, imponga sanciones a países pero no como castigo, sino para influir”, concluyó.
- Amado Gil
Periodismo independiente estremece la censura de los medios estatales en Cuba
La prensa independiente en Cuba ha desempeñado un papel crucial en la difusión de información y en la apertura de debates sobre temas que tradicionalmente han sido considerados tabú por la prensa gubernamental, y única permitida en el país.
La prensa independiente se ha convertido hace ya algún tiempo en una voz alternativa que desafía la narrativa oficial.
Desde La Habana, el periodista independiente Boris González Arena fue contundente al afirmar que la prensa independiente forzó un cambio en los medios oficiales.
"La prensa independiente ha obligado a la prensa oficial, en ocasiones, a ser prensa. O sea, mientras no existía la prensa independiente o no tenía el alcance necesario, lo que eran los medios de difusión del comunismo no hacían periodismo".
Miriam Leiva, una de las fundadoras de la ya desaparecida Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling, destacó que la prensa gubernamental es la que ha tenido que moverse ante el impacto del periodismo libre e independiente.
"Esto lo demuestra todos los programas, por ejemplo, de televisión, que han creado, o de radio, tratando de desvirtuar las informaciones, y a las personas que integramos la prensa independiente, porque el gobierno no ha tenido forma de acallarla, destruirla", dijo la comunicadora.
Leiva subrayó que uno de los objetivos de la prensa independiente es informar al pueblo cubano para que pueda pensar por sí mismo.
Hay muchos ejemplos que demuestran la presión en materia informativa que ha puesto el periodismo independiente sobre la prensa del régimen, pero hay uno, que lo ilustra muy bien, dijo Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14ymedio.
"Tengo dos ejemplos que me gustan mucho. Uno es la muerte de Pedro Luis Boitel. Muchas personas se enterraron de que Pedro Luis Boitel había muerto en una huelga de hambre en la cárcel cuando apareció Radio Martí. Antes, nadie sabía eso, porque no había manera de darlo a conocer", señaló Escobar.
Puso también como ejemplo el caso de Orlando Zapata Tamayo.
"Cuando Orlando Zapata Tamayo muere en un hospital después de haber estado en una prolongadísima huelga de hambre, la prensa oficial se vio obligada a hablar del asunto", dijo el periodista. Escobar recordó que una de las primeras etiquetas en Twitter (actualmente X) vinculada con estos hechos, OZT, "en febrero del mismo año en que falleció Zapata ya estaba circulando".
El jefe de redacción de 14ymedio añadió que antes de cobrar fuerza el trabajo de los medios independientes, temas como los "feminicidios, los accidentes, los incendios, los derrumbes", entre otros, no eran cubiertos por los medios estatales. La prensa oficial, simplemente, "miraba para otra parte", concluyó.
En general, el periodismo en países democráticos, juega un papel importante en la sociedad, ya que ayuda a garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios gubernamentales y promueve la diversidad de opiniones.
A la prensa se le considera el "Cuarto poder" en referencia al gran poder o influencia en los asuntos sociales y políticos de un país.
Cuba y el reto de hacer periodismo libre
La libertad de prensa constituye uno de los pilares de la democracia por eso el régimen cubano pone todo su empeño en coartarla a través de sus aparatos represivos y del propio sistema legislativo y judicial coincidieron, en declaraciones a Martí Noticias periodistas independientes y un directivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Por más de 60 años la libre comunicación de ideas y opinión ha sido restringida en la Isla y perseguidos los periodistas y medios de prensa independientes: decenas de comunicadores han sido encarcelados. Uno de los más recientes Lázaro Yuri Valle Roca sentenciado a 5 años de privación de libertad por Propaganda enemiga y Resistencia.
“Lázaro fue llevado a prisión mientras cubría un evento de activistas donde exigían nuestros derechos y libertad. Fue arbitrariamente llevado a prisión. Ejercer el periodismo en Cuba implica un riesgo inminente porque tenemos la vida expuesta a la muerte y expuesta nuestra libertad”, dijo su esposa, la reportera Eralidis Frómeta.
Pero no solo la cárcel los agobia: el acoso, la vigilancia, la limitación de movimientos y las amenazas de la Seguridad del Estado forman parte del diario transcurrir de los periodistas independientes cubanos: el camagüeyano José Luis Tan Estrada ha sido un objetivo frecuente de los ataques de la policía política. Antes de su detención el 26 de abril, relató a nuestra redacción los motivos por los que fue multado el 17 del mismo mes:
En la 3ª unidad de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) de la ciudad de Camagüey, los agentes del Estado llevaron a una inspectora del monopolio estatal de las comunicaciones ETECSA para que multara con 3000 pesos al reportero: “Me enseñó esa carpeta llena de hojas impresas con publicaciones mías tanto en Facebook como en Twitter [X], además de ‘likes’ a memes, comentarios, ‘likes’ a otras publicaciones, memes compartidos e, incluso, publicaciones del año pasado y, según expresó la inspectora, ‘le estaba dando ‘like’ a cosas graciosas contra los dirigentes”.
Camila Acosta, corresponsal del periódico español ABC en Cuba y del medio Cubanet, todavía vive en La Habana, pero asegura que ha sido víctima de varios patrones represivos.
“La represión del régimen ha tenido varios patrones y comenzó desde el mismo momento en que inicié mi labor como periodista independiente y estas expresiones de la represión han sido tanto físicas como psicológicas. Físicas, con el uso de violencia en el momento de las detenciones arbitrarias, de los secuestros, porque se trata realmente de secuestros, porque no media ninguna orden judicial, ninguna justificación. En una ocasión me desnudaron en una estación policial. La represión psicológica se ha traducido en interrogatorios intensos, continuos, amenazas”, afirmó.
Acosta ha sido expulsada de viviendas que rentaba cuando los dueños fueron presionados por miembros de la policía política: “Me dejaban en la calle”.
“A mi papá y a mi mamá en el aeropuerto, cuando han venido a visitarme [desde Isla de Pinos], los han metido en cuartos de interrogatorio para forzarlos a que me obliguen a dejar el periodismo independiente o irme del país. Han tratado de crear conflictos con mi pareja, con mis amigos, a los que han amenazado por su relación conmigo”, detalló.
Tras el 11 de julio de 2021, la periodista, que salió a cubrir las protestas, estuvo en desaparición forzada durante 48 horas y detenida por cuatro días “amenazaban con procesarme por delitos contra la Seguridad del Estado que llevan hasta 30 años de prisión, cadena perpetua, incluso la pena de muerte”.
Más adelante, el proceso que le habían iniciado por desórdenes públicos fue disuelto, aunque Acosta estuvo, durante varios meses, bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria.
“Se trata de aplastarnos, de invisibilizarnos, de desacreditar nuestro trabajo y también impedir que lo hagamos”, recalcó.
Frente a la represión, muchos comunicadores se han visto obligados a emigrar, como la periodista, por ocho años, del diario digital 14ymedio, Luz Escobar, quien se exilió en España a finales de 2022.
“El acoso no se limitó a mí y a mi entorno cercano de adultos, sino que empezó a afectar a mis hijas, directamente, en los últimos meses. Antes de yo salir de Cuba, la Seguridad del Estado me hizo citaciones, no para la oficina de la policía o para la oficina de inmigración donde me hacían los interrogatorios normalmente, sino que me citaban para la Sección de Menores [del Ministerio del Interior] y ahí varias oficiales se dedicaron a intimidarme conque mis hijas podían ir a parar a la cárcel. Ya no era la vieja amenaza de que era yo quien podía ir a prisión”, señaló.
La reportera tenía, además, una prohibición de salida del país, pero la Seguridad del Estado le permitió viajar a Madrid a recoger el Premio Internacional de Periodismo del diario español El Mundo.
“Pero yo sigo con una prohibición de salida de Cuba y si vuelvo a la Isla voy a seguir viviendo las mismas amenazas contra mí y mi familia”, subrayó Escobar.
Agregó que el entorno represivo contra los periodistas impide el ejercicio de la profesión debido a la vigilancia y las retenciones domiciliarias, las detenciones, los cortes de Internet.
“Todo esto genera un clima hostil, más allá del contexto particular de la dictadura que no permite la libertad de expresión, que no permite el acceso a fuentes oficiales, que no es transparente en el dominio de su agenda pública ni de sus inversiones en la vida pública”, opinó la reportera.
En este sentido, el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Carlos Lauría, indicó que “la situación de libertad de prensa y expresión en Cuba sigue siendo grave”, y se daña, cada vez más “a partir de la imposición aceitada del mecanismo represivo mediante el uso arbitrario de los tribunales y las leyes, el control de los poderes públicos y el monopolio de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación”.
La ausencia de la libre comunicación de ideas y opinión, limita la capacidad de los ciudadanos para formar un criterio y trasmitirlo a los que están en el poder que usan el sistema judicial para amordazar la crítica y que salgan a la luz la ineficiencia estatal y la corrupción.
“Tal como reveló el informe semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, en medio de una crisis económica grave que se deteriora, los periodistas que aún continúan trabajando son sometidos a todo tipo de acoso y son vigilados. Aún permanecen en prisión más de 1000 personas por ejercer las protestas en la calle y hay periodistas encarcelados, como el caso de Lázaro Yuri Valle Roca, que está con graves problemas de salud y encarcelado por su trabajo periodístico desde mediados de 2021”, denunció Lauría.
En su 79ª Asamblea General, celebrada en México en noviembre de 2023, la SIP advirtió que, en cuanto a libertad de prensa, “los países más golpeados de la región fueron otra vez las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela”.
La censura es parte de la política oficial en Cuba, afirman periodistas
Bregamos entre la represión y el éxodo para poder hacer nuestra labor, dijo a Martí Noticias desde La Habana, la filóloga y periodista cubana Yoani Sánchez, directora del diario independiente 14ymedio, con motivo de la celebración, este 3 de mayo, del Día Mundial de la libertad de prensa.
"A través de mecanismos como la propia Universidad de Ciencias Informáticas, la creación de soldados virtuales y la experiencia que han bebido de países represivos también en esa esfera, como son China y Rusia, han aceitado, un entramado de una verdadera industria de la censura virtual, que ha tenido un costo bastante alto para los cubanos”, dijo Sánchez, autora del blog “Generación Y” y del podcast “Cafecito Informativo”.
“También en este día de la libertad de prensa hay que decir que ahora mismo, además de esa censura, el principal problema que golpea a los medios independientes en Cuba es el éxodo de sus potenciales colaboradores, reporteros y editores”, afirmó.
Por su parte, el recién excarcelado comunicador independiente Carlos Michael Morales aseguró que la censura es parte de la política oficial en Cuba.
"La libertad de prensa, la libertad de expresión, es penalizada, y los periodistas independientes cubanos sufrimos de hostigamiento, asedio, represión…, que va desde el arresto arbitrario hasta el encarcelamiento".
Morales fue liberado en marzo tras cumplir una condena de 2 años y 10 meses de privación de libertad por reportar lo que acontecía en Caibarién, localidad donde reside, en la provincia de Villa Clara, el 11 de julio de 2021, como parte del levantamiento popular que tuvo lugar en Cuba ese día.
"Me amenazaron con que, si yo seguía ejerciendo el periodismo independiente, sería encarcelado nuevamente, y de hecho, a tan solo días después de mi liberación he sido víctima de asedio, de persecución".
Hasta 3,000 pesos han tenido que pagar periodistas independientes en Cuba tras ser multados bajo el decreto ley 370, el cual restringe la libertad de expresión en las redes sociales. Enfrentan también cortes de su servicio de internet cuando en la isla han tenido lugar protestas populares.
El periodista Yeris Curbelo ha sido multado en dos ocasiones bajo el Decreto ley 370.
Los comunicadores independientes también enfrentan el “decomiso de medios, golpizas, detenciones, actos de repudio", dijo a nuestra redacción.
Curbelo ha sido amenazado por la policía política por el seguimiento periodístico que dio a los procesos judiciales contra 5 personas detenidas por participar en la protesta popular que tuvo lugar en Caimanera, Guantánamo, localidad donde reside, en mayo de 2023.
"Informar no es un delito, la libertad de expresión es un derecho", manifestó.
Foro